La conformación de la "Coalición de las Américas Contra el Narcotráfico" (ACCC, por sus siglas en inglés) o "Escudo de las Américas" fue anunciada oficialmente el pasado 7 de marzo desde Doral, Florida (Estados Unidos) por la administración Trump. Se trata de un eslabón estratégico dentro de una doctrina de dominación hemisférica explícitamente delineada en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (ESN 2025) y la Estrategia de Defensa Nacional 2026 (EDN 2026).

Un análisis de Politico afirma que ambos documentos reorientan el gasto militar estadounidense hacia una preparación de "guerra mundial", donde el control absoluto del hemisferio occidental es una condición sine qua non. Como progresión, dicha coalición opera como mecanismo de contención geopolítica, aseguramiento de recursos y profundización de un orden transaccional que orienta la soberanía de los Estados latinoamericanos a los intereses de Washington.

Contexto de la iniciativa

Surge en medio de la tensión regional, apenas dos meses después del ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, operación que el propio Trump confirmó como parte de una escalada contra el gobierno venezolano basada en la excusa del supuesto Cártel de los Soles, organización que luego fue considerada como un "sistema de clientelismo" y no como un grupo real.

Este contexto de agresión directa se entrelaza con un patrón documentado de injerencia electoral en América Latina durante el ciclo 2025-2026, donde la Casa Blanca ha condicionado apoyos económicos y diplomáticos a favor de candidatos afines, como ocurrió en las legislativas argentinas de finales de 2025 o en procesos como los de Bolivia y Chile.

La cumbre inaugural del Escudo de las Américas congregó a mandatarios alineados con Washington —entre ellos Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y José Raúl Mulino (Panamá)— para formalizar la coalición. Sin embargo, el documento fundacional, emitido mediante proclamación presidencial, trasciende el discurso antidrogas al establecer como objetivo explícito "mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas de fuera del hemisferio occidental", frase que replica textualmente la primera Línea de Esfuerzo de la EDN 2026 del Pentágono.

Los países de la región que se integran a esta arquitectura aceptan, de facto, una "soberanía funcional" en la que la autodeterminación se cede a cambio de protección, financiamiento o legitimidad política, mientras que los Estados que resisten quedan expuestos a medidas coercitivas unilaterales.

La guerra antidrogas como puente (y excusa) hacia la militarización

El discurso antidrogas ha funcionado históricamente como narrativa legitimadora para intervenciones que exceden el ámbito del crimen organizado. La designación de cárteles latinoamericanos como "organizaciones terroristas extranjeras" —medida ejecutada por Trump en sus primeros meses de gobierno— habilita jurídicamente operaciones militares extraterritoriales, congelamiento de activos y vigilancia transnacional sin contrapesos judiciales. Esta fusión entre "guerra contra las drogas" y "guerra contra el terror" convierte territorios soberanos en áreas de acción geoestratégica donde la presencia militar estadounidense se normaliza bajo pretextos de seguridad.

La cooperación militar parte de una selectividad estratégica que premia la lealtad política con acceso a capacidades de inteligencia que antes eran prohibitivas para la región. De esta manera, deja a aquellas naciones no alineadas en un aislamiento tecnológico y bajo vulnerabilidades multifactoriales ante el crimen organizado, lo que las incentiva a buscar desesperadamente insertarse en el sistema.

La contradicción del discurso se evidencia en casos como el de Ecuador, cuyo presidente Daniel Noboa ha recibido respaldo militar y de inteligencia de Washington mientras su empresa familiar, Noboa Trading Co., ha sido vinculada por investigaciones periodísticas internacionales al transporte de cocaína hacia Europa en contenedores de banano.

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (OCCRP) documentó cómo, entre 2020 y 2021, al menos tres envíos con casi 700 kilos de cocaína utilizaron contenedores de esta empresa, sin que ello afectara la cooperación bilateral en materia de seguridad. Este doble estándar refuerza la tesis de que la retórica antidrogas se aplica selectivamente, en función de la conveniencia geopolítica y no de la efectividad en la lucha contra el narcotráfico.

Además, el gobierno de Noboa no ha logrado reducir los indicadores de violencia criminal y sigue perdiendo popularidad, por lo que procedió a proscribir a la principal oposición política, lo cual demuestra que el Escudo no protege la democracia sino la lealtad al esquema de Washington.

Por otra parte, en 2025 Trump llamó a votar por Nasry Asfura, del Partido Nacional al que pertenece Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por narcotráfico a 45 años de prisión en 2024 por un juzgado en Nueva York. El candidato conservador llevaba una leve ventaja frente a su rival Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en medio de graves denuncias de fraude, a tal punto que la Fiscalía de ese país se propuso investigar si hubo un hackeo en las elecciones presidenciales.

Recursos estratégicos, corredores logísticos y hegemonía

Detrás de la arquitectura del Escudo de las Américas yacen intereses concretos vinculados con el control de recursos estratégicos y corredores logísticos. La ESN 2025 identifica explícitamente la necesidad de "eliminar la presencia china en sectores estratégicos", con énfasis en puertos, minerales estratégicos e infraestructura digital. El "Triángulo del litio" (Argentina, Bolivia y Chile) concentra más de 50% de las reservas mundiales de este mineral crítico para la transición energética, y los tres países figuran entre los participantes de la coalición liderada por Washington.

El control de rutas marítimas y terrestres constituye otro eje central. La EDN 2026 prioriza el aseguramiento del canal de Panamá, el golfo de México — rebautizado como golfo de América por Trump— y las rutas antárticas accesibles desde Ushuaia, donde delegaciones estadounidenses han realizado visitas no anunciadas que generaron especulaciones sobre posibles bases navales conjuntas.

A partir de la fusión intencional de dos guerras fallidas, la "Guerra contra las drogas" y la "Guerra contra el terror", cualquier movimiento social o gobierno que se oponga al extractivismo podría ser etiquetado como "amenaza híbrida" y legitimaría el despliegue de fuerzas especiales bajo el paraguas de la ESN 2025.

La lógica transaccional se manifiesta en acuerdos donde países como Argentina o Ecuador reciben apoyo en inteligencia o financiamiento a cambio de alinear sus políticas exteriores con Washington, mientras enfrentan simultáneamente aranceles comerciales o restricciones migratorias que evidencian la asimetría de la relación.

Este modelo de orden coercitivo-transaccional no busca la integración regional sino la fragmentación funcional: aliados subordinados en posiciones geoestratégicas claves, Estados neutrales presionados mediante sanciones selectivas, y adversarios sometidos a cerco militar y económico. Como advirtió el economista Jeffrey Sachs sobre la escalada contra Venezuela: "No se trata de combatir cárteles sino de una operación de larga data para recuperar el control hemisférico".

El precio del "escudo" es la anulación definitiva de la autonomía nacional en favor de una hegemonía que se proyecta como perenne, pero que requiere de una militarización constante para sostenerse. La soberanía, bajo este esquema, deja de ser un principio inviolable para convertirse en una variable negociable.

El Escudo de las Américas opera como instrumento de proyección de poder en un hemisferio que Washington insiste en considerar su "patio trasero". La pregunta que sigue abierta para la región es si se construirán alternativas basadas en la cooperación horizontal y el respeto irrestricto a la autodeterminación.