Durante la primera mitad de septiembre, la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Ecuador, Colombia y Perú fue más allá de un mero ejercicio de cooperación bilateral y aporta elementos de una arquitectura de poder diseñada para reafirmar el dominio hemisférico bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
Al contrastar los anuncios de Washington con los hechos, se evidencia una marcada desconexión entre la retórica de seguridad y la realidad social de estos países, al tiempo que destapa las verdaderas motivaciones geopolíticas y comerciales que impulsan la iniciativa del llamado "Escudo de las Américas".
CONTEXTO Y CIFRAS
La narrativa estadounidense presenta a la región como un frente de batalla que requiere intervención externa, pero las cifras locales pintan un panorama de fallas conceptuales en las estrategias de seguridad implementadas, muchas de ellas alineadas previamente con Washington.
En Ecuador, a pesar de los discursos triunfalistas del gobierno de Daniel Noboa sobre supuestas reducciones en homicidios, la violencia ha mutado y se ha desplazado territorialmente. Según datos recientes, mientras ciudades como Guayaquil muestran ligeras bajas, provincias como El Oro, Cañar y Sucumbíos registran incrementos significativos de muertes violentas, con 79 cantones registrando más homicidios que en el mismo periodo del año anterior. Esta dinámica ha llevado a que al menos 10 provincias del país se vean constantemente golpeadas por el crimen organizado y permite justificar estados de excepción recurrentes. El mismo presidente ha admitido que las bandas armadas cuentan con 80 mil delincuentes distribuidos en bandas como Los Choneros, Los Lobos, Chone Killers y Tiguerones, en 2024 se calculaban 50 mil.
Como consecuencia de su política de seguridad militarizada, y de acuerdo con informes de ACNUR, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), más de 300.000 personas han sido desplazadas internamente en los últimos tres años debido a extorsiones, reclutamiento forzado y amenazas de bandas criminales. Esto posiciona a Ecuador como el tercer país con mayor desplazamiento interno por violencia en América Latina, solo detrás de Haití y Colombia. El país cerró el año anterior con 9.216 muertes violentas, equivalente a una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra aproximadamente ocho veces superior a la registrada una década atrás.
En Perú, la situación varía pero no es menos crítica. La inseguridad y la extorsión se han expandido como una nueva amenaza híbrida a la seguridad y la gobernanza nacional. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, las medidas de mano dura han resultado ineficaces, evidenciado en que la población penal apenas creció en 475 reclusos desde 2024, sin que ello se traduzca en una disminución del delito.
Los reportes estadísticos interinstitucionales sobre la criminalidad y la extorsión en el país confirman la expansión de estas redes. Encuestas recientes indican que el 85% de la población peruana limita sus salidas cotidianas por miedo a la violencia creciente, desmintiendo cualquier avance sustancial en la seguridad ciudadana.
Por su parte, Colombia apunta a un retroceso determinado por el cierre de la última mesa de diálogo y la decisión del gobierno de Abelardo De La Espriella de dar por terminada la política de “Paz Total”, por lo que la violencia se ha recrudecido. El informe de Indepaz de este septiembre alerta que las masacres aumentaron un 14% durante el año, alcanzando la cifra de 89 episodios, superando ya el total registrado en todo 2025, una escalada que ha tenido una clara motivación electoral. Como ejemplo, el departamento Valle del Cauca ha vuelto a estar entre los focos de mayor violencia, con múltiples masacres en lapsos inferiores a 48 horas.
Además, un informe de la fundación Pares señala que 527 municipios de Colombia tienen presencia activa de grupos armados. Expertos como Marta Ruiz, excomisionada de la Verdad, han advertido que el enfoque actual de De La Espriella ya se probó en el pasado y no resolvió la violencia del país, mientras que otros analistas alertan que su plan de seguridad despierta a los peores fantasmas de la violencia paramilitar y el control social, al alejar al país de los mecanismos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y apuntar a una nueva versión del fallido Plan Colombia.
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS COMO VECTOR DE CONTROL GEOPOLÍTICO
Más allá de ser un mecanismo de cooperación policial, el Escudo de las Américas es una iniciativa, impulsada por la administración Trump, que funciona como un vector de control geopolítico para subordinar las fuerzas militares y de inteligencia de la región a los mandos de Washington.
La prueba más tangible de este viraje estratégico es la reasignación de 52 millones de dólares en ayuda militar, fondos que fueron desviados de países de Europa y Medio Oriente (como Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak) hacia los tres países andinos visitados por Rubio junto a Panamá. El objetivo declarado es "combatir el narcoterrorismo" y garantizar la seguridad del Canal de Panamá, pero el trasfondo revela una carrera por asegurar activos estratégicos.
Este despliegue de seguridad está intrínsecamente ligado al control de materias primas críticas, en particular las tierras raras, indispensables para la fabricación de sistemas de armas de alta tecnología, vehículos eléctricos y componentes aeroespaciales. La doctrina de seguridad estadounidense actual depende de una cadena de suministro libre de la influencia de Beijing.
La apetencia por los recursos estratégicos de la región es la lógica económica de esta arquitectura:
- El "Acuerdo de Barranquilla" con Colombia incluye explícitamente memorandos sobre minerales críticos, tierras raras y cooperación nuclear civil.
- Perú es el tercer productor mundial de cobre y un país relevante en recursos de litio; la inversión china en minería e infraestructura peruana supera ampliamente la estadounidense: China es el primer socio comercial de Perú y ha invertido sumas cuantiosas en proyectos estratégicos como el puerto de Chancay, inaugurado en 2024, que reconfiguró directamente la geografía logística del Pacífico Sur.
- Ecuador también cuenta, y está negociando, grandes inversiones chinas en hidroelectricidad y minería, y sus puertos del Pacífico y corredores fronterizos amazónicos tienen valor geográfico militar.
En Ecuador, por ejemplo, Rubio anunció 45 millones de dólares adicionales en ayuda de seguridad (más 10 millones para combatir la minería ilegal), la entrega de un buque de la guardia costera y cinco embarcaciones de interceptación, y la designación de "Los Tiguerones" como organización terrorista extranjera.
Estas ayudas en Seguridad se orientan más a programas militares y de inteligencia que a desarrollo social, y coinciden en gran medida con las necesidades de vigilancia de los corredores mineros. "Combatir la minería ilegal" es un concepto enormemente elástico que, en el contexto ecuatoriano, apunta tanto a la penetración del crimen organizado en las minas de oro como, potencialmente, a un espacio de supervisión externa sobre proyectos mineros formales en los que participan empresas chinas.
Desde la perspectiva de los corredores geográficos, el "corredor andino" formado por Ecuador, Perú y Colombia es la ruta central del flujo de cocaína sudamericana hacia los mercados del Pacífico y Norteamérica. La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por el gobierno de Trump en noviembre de 2025, exige explícitamente "restaurar la capacidad de control sobre el hemisferio occidental". El acento de esta formulación no está en la "lucha contra el narcotráfico", sino en controlar los corredores, el flujo de recursos y quién puede ejercer influencia en esta región.
La militarización del continente bajo el paraguas del “Escudo de las Américas” proporciona la cobertura política y logística necesaria para proteger estas rutas de extracción y transporte en un escenario de escasez global de materias primas. Al etiquetar a ciertas organizaciones como “narcoterroristas”, se amplían las facultades operativas para intervenciones directas o conjuntas, asegurando que los recursos naturales de la región fluyan hacia los mercados occidentales.
SURAMÉRICA ENTRE PULSOS GEOPOLÍTICOS
La gira de Rubio ocurrió en medio de una disputa abierta por la influencia regiona en la que China se ha consolidado como un socio irremplazable. Durante su estancia en Perú, Rubio cuestionó las inversiones chinas, tildándolas de "prácticas predatorias" que amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, en clara alusión a megaproyectos como el puerto de Chancay, operado por la naviera estatal Cosco.
La respuesta de Beijing llego el 9 de septiembre cuando la Embajada de China en Perú emitió un comunicado recordando que "el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie" y defendiendo el derecho soberano de las naciones latinoamericanas a elegir sus socios. La diplomacia china contrastó los datos comerciales y afirmó que, mientras el Tratado de Libre Comercio con China ha generado un superávit acumulado de 52.000 millones de dólares para Perú, la relación con su segundo socio, Estados Unidos, registra pérdidas por 17.300 millones.
Esta asimetría evidencia que la presión de Washington responde a cálculos geopolíticos, no al desarrollo regional. Organizaciones sociales y de derechos humanos en la región ya han calificado estos convenios como un "rosario de calamidades" que facilita la materialización de una agenda injerencista y compromete la soberanía nacional a cambio de dádivas militares.
En paralelo, la gira tuvo un ojo puesto en Brasil, a pocas semanas de las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. Analistas han señalado que la visita de Rubio buscó fortalecer a los sectores políticos de derecha afines a Washington, utilizando la retórica de la seguridad y el "narcoterrorismo" como herramienta de injerencia en la campaña electoral brasileña.
No obstante, Brasil y China han profundizado sus lazos comerciales, una relación en la que el gigante asiático es el principal destino de las exportaciones de soja y un actor clave en la infraestructura brasileña. Aunque Washington intenta penetrar el mercado de minerales críticos a través de operaciones corporativas como la compra de la empresa brasileña Serra Verde (operadora de la mina Pela Ema) por parte de la corporación estadounidense USA Rare Earth, su capacidad para desplazar económicamente a China en la región sigue siendo limitada, pues, como advierten los especialistas, “económicamente, si renuncias a China vas a tener muchas dificultades”.
La gira de Marco Rubio deja al descubierto una estrategia de recolonización funcional. Mientras las cifras de violencia en Ecuador, Perú y Colombia siguen batiendo récords y las políticas de seguridad locales muestran sus límites, el Escudo de las Américas no apunta a solucionar la crisis de seguridad ciudadana, sino a asegurar el control de rutas estratégicas y materias primas.
En este tablero, la soberanía queda subordinada a la competencia entre grandes potencias y la retórica antidrogas sirve de cortina de humo para una disputa que define el futuro económico y militar del continente.