La mañana del 7 de enero de 2026, en una calle de Minneapolis donde agentes federales realizaban una operación migratoria, Renée Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, fue alcanzada por balas de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras estaba al volante de su vehículo. Good había dejado a su hijo en la escuela y simplemente se encontró con el operativo. Testimonios y videos muestran que, en medio de la confusión, los disparos la impactaron repetidamente en su cuerpo. La muerte de Good, confirmada como homicidio por el forense médico del condado, desató indignación y protestas que empezaron a retumbar en toda la ciudad y en el país.

Menos de tres semanas después, en la misma ciudad, otra vida se truncó en circunstancias polémicas. Alex Pretti, de 37 años, enfermero en cuidados intensivos, fue abatido por agentes federales durante una manifestación contra la presencia de fuerzas migratorias. Pretti, conocido por su trabajo con veteranos y su historial sin antecedentes penales, estaba entre quienes observaban y documentaban la acción policial cuando recibió disparos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza asociados al ICE.

Ambos casos ocurrieron en el contexto de Operation Metro Surge, un despliegue de miles de agentes federales ordenado por la administración Trump como parte de una política migratoria cada vez más agresiva y militarizada.

ICE en 2025-26: arrestos masivos, deportaciones récord y violencia documentada

A lo largo de 2025 y en los primeros meses de 2026, el ICE ha intensificado su uso de autoridad coercitiva en múltiples frentes, mostrando un patrón creciente de detenciones, deportaciones y uso de fuerza que trasciende una sola región.

Bajo la administración Trump, las cifras del aparato de control migratorio han subido de manera significativa. En 2025 se documentó que ICE ha detenido a decenas de miles de inmigrantes en centros de detención, llegando a un máximo histórico de alrededor de 73 mil personas bajo custodia en enero de 2026, un aumento de más del 80% respecto al año anterior. Datos acumulados del año anterior mostraron más de 273 mil arrestos y alrededor de 239 mil deportaciones en 2025, con detenciones que se mantuvieron elevadas a lo largo del año en múltiples estados.

Estos números se complementan con informes de arrestos récord diarios, en algunos casos superando los 2 mil 200 inmigrantes detenidos en un solo día durante la primavera de 2026. Todo esto en el contexto de objetivos agresivos de detención y deportación formulados por el Ejecutivo.

Además de las acciones visibles en Minnesota, ICE ha planificado una expansión de su red de detención y transporte que abarca varios estados vecinos —Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa y Nebraska— con la posible apertura de una gran infraestructura de transferencias diseñada para albergar y mover hasta miles de detenidos dentro de un radio de cientos de kilómetros.

En septiembre de 2025, Silverio Villegas González, de 38 años, fue abatido a tiros por un agente de ICE durante una parada de tráfico en Franklin Park, Illinois, en circunstancias que también han generado controversia y protestas comunitarias. Redes de noticias han informado que desde mediados de 2025 hasta ahora, oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, han estado implicados en unos 16 incidentes con disparos en diferentes ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, con al menos 3 personas muertas y varias heridas, en hechos que la administración ha justificado públicamente antes de concluir investigaciones formales.

No sólo se registra la violencia en campo abierto. En centros de detención del ICE, han ocurrido muertes bajo custodia calificadas como homicidios. En Camp East Montana, un gran centro de detención en Texas, al menos tres detenidos murieron en un periodo de 44 días, incluida la muerte de Geraldo Lunas Campos, cuya autopsia determinó que la asfixia es la causa. Un análisis reciente encontró que en 2025 al menos 32 personas murieron en custodia del ICE en todo el país, incluyendo casos que reavivaron el debate sobre las condiciones de detención, la atención médica y el trato de los reclusos.

Más allá de la presencia física, la agencia ha ampliado herramientas de vigilancia. Por ejemplo, la implementación de aplicaciones de reconocimiento facial en campo, utilizadas para escanear rostros de personas en operaciones y supuestamente identificar inmigrantes, ha generado demandas legales y protestas por violaciones a la privacidad, incluidos informes de escaneos no autorizados de ciudadanos estadounidenses.

Estos datos dibujan un panorama de militarización del control migratorio. Un aumento generalizado de coerción estatal aplicado bajo la autoridad de ICE y el DHS, con impactos profundos en comunidades inmigrantes y estadounidenses por igual.

Rechazo dentro y fuera del establishment

Los sucesos con ICE han generado llamados de investigación incluso entre legisladores republicanos. Senadores como Lisa Murkowski, Bill Cassidy, Susan Collins, Thom Tillis y Pete Ricketts, así como el representante Michael McCaul, pudieron públicamente una investigación independiente sobre el tiroteo de Pretti.

Al mismo tiempo, tanto senadores demócratas como líderes estatales vincularon el caso con la financiación de ICE y DHS, amenazando con bloquear asignaciones presupuestarias si el Congreso no exige reformas claras.

Entre las figuras locales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió investigaciones imparciales y reducción de la presencia federal, subrayando el deterioro de la relación entre autoridades estatales y la administración federal tras los tiroteos.

Desde el terreno social, las protestas contra ICE han tenido un alcance nacional. Tras el asesinato de Good, miles de personas marcharon en Minneapolis y Portland, mientras que las movilizaciones se extendieron a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington D.C. y Chicago, donde manifestantes portaron velas, pancartas y consignas pidiendo el fin de las operaciones federales y la rendición de cuentas por las muertes.

En Minneapolis, las vigilias y marchas se mantuvieron pese a temperaturas bajo cero, con residentes reuniéndose para exigir una retirada de los agentes federales y mayor control local sobre la seguridad pública.

Encuestas realizadas recientemente reflejan un cambio significativo en la percepción pública sobre ICE. Un sondeo de YouGov reveló que el apoyo a abolir ICE aumentó a 48% a nivel nacional, casi el doble desde junio anterior, y hasta 19% entre votantes republicanos, un giro notable dada la tradicional defensa de la agencia dentro de ese partido.

Los datos muestran también una caída en la aprobación de la gestión de la migración por parte de la administración Trump, con muchos encuestados calificando la respuesta federal como “excesiva” o “peligrosa” para las comunidades.

La respuesta de la Casa Blanca y el riesgo de una escalada interna

A pesar del fuerte rechazo social y político que han generado los casos de Renée Nicole Good y Alex Pretti, la administración de Donald Trump y los altos mandos que respaldan a ICE mantienen una postura de defensa firme de sus políticas de control migratorio, justificando agresivamente situaciones que involucran muertes de civiles estadounidenses.

Desde los primeros días después del tiroteo de Good, la Casa Blanca y altos funcionarios defendieron la acción de los agentes federales. El propio presidente Trump calificó a Good como una persona que supuestamente actuó de forma peligrosa y justificó la respuesta del ICE en términos de autodefensa, a pesar de que la evidencia en video contradecía esa versión oficial. En comentarios públicos insistió en que el agente estaba actuando para “protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor”.

El vicepresidente J.D. Vance amplió esta defensa señalando que los oficiales cuentan con “inmunidad absoluta” por realizar tareas federales, mientras las imágenes de los incidentes contradicen las versiones gubernamentales.

De la misma manera, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha respaldado públicamente las operaciones de ICE y otras agencias federales, y ha defendido su estrategia de “estar a la ofensiva” contra la migración irregular. Por ejemplo, en el anuncio de Operation Salvo en Nueva York, Noem afirmó que la administración está utilizando “todas las herramientas” disponibles para contrarrestar delitos transnacionales y la presencia de inmigrantes indocumentados.

En paralelo, el Departamento de Justicia optó por una estrategia de confrontación institucional. En lugar de investigar la conducta de los agentes involucrados en la muerte de Renee Good, abrió pesquisas penales contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusándolos de obstaculizar la labor federal. La decisión de incluir también en una investigación a la viuda de Good provocó la renuncia de seis fiscales federales en señal de protesta, un hecho poco habitual que expuso fisuras internas en el aparato judicial.

Este endurecimiento ocurre en un contexto que, según advierte la jurista Claire Finkelstein en The Guardian, reproduce escenarios analizados previamente en ejercicios de simulación de alto nivel sobre violencia política interna en Estados Unidos. Finkelstein, directora del Centro de Ética y Estado de Derecho de la Universidad de Pensilvania, sostiene que lo que se observa en Minnesota coincide con patrones estudiados en 2024, donde una operación federal impopular derivaba en enfrentamientos entre autoridades estatales y federales, con el potencial de escalar hacia un conflicto armado interno.

El despliegue masivo de agentes federales —más de 2 mil según el reporte—, el uso reiterado de fuerza contra manifestantes y residentes, y la amenaza explícita de federalizar o reemplazar a las fuerzas estatales, configuran un escenario en el que ICE comienza a operar como una fuerza paramilitar orientada a reprimir la disidencia. La preparación de unidades del Ejército refuerza la percepción de que el gobierno federal está ensayando respuestas de carácter excepcional frente a conflictos civiles. Un cuadro emergente que permite hablar de un proceso de normalización del estado de excepción en Estados Unidos.

El contraste con la política exterior estadounidense resulta elocuente. Mientras Washington invoca la democracia, los derechos humanos y la seguridad para justificar intervenciones, sanciones o intentos de cambio de régimen en países como Venezuela o Irán, en el plano interno recurre a mecanismos de fuerza que ponen a su propia ciudadanía bajo una lógica de ocupación. Minnesota se convierte en un laboratorio donde se pone a prueba hasta dónde puede llegar el poder federal sin romper abiertamente el marco constitucional.

En ese sentido, los hechos recientes no solo exponen a ICE o a la administración Trump, sino que revelan una tensión más profunda en el sistema político estadounidense. Una tensión que amenaza con transformar episodios de represión puntual en una crisis interna de mayor alcance, cuyos efectos ya comienzan a sentirse en las calles y en las estructuras del Estado.