En la noche del 30 de junio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló que 18 niños venezolanos siguen bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos tras la deportación de sus padres en los vuelos pactados por la Casa Blanca con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Caracas sostiene que la retención de los niños es un secuestro flagrante y exige su repatriación inmediata, respaldada en el principio internacional de unidad familiar y en la ausencia total de cargos contra los menores. Estados Unidos justifica acciones como esta con el ya desacreditado argumento de presuntos vínculos de los padres con el Tren de Aragua.

La identidad de los 18 menores fue divulgada por la viceministra de Comunicación Internacional, Camilla Fabri. Entre los casos de mayor vulnerabilidad se encuentran Gloriannys Molina Machado, de 1 año y 4 meses, y Alanna Sophia Ballesteros Herrera, de 1 año, cuyas edades reflejan una dependencia absoluta de sus figuras parentales para su desarrollo físico y emocional.

También figuran Cristian Shian Hurtado Caricote, de 3 años; Monserrat Sofía Guillén Cáceres, de 2 años; Ethan Manuel Padilla Moyetones, de 2 años; Alitz Irene Durand Uzcátegui, de 3 años; y Aidan Isaac Acuña Marín, de 4 años, todos en etapas críticas de la infancia temprana, cuando la estabilidad afectiva y la presencia familiar son determinantes.

¿Dónde están los niños?

El primer caso infantil que expuso el costo humano de la política migratoria de la actual administración estadounidense fue el de Maikelys Espinoza, una niña venezolana de 2 años de edad. En marzo, su padre fue enviado a la megacárcel Cecot de El Salvador; un mes después, su madre fue deportada a Venezuela sin que le entregaran a su hija. Maikelys quedó recluida en un centro de acogida de la Oficina de Reubicación de Refugiados en Texas como "niño extranjero no acompañado", y con una familia de acogida.

La autoridad que se arroga Washington para hacer este tipo de retención emana de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 y de la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de Trata de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés), que facultan a la ORR a custodiar "menores no acompañados" y a buscarles un patrocinador legal (un familiar o tutor) antes de entregarlos fuera de un entorno de albergue. La mayoría de estos centros opera bajo licencias estatales y federales que permiten periodos indefinidos de retención si no aparece un patrocinador.

Según un artículo de ProPublica y The Texas Tribune titulado "Una agencia encargada de proteger a los niños inmigrantes se está convirtiendo en un brazo ejecutor", desde enero de 2025 la ORR ha comenzado a compartir sus bases de datos confidenciales con el Departamento de Seguridad Nacional para facilitar deportaciones. En cumplimiento de una orden ejecutiva, agentes de ICE obtuvieron "acceso sin restricciones" a información sensible sobre menores y sus patrocinadores, y llevaron a cabo 1 mil 500 visitas domiciliarias en apenas dos semanas de marzo de 2025, basados en esos registros; un correo interno anticipaba otras 3 mil 600 inspecciones en el área de Houston.

El giro se profundizó con el nombramiento de Angie Salazar, veterana de ICE, como directora interina de la ORR. Bajo su mando se despidió al que ejercía de Defensor Institucional de la agencia y se impusieron nuevos requisitos para los patrocinadores. Ya no se aceptan pasaportes o identificaciones extranjeras sin estatus legal, se exige la presentación de comprobantes de ingresos financieros y se amplió el uso de pruebas de ADN para verificar parentescos, datos que se comparten ahora con ICE.

Asimismo, el gobierno revocó disposiciones de una norma de 2024 que prohibían a la ORR denegar patrocinio por el estatus migratorio del familiar y el uso de la información de patrocinadores para fines de deportación. Estas medidas han prolongado la detención de menores al disuadir a las familias de reclamar a sus hijos, por miedo a ser arrestados o deportados.

Solo después de una fuerte presión diplomática y mediática, Maykelis Espinoza regresó a Caracas el 14 de mayo en un vuelo humanitario, donde se reencontró con su familia. El episodio probó que Washington puede repatriar a los menores cuando lo decide, pero prefiere mantenerlos retenidos a discreción para sostener su narrativa.

A la fecha el gobierno de Venezuela no ha recibido información oficial sobre la ubicación de los menores ni acceso a sus expedientes migratorios por parte del gobierno estadounidense, lo que refuerza la denuncia de secuestro.

La narrativa de Washington y su desmontaje

El intento de justificar estos crímenes contra migrantes venezolanos se apoya en la narrativa construida alrededor de la designación del Tren de Aragua como "organización terrorista extranjera" por parte de Estados Unidos. Bajo ese estigma excepcional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplica un controvertido sistema de "puntuación" que convierte en delito prácticas y rasgos culturales cotidianos.

Basta reunir algunos puntos —un tatuaje, el acento o lugar de origen— para que un padre sea deportado a centros de confinamiento extraterritoriales, que se asemejan más a campos de concentración, y sus hijos queden retenidos en albergues federales. En marzo 240 venezolanos fueron enviados al Cecot; más de 50 había ingresado legalmente a EE.UU., 75% carecía de antecedentes penales y ninguno recibió cargos formales ni audiencia.

Las investigaciones anteriores publicadas en esta tribuna han evidenciado el carácter arbitrario de ese procedimiento, utilizado como coartada para la criminalización masiva de la población venezolana. De la misma matriz se desprende la separación forzosa, y en la práctica el secuestro, de sus hijos, convertidos en rehenes de una política de castigo.

EE.UU. ignora los derechos INFANTILES

La separación forzada de los 18 menores vulnera de forma directa el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe apartar a niños de sus padres salvo decisión judicial y con garantías de reunificación; a esto se suma el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la unidad familiar, y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura, que proscribe tratos crueles o degradantes. Estados Unidos, aunque no ha ratificado el primero de estos instrumentos legales, sí lo firmó y está obligado a no contravenir su objeto y fin, mientras que los otros dos pactos citados sí gozan de plena vigencia doméstica.

En el plano interno estadounidense, el Flores Settlement establece que la custodia de menores migrantes debe ser "lo más breve posible", mientras que la TVPRA refuerza la obligación de liberar a los niños con un patrocinador "sin demoras indebidas" y priorizando el interés superior del menor. El reporte de ProPublica muestra que, bajo la gestión de Angie Salazar, la ORR está aplicando medidas que han prolongado injustificadamente la detención de menores, en violación de sus propias leyes.

En Venezuela el artículo 78 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establecen el principio de protección integral y el derecho a la vida en familia, normas que prohíben la separación familiar arbitraria y obligan al Estado a garantizar la unidad familiar y el interés superior del niño. 

El daño psicosocial es igualmente grave. Estudios de la Asociación Americana de Psicología indican que la separación prolongada provoca síntomas de ansiedad severa y trastorno de apego en más de 70% de los niños afectados. La propia ORR reportó en 2024 que uno de cada tres menores retenidos presenta regresión del habla o insomnio prolongado.

Venezuela exige respuesta inmediata y ejemplar

El presidente Nicolás Maduro exigió a la ONU y a la CIDH medidas "inmediatas y ejemplares", subrayando que Washington "convirtió la infancia en rehén de su guerra política". Durante su programa Con Maduro+, el mandatario también acusó al Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, de actuar bajo los dictados de EE.UU. y las élites europeas:

"Para él no existen los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador, el secuestro de 18 niños y niñas venezolanas en Estados Unidos, la persecución de millares de migrantes en Estados Unidos. Pero lo que es peor, todos los días ignora el asesinato de niños, niñas, hombres y mujeres en Palestina. Tiene una agenda contraria a los derechos humanos".

Además, aseguró a los familiares de los niños que "cuentan con el respaldo de todo el Estado para luchar por su retorno". Hasta los momentos Venezuela ha logrado el retorno digno de 6 mil 752 connacionales, incluidos 979 niños.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió al nuncio apostólico Alberto Ortega Martín para entregarle una carta dirigida al Papa León XIV en la que Maduro, en nombre del país, solicita su mediación para rescatar a los niños retenidos y separados de sus familias.

La prolongada retención de estos 18 niños expone la verdadera faz de la política migratoria estadounidense: bajo la coartada de un terrorismo inventado, impulsado por intereses geopolíticos y sin una sola prueba, se criminaliza todo un país a costa de vulnerar derechos básicos.

Al usar la infancia como moneda de cambio política, EE.UU. demuestra una vez más que sus prácticas desmienten sus discursos sobre derechos humanos. Devolver a estos menores a sus familias no es un acto de generosidad ni un termómetro de congruencia sino una obligación que ya se cumplió con Maikelys Espinoza y debe replicarse de inmediato.