En 2015, cuando Marco Rubio aun era senador y aspiraba a la presidencia, un escritor del blog de vigilancia "Governing Under the Influence" le preguntó sobre sus vínculos con Geo Group, el segundo mayor operador de prisiones con fines de lucro de Estados Unidos. El republicano respondió con una frase esquiva: "Yo no invierto en la agenda de otros, ellos invierten en mi agenda". Más que una justificación altiva, reveló cómo se maquillan los verdaderos intereses que mueven la política estadounidense.

Así que, para alcanzar el cargo que hoy ostenta como Secretario de Estado, su capacidad técnica o habilidades no fueron lo más importante; el peso del gran lobby que lo respalda es lo que realmente inclinó la balanza y lo catapultó.

Los mayores contribuyentes

1. Influencia política con sello proIsrael

Al analizar la cartera de financistas que ha nutrido la carrera política de Rubio, destaca de manera significativa que su mayor contribuyente sea "Pro-Israel America PAC".

Este comité de acción política fue fundado en marzo de 2019 por Jeff Mendelsohn y Jonathan Missner, ambos con antecedentes en el poderoso lobby pro-Israel American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Su misión es clara: apoyar a candidatos políticos que promuevan políticas favorables a Tel Aviv, sin importar su afiliación partidista.

En la misma esfera de influencia, encontramos a la "Republican Jewish Coalition" (RJC), una organización política fundada en 1985 que busca fortalecer los vínculos entre la comunidad judía-estadounidense y los líderes republicanos. RJC ha sido un actor clave en la estrategia republicana para asegurar la lealtad del electorado y financiamiento de estos sectores.

Aunque el patrocinio directo de estos grupos puede parecer modesto en comparación con otras donaciones —109 mil 800 registrados en Open Secrets—, su impacto no radica en la cantidad sino en la estrategia.

En lugar de sufragar directamente a candidatos en elecciones generales, han optado por una táctica quirúrgica: derrotar a los aspirantes demócratas en las primarias, y así impidirles siquiera conseguir una victoria segura en distritos de mayoría demócrata.

Para este fin, el Aipac ideó dos PAC de apariencia demócrata: Proyecto Democracia Unida y Mayoría Democrática por Israel, que en la práctica operan como verdaderas máquinas de dinero subvencionadas por multimillonarios republicanos, diseñadas para garantizar que ningún demócrata desafíe su influencia en el Congreso.

Aunado a ello, el dinero se reparte a distintas estructuras empresariales, así que dentro de su red de donantes figuran nombres prominentes como Bernie Marcus, cofundador de Home Depot, y Paul Singer de Elliott Investment Management, ambos con una larga historia de apoyo a causas conservadoras y republicanas.

2. Urbanismo de Florida

Otro pilar financiero en la carrera política de Marco Rubio es "The Villages", una comunidad planificada de jubilados en el centro de Florida que alberga a más de 130 mil residentes y se ha convertido en un bastión del conservadurismo republicano.

Con una contribución registrada de 78 mil 405 dólares, The Villages no solo representa una fuente de financiamiento sino también una base de votantes altamente movilizados en el estado sureño.

El poder detrás de ellos tiene nombre propio: Gary Morse, el multimillonario fundador del urbanismo cuya fortuna consolidó a este enclave como una de las principales fuentes de apoyo republicano en Estados Unidos. 

La presencia de Rubio en eventos de esta comunidad es frecuente, lo que evidencia el nivel de compromiso que tiene con este sector.

Desde los grupos proIsrael hasta las comunidades de jubilados conservadores, su ascenso político ha sido impulsado por actores con objetivos bien definidos.

El caso de Rubio es un recordatorio de cómo el dinero y el lobby moldean la política estadounidense, donde las decisiones responden a los intereses de quienes patrocinan las carreras de estos políticos.

3. El negocio carcelario

El lobby político en Estados Unidos es un factor determinante en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.

Varias industrias han ganado notoriedad por los millones que gastan en influir sobre la legislación y en lograr que candidatos afines lleguen a cargos públicos. Entre ellas destacan las grandes petroleras, las farmacéuticas y el poderoso lobby de la industria armamentística, Sin embargo, existe una industria que, sin atraer demasiado escrutinio, ha logrado una influencia significativa: las prisiones privadas.

Geo Group, una compañía penitenciaria, ha contribuido significativamente a la carrera política del republicano. En 2016 aportó una suma considerable de casi 190 mil dólares en su etapa como presidente de la Cámara de Representantes de Florida, cuando la empresa obtuvo un importante contrato con el estado, hasta su campaña presidencial.

El verdadero beneficio para el hoy secretario de Estado y otros legisladores no radica únicamente en las contribuciones a sus campañas sino en las oportunidades económicas y políticas que emergen posteriormente.

De hecho, los ingresos que obtuvo la empresa en 2018 alcanzaron aproximadamente 2,33 mil millones de dólares. Según el Washington Post, Geo Group y Corrections Corporation of America, otra compañía del sector, han gastado casi 25 millones en actividades de cabildeo desde 1989.

Como funcionario electo, Rubio tomó decisiones que favorecieron directamente a las prisiones con fines de lucro. Un ejemplo clave es el contrato estatal de 110 millones de dólares que GEO Group obtuvo mientras el cubano-estadounidense presidía la Cámara de Representantes de Florida.

"En un sistema donde las ganancias crecen a medida en que más personas son privadas de libertad, la única razón para cabildear en estos temas es porque esperan un retorno financiero", advierte Paul Kruger, director ejecutivo del capítulo de Florida de "Citizens United for Rehabilitation of Errants", una organización que lucha por la reforma penitenciaria.

El negocio carcelario privado mueve cerca de 3 mil millones de dólares anuales en Estados Unidos. GEO Group, con sede en Boca Ratón, domina el sector en el sureste del país, y otros registros indican que desde 2009 ha sumado 7 mil 600 nuevas camas en prisión, expandiéndose 10%.

Al ampliar lo que significa la operatividad de la empresa vinculada con Rubio, se encuentran diversas denuncias y controversias. Entre los hechos más relevantes destacan:

• 2010: él y otros legisladores republicanos fueron señalados en múltiples investigaciones estatales y federales sobre el uso indebido de tarjetas de crédito del Partido Republicano de Florida, evasión fiscal y asignaciones presupuestarias indebidas. Un caso emblemático es la asignación para la construcción de Blackwater River Correctional Facility, operada por Geo Group.
• 2017: se presentó una demanda colectiva contra Geo Group por violar leyes federales contra la esclavitud al obligar a inmigrantes detenidos a trabajar gratis o por solo un dólar al día.
• 2018: votó en contra de la Ley First Step, centrada en la reforma penitenciaria federal y la mejora de condiciones de rehabilitación. Este voto protegía indirectamente los intereses de las prisiones privadas.
• 2021: un jurado federal determinó que Geo Group debía pagar 17,3 millones de dólares a inmigrantes detenidos por condiciones laborales abusivas dentro de su centro de detención con fines de lucro en Washington.

Pero más allá de estos casos, la influencia de Geo Group alcanzó su punto más alto con la presidencia de Donald Trump. En su primer día de mandato Trump revirtió la orden ejecutiva de Joe Biden que prohibía los contratos entre el Departamento de Justicia y los centros de detención privados.

Ante esto, Lauren-Brooke Eisen, directora del Programa de Justicia del Brennan Center for Justice, explicó que muchas prisiones federales enfrentan un deterioro en su infraestructura y carecen de fondos suficientes para reparaciones.

Como resultado, una parte de la población penintenciaria podría ser trasladada a instalaciones privadas, decisión que beneficia a empresas como GEO Group pues en la actualidad cerca de la mitad de los extranjeros encarcelados en Estados Unidos está en recintos privados. En noviembre de 2017, 71% de los migrantes detenidos estaba confinado en esos centros.

Tradicionalmente las prisiones con fines de lucro han alojado a inmigrantes indocumentados condenados por delitos federales, un grupo que crecerá con las nuevas políticas migratorias.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, cuando Trump ganó las elecciones, GEO Group y CoreCivic expresaron abiertamente su optimismo sobre la nueva administración y pronosticaron un aumento en la financiación gubernamental de contratos privados.

Se espera un crecimiento en áreas como la detención de inmigrantes, dispositivos de rastreo electrónico y transporte de detenidos dentro y fuera de Estados Unidos.

El crecimiento de estas empresas no se limita a la Oficina de Prisiones. Su mayor fuente de ingresos proviene del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En 2023, 43% de los ingresos de GEO Group provino de contratos con ICE, lo que resalta la estrecha relación entre la política migratoria estadounidense y la industria carcelaria privada.

Por otro lado, la representante Alexandria Ocasio-Cortez recientemente ha denunciado el papel del lobby carcelario en la aprobación de leyes antiinmigrantes. La Ley Laken Riley, recién promulgada, beneficiaría directamente a las prisiones privadas al aumentar las detenciones de inmigrantes, explicó la congresista.

"Estamos viendo una erosión fundamental de los derechos civiles en este proyecto de ley. Si una persona es acusada de un delito, si alguien quiere señalar con el dedo y acusar a alguien de robar en una tienda, será detenida y enviada a un campo de detención privado y enviada a deportación sin tener que comparecer ante un tribunal, sin un momento para hacer valer el privilegio de ser inocente hasta que se demuestre su culpabilidad", dijo Ocasio-Cortez.

Asimismo, advirtió que algunos legisladores republicanos tienen incentivos financieros para respaldar el proyecto de ley, dado el intenso cabildeo de la industria en Washington.

El ascenso de Rubio no es simplemente el resultado de su habilidad política o su retórica estridente; es un testimonio del poder del lobby en la maquinaria política estadounidense. Desde los intereses proIsrael hasta las prisiones privadas, el ahora secretario ha tejido una red de apoyo financiero que no solo sustenta su carrera sino que también dicta su agenda.

Es el epítome del pragmatismo cínico en Washington: un hombre cuya agenda, como él mismo admite con una arrogancia casi poética, no se financia sola porque las contribuciones de campaña son la única moneda de cambio que importa.