El 15 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la "Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Mayor de Drogas o Grandes Productores Ilícitos de Drogas para el Año Fiscal 2026". En dicho documento, Venezuela es nuevamente incluida en una lista que la señala como un país clave en el tráfico internacional de estupefacientes, específicamente de cocaína.
Más aún, se acusa directamente al presidente Nicolás Maduro de liderar "uno de los mayores carteles de cocaína del mundo", y se califica al Gobierno Bolivariano como un "régimen criminal".
Sin embargo, esta determinación —presentada como un análisis técnico y objetivo— choca frontalmente con los datos empíricos, estadísticos y geográficos emitidos por las principales agencias internacionales especializadas en el combate al narcotráfico, incluidas la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Unión Europea y, paradójicamente, incluso informes recientes de la propia Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Si analizamos con rigor los hechos y contrastamos fuentes oficiales, podemos desmontar claramente, punto por punto, las inconsistencias, omisiones y motivaciones geopolíticas que subyacen en la determinación estadounidense.
Nada nuevo: la contradicción entre narrativa política y evidencia empírica demuestra que la administración de Donald Trump está constituyendo una justificación oficial antivenezolana en sus instituciones con objetivos destituyentes, sin pruebas y con elementos fraudulentos.
La lógica técnica de la determinación
Antes de entrar en el fondo del asunto, es crucial entender qué implica la inclusión de un país en esta lista. El propio documento lo aclara en su segundo párrafo:
"La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidrogas de su gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos. [...] El motivo por el que los países son incluidos es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas o precursores químicos sean transitados o producidos, incluso si un gobierno ha adoptado medidas robustas y diligentes de control de narcóticos".
Es decir, según su propia definición, estar en la lista no implica que el gobierno del país señalado sea negligente, corrupto o cómplice del narcotráfico. Simplemente significa que, por su ubicación geográfica o volumen de comercio, existe un riesgo teórico de que drogas ilícitas puedan transitar por su territorio.
Sin embargo, en el caso de Venezuela, el documento va mucho más allá. No se limita a mencionarla como un país de tránsito potencial. La acusa explícitamente de ser dirigida por un "régimen criminal" liderado por un "narcotraficante acusado", Nicolás Maduro, y de operar "una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo".
Esta acusación no es técnica: es política, jurídica y moral, con tufo de Marco Rubio. Y requiere, por tanto, pruebas contundentes, verificables y públicas. Pruebas que, hasta la fecha, no han sido presentadas.
Los datos de la ONU y la UE: Venezuela, ausente en los mapas del narcotráfico global
El Reporte Mundial sobre Drogas 2025 de la UNODC —la máxima autoridad global en materia de estadísticas y políticas antidrogas— no menciona a Venezuela como país productor, ni como ruta principal, ni como centro de acopio o procesamiento de cocaína.
Según el informe, el 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca se concentran en Colombia. Perú y Bolivia completan el triángulo andino productor.
Venezuela, en cambio, ha logrado —según la propia UNODC— consolidarse en los últimos 15 años como un territorio "libre de cultivos de hoja de coca, marihuana y procesamiento de cocaína".
En cuanto a las rutas de tráfico, el informe es aún más contundente:
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87% de la cocaína que sale de Colombia lo hace por el Pacífico, principalmente desde puertos ecuatorianos y colombianos.
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8% se mueve por la península de La Guajira, en el Caribe colombiano.
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Solo 5% intenta cruzar por territorio venezolano.
Y de ese 5%, según datos presentados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una conferencia magistral —respaldados por informes operativos de la UNODC y cifras oficiales de incautaciones nacionales—, las fuerzas de seguridad venezolanas logran interceptar y destruir el 70%. Es decir, neutralizan más de tres cuartas partes de la droga que intenta ingresar por su frontera.
No se trata de una afirmación propagandística: es un dato estadístico que puede ser verificado en los informes anuales de la UNODC desde 1999 hasta 2025. En ninguno de estos 27 años, Venezuela aparece como un actor relevante en la cadena global de producción o tráfico de estupefacientes.
La Unión Europea, en su Informe Europeo sobre Drogas 2025, corrobora esta ausencia. Aunque señala que la cocaína es la segunda droga más consumida en Europa, y que las incautaciones han alcanzado niveles récord, no menciona a Venezuela ni una sola vez como país de origen, tránsito o logística.
En cambio, sí destaca a Colombia como productor principal y a Ecuador como punto crítico de exportación.
De hecho, la UE financió un estudio específico titulado "Seguridad en los puertos de Guayaquil", que reveló que el 57% de los contenedores de banano que salen de ese puerto ecuatoriano —destinados principalmente a Amberes, Bélgica— transportan cocaína oculta.
El mayor decomiso registrado en Europa en 2024 —13 toneladas— provenía precisamente de un cargamento de plátanos ecuatorianos.
La paradoja de la DEA: Venezuela no aparece en sus propios mapas
Uno de los argumentos más contundentes presentados por la también ministra de Hidrocarburos en su conferencia del 12 de junio pasado es que ni siquiera la DEA —la agencia antidrogas de Estados Unidos— incluye a Venezuela en sus mapas operativos de rutas de cocaína.
Según los informes de la DEA correspondientes a 2024 y 2025, las principales rutas de ingreso de cocaína a Estados Unidos son:
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En Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.
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En El Caribe: Puerto Rico y República Dominicana.
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Y por la costa oeste de Estados Unidos (California), lo cual confirma que la ruta del Pacífico es la dominante.
Venezuela no aparece en ninguna de estas rutas principales. Ni como punto de origen, ni como nudo logístico, ni como plataforma de reempaque o redistribución.
La vicepresidenta Rodríguez lo resume con una frase lapidaria: "Calibren y arreglen el GPS. No es Venezuela, es el Pacífico".
Este dato es devastador para la narrativa estadounidense. Si la propia agencia encargada de combatir el narcotráfico en nombre de EE.UU. no considera a Venezuela una amenaza operativa en su territorio, ¿por qué entonces el Departamento de Estado la acusa de albergar "una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo"?
La única explicación posible es que la acusación no responde a criterios técnicos, sino (¡oh, sorpresa!) a una agenda política.
El mito del "Cártel de los Soles": una ficción sin sustento empírico
Uno de los pilares de la acusación contra Venezuela es la existencia del llamado "Cártel de los Soles", una supuesta red de altos funcionarios militares y civiles dedicados al tráfico de drogas, presuntamente liderada por el propio Nicolás Maduro.
Sin embargo, ni la UNODC, ni la DEA, ni la Unión Europea, ni Interpol, ni ningún organismo internacional serio ha presentado pruebas concretas de la existencia de esta organización. No hay informes de inteligencia desclasificados, no hay interceptaciones telefónicas verificadas, no hay testigos protegidos que hayan declarado bajo juramento en tribunales internacionales, no hay laboratorios descubiertos, no hay rutas logísticas identificadas, no hay cuentas bancarias vinculadas.
Nada.
Como señaló la alta funcionaria venezolana: "¿Cómo puede existir el Cártel de los Soles si aquí no hay droga, si aquí no se organiza, si aquí no hay acopio? Es una operación de propaganda para criminalizar al gobierno legítimo de Venezuela".
Es más: las propias organizaciones criminales transnacionales —los verdaderos carteles mexicanos, colombianos, albaneses— nunca han mencionado al "Cártel de los Soles" como aliado, competidor o intermediario.
En el mundo real del narcotráfico, donde las alianzas y traiciones se miden en toneladas y dólares, la ausencia de mención es, en sí misma, una prueba de inexistencia.
El verdadero epicentro: Estados Unidos como centro financiero del narcotráfico
Mientras acusa a Venezuela de ser un "narcoestado", el documento del Departamento de Estado omite deliberadamente un dato crucial: según la UNODC, el 85% de las ganancias globales del tráfico de cocaína terminan lavadas en el sistema financiero estadounidense.
No en Venezuela. Ni en Colombia. Siquiera en México. En Estados Unidos.
Bancos como HSBC, Wachovia y Deutsche Bank han sido multados —no procesados penalmente— por lavar cientos de miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Estas multas, tratadas como infracciones administrativas, equivalen a una licencia para seguir operando.
Según cifras de la ONU citadas por la ministra Rodríguez:
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El crimen organizado genera entre 1,6 y 2,2 billones de dólares anuales a nivel global.
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El tráfico de drogas representa entre 426 mil y 652 mil millones de dólares al año, equivalente al 0,8% del PIB de EE.UU.
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El dinero lavado en actividades criminales dentro de EE.UU. equivale al 2,7% de su PIB.
Y mientras tanto, más de 110 mil estadounidenses murieron por sobredosis en 2024. La crisis de los opioides —especialmente el fentanilo— es la principal causa de muerte entre personas de 18 a 44 años en ese país.
¿Por qué, entonces, en lugar de enviar barcos de guerra a Venezuela, no se persigue con la misma intensidad a los "narcosajones" —la élite financiera y política estadounidense— que se beneficia de este negocio? ¿Por qué no se investiga a fondo el papel de empresas farmacéuticas, laboratorios clandestinos en territorio estadounidense, o la complicidad de autoridades locales en estados como Ohio, Kentucky o West Virginia, epicentros de la crisis de opioides?
La respuesta es simple: porque el narcotráfico no es, para Washington, un problema de salud pública o seguridad ciudadana. Es un instrumento de política exterior.
Ecuador: otro "narcoestado" silenciado
Mientras Venezuela es señalada públicamente, Ecuador —cuya crisis de seguridad y narcotráfico es documentada incluso por su propio presidente— aparece en la lista del Departamento de Estado sin mayores calificativos.
Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, ha admitido públicamente que por su país transita el 70% de la cocaína que se exporta al mundo. Además, es socio de Noboa Trading, una de las mayores exportadoras de banano del país, empresa vinculada a múltiples incautaciones de cocaína oculta en contenedores de fruta.
La UNODC, la OMA (Organización Mundial de Aduanas) y la UE coinciden: Ecuador es hoy el principal punto de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Las mafias colombianas, mexicanas y albanesas operan con total impunidad en sus puertos, especialmente en Guayaquil.
Pero, curiosamente, ni el presidente Noboa, ni sus socios, ni los carteles que operan en su territorio han sido acusados por EE.UU. de liderar un “régimen criminal” o una “red de narcoterrorismo”.
La diferencia con Venezuela no es técnica. Es geopolítica.
La expulsión de la DEA: ¿Un obstáculo o una ventaja?
En 2005, el gobierno de Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela, acusándola de espionaje político y de infiltración en las fuerzas de seguridad. Desde entonces, Venezuela ha desarrollado su propia estrategia antidrogas, en cooperación con otros organismos internacionales, pero sin la participación directa de Estados Unidos.
Según datos oficiales presentados por el gobierno venezolano —y corroborados en parte por la UNODC—, las incautaciones de droga han aumentado significativamente desde 2005. En lo que va de 2025, se han incautado y destruido 56 toneladas de droga. Más de 400 narcoaviones han sido derribados. Cualquier laboratorio descubierto es destruido de inmediato.
"Sabemos hacerlo mejor, lo dicen los números. Incautamos más, tenemos más trabajo coordinado", resumió así la vicepresidenta ejecutiva.
Esto desmonta otro mito: que sin la DEA, Venezuela se convirtió en un paraíso del narcotráfico. La realidad es exactamente la opuesta. La ausencia de la agencia estadounidense no generó caos, sino una mayor eficacia operativa, libre de las sospechas de doble juego que han rodeado históricamente a la DEA en otros países de la región.
La farsa del "narcoestado"
La determinación presidencial de EE.UU. no es un documento técnico: es un acto político. Su objetivo es el de criminalizar al Gobierno Bolivariano para justificar su aislamiento internacional, el mantenimiento de sanciones ilegales y, en última instancia, un cambio de régimen. Nunca para combatir el narcotráfico.
Los datos lo demuestran:
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Venezuela no aparece en los mapas de la ONU, la UE o la DEA como actor relevante en el narcotráfico global.
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Las rutas reales pasan por el Pacífico, no por el Caribe venezolano.
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El 85% de las ganancias del narcotráfico se lavan en EE.UU., no en Venezuela.
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Ecuador —con cifras oficiales que admiten el tránsito del 70% de la cocaína mundial— no es señalado con la misma intensidad.
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El "Cártel de los Soles" no tiene sustento empírico en informes de inteligencia ni en la estructura real del narcotráfico internacional.
La verdadera "amenaza inusual y extraordinaria" viene de un sistema que instrumentaliza la lucha contra las drogas para imponer su hegemonía, proteger sus intereses económicos y eliminar a quienes se le oponen.
Venezuela es un estado sitiado, no un narcoestado. Y la mejor defensa contra esta campaña no es la retórica, sino los datos. Datos que, irónicamente, provienen de las mismas instituciones que EE.UU. dice defender.
La historia juzgará esta determinación de la administración Trump por su evidencia, la cual hasta ahora está del lado de Venezuela.