Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, se convirtió en un ícono para la extrema derecha latinoamericana luego de que en 2020 ingresara a la Asamblea Legislativa de su país acompañado de militares fuertemente armados. Además, entre 2023 y 2024 utilizó un artilugio legal para postularse por segunda vez seguida a la Presidencia de la República.
Las razones que esgrimió, luego del primer caso, orbitaban alrededor de la aprobación y financiamiento de 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial, con el que buscaba aumentar la acción punitiva como método para eliminar las bandas armadas que azotaban a El Salvador.
De este plan proviene la conocida implementación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al que han sido trasladados 238 venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump. En el establecimiento con capacidad para 40 mil presos permanecían 14 mil 500 hasta agosto pasado. La mayoría ha sido detenida "de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de la violencia", según organizaciones de derechos humanos.
Hoy El Salvador es el país que posee la mayor tasa de población carcelaria del mundo y un hacinamiento de, al menos, 130%. Tampoco es secreto que la tortura es ley en los centros de reclusión donde está 1,6% de la población salvadoreña luego de haber triplicado el número de presos. El país centroamericano pasó de presentar una de las mayores tasas de homicidios en el mundo a ser el más seguro, según la narrativa del presidente centroamericano.
Sin embargo, el gobierno estadounidense, con Biden a la cabeza, suavizó acusaciones contra el gobierno de Bukele en 2023. Esto a pesar de que un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado detalló miles de detenciones ilegales, vigilancia a opositores y periodistas, allanamientos sin orden judicial, presos políticos, juicios online masivos en los que los acusados no pueden hablar con sus abogados, reos asesinados a golpes por guardias, prisioneras embarazadas que sufren abortos por falta de atención médica y bebés que mueren en la cárcel.
¿Cómo ser mimado por la Casa Blanca?
Su ascenso político consistió en un fortalecimiento de su imagen mediante las redes sociales y un discurso pretendidamente innovador que anuló las ya existentes denuncias de corrupción, nepotismo, misoginia y abuso de autoridad de su gestión como alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador.
El declive de una clase política minada de vicios y estancada en viejas tensiones de la guerra civil fue el caldo de cultivo para que emergiera como figura joven y sus sesgos autoritarios parecieran más una promesa que una amenaza.
Mimado por la mediática transnacional como el primer presidente millenial de la región, ha implementado estrategias basadas en nuevas tecnologías, no solo en lo comunicacional sino en lo económico-financiero. De allí que su más reciente maniobra tenga que ver con el retiro del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador luego de cuatro años de su uso bajo esa figura.
Un préstamo de 1 400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) "para equilibrar las finanzas" fue el motivo por el cual la Asamblea Legislativa, a pedido de Bukele, aprobó una reforma a la "Ley Bitcoin". Esta modificación eliminó la obligatoriedad de aceptar la criptomoneda como medio de pago y prohibió su uso para el pago de impuestos.
El organismo, ariete del ordenamiento neoliberal de las economías globales, puso como condición "mitigar los riesgos" de la criptomoneda que, además, no logró una aceptación generalizada entre la población salvadoreña. Para el fondo, los posibles usos ilícitos de este activo digital amenazan la estabilidad financiera del país y la protección al consumidor.
Con la decisión Bukele se alinea con las élites financieras globales y deja a un lado uno de sus puntos de honor. Un análisis desde Estados Unidos calificó de "extremadamente improbable" que la administración de Joe Biden —que ya estaba descontenta con el gobierno de El Salvador— ignorara el hecho de que un país latinoamericano, que tiene mucha deuda, comience a usar el dólar estadounidense menos que antes; y así fue.
El FMI, que no tardó en reaccionar ante la implementación de la criptomoneda como mecanismo de intercambio por parte de Bukele, ha sido cauto con Trump, quien le está dando protagonismo especial y se encamina a incorporarla a la reserva estratégica de su país.
No parece ser el momento apropiado para que Bukele se manifieste ante otra muestra de la ley del embudo global, dado que su agenda actual se basa en ser mimado también en la Casa Blanca.
El negocio del SHOCK carcelario
La securitización de la migración es una política atractiva para Trump, a quien no le alcanzan los recursos cognitivos ni doctrinarios para analizar las causas estructurales que generan este fenómeno. Por ello, las políticas punitivas de Bukele le calzan como anillo al dedo y la coincidencia se convierte en un buen negocio.
El presidente salvadoreño prefiere dar una vuelta de tuerca neoliberal a la economía de su país, vía ajuste FMI, antes que afectar con impuestos la acumulación de las clases pudientes de su país. Desde el inicio de su primera gestión desató una ola de despidos masivos y criminalización de los trabajadores del sector público con el pretexto de "arrancar la corrupción desde la raíz".
Impulsado por su visión dogmática, disolvió muchas agencias del gobierno, incluidas las responsables de la inclusión social, participación ciudadana, gobernabilidad y transparencia. Sin embargo, insiste en que para sus compatriotas la migración debería ser "una opción y no una obligación".
La recepción de los 238 venezolanos deportados fue explicada por Bukele en términos financieros. Afirmó que estos "ayudarán a que nuestro sistema penitenciario sea autosustentable. Al día de hoy, cuesta 200 millones de dólares al año". Distintos análisis destacan que la permanencia de un recluso en el Cecot es menos costosa que en Estados Unidos.
Sin embargo, para convertir a El Salvador en un "Estado carcelario" se ha valido de la excepcionalidad y la discrecionalidad como régimen. Esto, combinado con un incremento permanente del presupuesto en seguridad y defensa, se convierte en el sustrato perfecto para la corrupción. Al mejor estilo de la "doctrina del shock", aprovecha la crisis para obtener ventajas políticas y financieras.
En el primer año y medio del régimen de excepción decretado por Bukele, más de 200 personas murieron en prisión sin que hubiera indicios de reparación a las víctimas inocentes por los daños. A finales de 2024 la cifra ya era 349 sin que los organismos del Estado mostraran voluntad de corregir las causas estructurales de estas pérdidas. Mucho menos sanciones ni bloqueos de parte del "orden basado en reglas" que buscaran aleccionar al gobierno salvadoreño.
El fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, dijo en diciembre pasado que siguen investigando las muertes ocurridas en las cárceles, aunque en junio de 2023 había dicho que archivó 142 muertes porque "no había delito que perseguir".
El gobierno de Bukele mantiene tres funcionarios sancionados por Estados Unidos a causa de distintas acusaciones, entre las que figura la de negociar con líderes de las pandillas. De hecho, junto a los venezolanos deportados, fueron extraditados a El Salvador algunos de ellos y es posible que haya sido parte de la negociación entre ambos gobiernos, dada su insistencia en que no fueran extraditados cuando Washington los solicitó.
En septiembre de 2020 se supo, mediante un caso denominado "Catedral", que funcionarios del gobierno llevaban un año negociando con la Mara Salvatrucha-13; la comisión a cargo de la investigación fue posteriormente desmantelada por Delgado. Otras maras, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, también aparecen en una trama en la que los mencionados funcionarios ingresaban a las cárceles para establecer acuerdos con las pandillas.
Lo descrito no es nuevo en El Salvador; una cronología publicada por El Faro describe que dicho método data de, al menos, 2012 y que formó parte de "lo viejo" que es rechazado por el mandatario en sus discursos.
Ficha de un juego peligroso
El método Bukele para ser mimado en la Casa Blanca consiste en la antipolítica como instrumento. Además de aplicar mecanismos neoliberales para convertir el Estado en una agencia de negocios a favor de los intereses geoeconómicos de las élites financieras, se ha convertido en una ficha a favor del control y la coerción por parte de Estados Unidos a los gobiernos que no estén alineados con su visión supremacista.
Persiste la utilización del "terrorismo" como excusa para la injerencia aunque, como en el caso del Estado Islámico, las bandas armadas son instrumentos para ejercer el poder en regiones objetivo de saqueo y posicionamiento geoestratégico.
La narrativa sobre el Tren de Aragua es otro de esos casos: se trata de un dispositivo con el cual se amenaza a Venezuela a través de medias verdades y movimientos escandalosos e ilegales, como la reciente deportación. Puede ser que la ruta trazada por Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, consistiría en incorporar nuestro país en una lista de Estados patrocinadores de terrorismo para "legalizar" cualquier tipo de acción armada y atacar "la raíz" de la amenaza.
Si bien esto último es solo un escenario hipotético, el hecho es que Bukele entra en el círculo congraciado de la geopolítica marca Trump, con el renacimiento de la Doctrina Monroe, y en este caso colocando a El Salvador en la órbita de colonia penitenciaria de Estados Unidos y de países adeudados con las instituciones internacionales que impulsan el dolarcentrismo como dogma financiero.