La arquitectura de seguridad hemisférica experimenta un paso más hacia el dominio que Estados Unidos se ha planteado en su Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (ESN 2025) y su Estrategia de Defensa Nacional 2026 (EDN 2026). Se trata del "Escudo de las Américas", una coalición que promete articular recursos militares, de inteligencia y económicos bajo una lógica de disuasión integrada y selectividad estratégica. Lejos de generar una respuesta coordinada, profundiza la fragmentación del combate contra el crimen organizado transnacional y privilegia la lealtad ideológica sobre la eficacia operativa real.
El efectismo de las armas y muertes es un velo que esconde los problemas estructurales. Mientras países como Haití enfrentan una crisis social con al menos 1 243 muertes entre marzo de 2025 y enero de 2026 por ataques con drones armados en operaciones policiales —según Human Rights Watch—, la alianza omite abordar las raíces estructurales del fenómeno: el flujo ilícito de armamento desde proveedores legales y la corrupción estatal que facilita su desvío.
Dependencia, asimetría y fragmentación
Los países que conforman la unión acceden a tecnologías de vigilancia, sistemas de rastreo balístico y equipamiento militar sofisticado. Sin embargo, tal transferencia de capacidades viene acompañada de una dependencia estructural debido a que los sistemas de comando y control operan bajo estándares estadounidenses, lo cual crea dependencia tecnológica que limita la autonomía de los Estados receptores.
Según informes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz (Sipri), Estocolmo, la sujeción a repuestos y actualizaciones de software militar provenientes de Estados Unidos ha alcanzado 65% del inventario total en los países que integran el nuevo corredor de seguridad andino.
La selectividad de esta alianza genera una fractura visible en el mapa de seguridad continental. Mientras los miembros reciben apoyo tecnológico y coordinación operativa, los países que no fueron convocados a la cumbre de Doral —como Brasil, Colombia y México— enfrentan el flagelo del crimen organizado con recursos propios o alianzas bilaterales, frecuentemente insuficientes, obsoletas o enfocadas en la securitización militarizada.
Esta asimetría responde a una lógica geopolítica en la que la cooperación en seguridad se utiliza como herramienta de presión política y condiciona el acceso a tecnologías críticas al alineamiento ideológico con los intereses de Washington.
La fragmentación resultante debilita la respuesta integrada contra el crimen organizado. Como señala el informe del Índice de Crimen Organizado 2023, "los países de las Américas se han convertido en terreno fértil para un amplio espectro de actividades ilícitas", donde "estos mercados criminales interconectados y transnacionales aprovechan los desafíos a la resiliencia presentes en cada país". La versión 2025 de este informe revela que Colombia, México y Brasil —en ese orden— están entre los primeros 15 países con mayor criminalidad organizada del mundo, junto con Ecuador, Paraguay y Honduras.
Los cárteles y estructuras delictivas operan a través de fronteras y jurisdicciones aprovechando las discontinuidades entre países miembros y no miembros de la coalición. Cabe actualizar el estatus de la criminalidad y el tráfico de armas en los países ausentes en Doral:
Brasil: El arsenal legal que alimenta el crimen organizado
El caso brasileño ilustra cómo la laxitud regulatoria interna puede transformarse en detonante de la violencia criminal. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), más de 30 decretos ejecutivos flexibilizaron el acceso a armas de fuego, permitiendo a civiles adquirir hasta 30 rifles semiautomáticos por persona y elevando el límite de energía de los proyectiles permitidos de 407 a 1.620 julios. El estudio "Disparos a ciegas: El auge de las armas de fuego de estilo militar en medio de fallas regulatorias y deficiencia de datos en Brasil" (2025) documenta que el resultado fue un aumento del 192% en robos de armas reportados por cazadores, tiradores y coleccionistas entre 2018 y 2024.
Esta proliferación de armamento legal tuvo consecuencias predecibles en el mercado ilícito. El Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las principales facciones criminales del país, diversificaron sus arsenales mediante la compra a través de testaferros. El mencionado estudio cita una entrevista de The Guardian de octubre de 2022 donde un traficante admitía que "más del 60% de las armas traficadas ahora provienen de cazadores, tiradores y coleccionistas", quienes adquirían fusiles Taurus e Imbel en calibres 5.56×45 mm y 7.62×51 mm para posteriormente revenderlos al crimen organizado.
El think tank Fonte Segura afirma que la fragmentación de los sistemas de información —SINARM y SIGMA no son interoperables según el Tribunal de Cuentas de la Unión— impide el rastreo efectivo de estas armas, evidenciando la incapacidad estructural del Estado brasileño para contener el fenómeno. Sin embargo, la operación policial más letal de la historia brasileña —ocurrida en marzo de 2026 en favelas de Río de Janeiro— dejó más de 120 muertos y evidenció el uso de drones armados por parte del Comando Vermelho, una innovación táctica inspirada directamente en los conflictos contemporáneos como la operación militar en Ucrania.
Paralelamente, Paraguay consolidó su rol como puente logístico para el tráfico de armas hacia Brasil. En febrero de 2024, Interpol detuvo en Argentina al mayor contrabandista de armas de Sudamérica, líder de una red que desde 2012 había importado 25.000 armas legalmente a Paraguay para desviarlas hacia el PCC y el CV. La investigación reveló que "los lotes de armas eran adquiridos por un tercero que tenía contacto con los grupos en Brasil", utilizando "maniobras ilícitas" para introducir el armamento a territorio brasileño.
La violencia armada ha alcanzado niveles sin precedentes. Según el Atlas da Violência 2024, citado en el mismo estudio, "los homicidios con armas de fuego representan el 72,4% del total de asesinatos en el país, con 40.000 muertes anuales relacionadas con la violencia armada". El Índice de Crimen Organizado 2025 clasificó a Brasil con una puntuación de 7.07 en tráfico de armas, ubicándolo en el sexto lugar del continente.
Colombia: La fragmentación del conflicto y la atomización de la violencia
La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en 2016, llevó a una mutación del conflicto armado hacia una violencia criminal multicausal. Según un análisis de La Silla Vacía de 2025, "la guerra en Colombia se fragmentó con más actores y violencia", pasando de tres grandes organizaciones en la década de 1990 a "al menos una docena de grupos armados" en 2025.
Este proceso de fragmentación tiene raíces directas en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2004 y 2006. El Centro Nacional de Memoria Histórica afirmó que las bandas criminales (Bacrim) que emergieron de ese proceso —como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), los Rastrojos y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada— se reconvirtieron en actores económicos puros. Otro análisis de Carlos Medina Gallego del mismo año describe cómo "la rentabilidad de estas actividades ha reemplazado cualquier motivación ideológica, generando una lógica de acumulación que reproduce un modelo mafioso de dominación".
Las comunidades en territorios históricamente abandonados por el Estado —como Arauca, Chocó y Cauca— desarrollan relaciones funcionales con grupos armados que suplen funciones de autoridad, justicia y regulación económica, normalizando la violencia como parte del paisaje cotidiano.
Las disidencias de las FARC añaden complejidad al panorama. En 2021, se identificaban al menos 30 estructuras disidentes y para 2024, estas se habían bifurcado en nuevas facciones como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó que mientras en 2020 el 80% de los conflictos armados eran verticales (Estado vs grupos armados), en 2025 "el Estado solo participa en el 40% de ellos", evidenciando una "horizontalización de la violencia" donde los enfrentamientos entre grupos criminales predominan.
El tráfico de armas alimenta esta dinámica mediante rutas diversificadas. Según el Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, las armas llegan a Colombia desde Estados Unidos, Europa y, más recientemente, desde el mercado negro ucraniano. Un informe de LISA News de junio de 2025 revela que "grupos criminales de Colombia, Venezuela y México obtienen armas de primer nivel, provenientes de este mercado ilegal", donde "algunos cárteles latinoamericanos viajan a Ucrania para adquirir directamente sobre el terreno ese material bélico".
México: La guerra militarizada y el río de hierro
La estrategia de "guerra contra el narco" iniciada en 2006 ha demostrado ser un fracaso rotundo en términos de reducción de violencia. Según el informe "Comercio Mortal" de Global Exchange y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México acumuló "más de 276.000 asesinatos entre 2006 y 2019, con más de 24.000 homicidios con armas de fuego solo en 2019, la cifra más alta desde que se tienen registros en 1997". Paradójicamente, mientras Estados Unidos presiona por una mayor intervención militar mexicana contra los cárteles —incluso clasificándolos como organizaciones terroristas— mantiene una laxitud deliberada respecto al flujo de armas hacia el sur.
El "Río de Hierro" fluye sin obstáculos significativos. Según el Informe Nacional de Evaluación del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA) de enero de 2025, "México recibe el 72% de las armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos". Además "entre 2 y 3 millones de armas han ingresado desde ese país a México entre los años 2010 y 2022, con un flujo anual de aproximadamente 200.000 unidades".
Las rutas están perfectamente identificadas. Según datos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) de México, Texas concentra el 43% del tráfico, seguido de Arizona con el 22% y California, 9%. La ONG Stop US Arms to México develó en julio de 2025 en el documento "La lucha estéril de México contra el tráfico de armas" que "las armas adquiridas legalmente en armerías de Houston, Phoenix, Tucson y San Antonio —frecuentemente mediante compras de testaferros— cruzan la frontera en vehículos particulares, aprovechando que 150.000 vehículos transitan diariamente sin revisiones exhaustivas".
La respuesta estadounidense ha sido inconsistente. El mismo informe de Stop US Arms to México destaca que "a pesar de que el 95% de los traficantes detenidos son ciudadanos estadounidenses, el presupuesto para el control de exportaciones de armas se ha reducido sistemáticamente". El gobierno mexicano identificó que entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, "al menos el 74% de las armas ilícitas en manos del crimen organizado provenían de Arizona, California y Texas", datos que coinciden con los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso reformar el artículo 19 constitucional para imponer aumentar las penas a quienes participen en la introducción ilegal de armas, una medida defensiva frente a la amenaza de invasión a la soberanía que representa la estrategia estadounidense. Esta tensión refleja la asimetría fundamental del modelo de seguridad hemisférico: castiga a los países consumidores y de tránsito mientras protege los intereses de los principales productores de armamento.
Europa y Estados Unidos tras el telón de la violencia
El análisis del tráfico de armas en América Latina revela una verdad incómoda que los discursos oficiales prefieren omitir: Estados Unidos y Europa son los principales proveedores del armamento que alimenta la violencia criminal en la región, mientras promueven la militarización como única respuesta posible.
Estados Unidos encabeza esta lista con diferencia abismal. Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), "más del 70% de las armas recuperadas en México y el 80% en el Caribe pueden rastrearse hasta el mercado legal estadounidense". Esta situación pudiera ser consecuencia de la imposibilidad técnica de control pero más de una decisión política: el derecho a la tenencia de armas consagrado en la Segunda Enmienda se prioriza sobre el derecho a la vida de los habitantes de América Latina.
Europa también ha emergido como fuente relevante, en febrero de 2024, Interpol detuvo en Argentina al mayor contrabandista de armas de Sudamérica, quien importaba desde Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia para desviarlas a Brasil mediante giros financieros canalizados desde Paraguay hasta Kansas.
Según el informe "Comercio Mortal" citado anteriormente, "entre 2006 y 2018, empresas de armas con sede en Europa e Israel exportaron más de 238.000 armas de fuego a las policías estatales y municipales mexicanas". El documento señala que "más del 95% de estas armas estaban clasificadas como 'reservadas para uso exclusivo del Ejército' bajo la legislación mexicana".
Estas transferencias ocurrieron paralelamente al aumento dramático de violencia dado que las investigaciones documentan desvíos masivos hacia cárteles, a menudo mediante la corrupción de funcionarios policiales y militares.
Mientras Estados Unidos y la Unión Europea financian operaciones como la Trigger IX de Interpol —que resultó en 14.260 detenciones y la incautación de 8.263 armas en América Latina—, sus propias políticas de exportación de armamento y su tolerancia con el tráfico desde el mercado legal alimentan el problema que pretenden combatir. La Operación Trigger IX, coordinada desde Foz do Iguaçu, desmanteló 20 grupos de delincuencia organizada e incautó 203 toneladas de cocaína, pero no abordó la fuente principal del armamento: las armerías legales de Texas, Arizona y Florida, por lo que la contradicción del discurso occidental es evidente.
La militarización de América Latina como estrategia de seguridad, promovida desde Washington y Bruselas, resulta funcional a los intereses de la industria armamentística. Los países de la región importan armas para sus fuerzas de seguridad, muchas de las cuales terminan en manos criminales, lo que a su vez justifica la compra de más armamento en un ciclo vicioso. El informe "Comercio Mortal" señala que "entre 2006 y 2018, México importó suficientes armas europeas para equipar a casi todos sus policías estatales y municipales, sin que esto haya mejorado los índices de seguridad".
La verdadera paradoja reside en que, mientras se invierten recursos en operaciones espectaculares de disuasión, se descuidan los mecanismos estructurales que permitirían contener el fenómeno como la interoperabilidad de sistemas de información, auditorías rigurosas de arsenales estatales, y —sobre todo— regulación efectiva en los países productores.
La ausencia de Brasil, Colombia y México a la cumbre pudiera funcionar como una amenaza por sí sola: La asimetría en la coordinación crearía las condiciones necesarias para que sus gobiernos pierdan popularidad con mucho apoyo mediático coordinado desde las redes transnacionales de la información.
Las cifras que involucran un 95% de los traficantes de armas detenidos de nacionalidad estadounidense demuestran que, como en el narcotráfico, Estados Unidos debe abordar sus redes criminales internas. La discusión sobre el mercado de armas es impostergable y la realidad exige un giro paradigmático.
La coalición del Escudo de las Américas, lejos de resolver estas contradicciones, las profundiza. Al condicionar la cooperación tecnológica al alineamiento ideológico y mantener el silencio sobre el origen de las armas que devastan comunidades enteras, reproduce una arquitectura de seguridad asimétrica donde los costos de la violencia los pagan los países periféricos, mientras los beneficios del comercio de armas fluyen hacia los centros hegemónicos. La disuasión integrada resulta ser, en última instancia, una estrategia de contención selectiva que prioriza la estabilidad geopolítica sobre la seguridad humana.