En el víspera de la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial, acto contemplado en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), sujetos de la extrema derecha nacional se han concatenado con factores internacionales hostiles para atacar el país.

La ofensiva sistemática contra las instituciones, el desconocimiento a las leyes de la República, la pretensión de juramentar a un excandidato prófugo de la justicia y el intento de ingresar mercenarios para llevar a cabo ataques terroristas son parte de los planes que buscan concretar un cambio de régimen en Venezuela. 

Es por ello que se han unido esfuerzos institucionales con vistas a desarrollar planes que contribuyan a la estabilidad y la paz del país, así como el resguardo de su soberanía. En ese sentido, los poderes públicos han venido trabajando de forma articulada ante cualquier intento que busque desestabilizar el funcionamiento del país. 

Cooperación institucional 

En ese contexto, el 7 de enero se reunieron el Poder Moral y el Poder Legislativo, encuentro marcado por la voluntad de trabajar en conjunto. Ese día diputados de la Asamblea Nacional (AN) sostuvieron un agenda con el fiscal general venezolano y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, ocasión que también sirvió para notificar el inicio del periodo de sesiones de 2025-2026.

En el acto el contralor general, Gustavo Vizcaíno, notificó al Poder Moral que la Junta Directiva del Poder Legislativo quedó organizada de la siguiente manera: Jorge Rodríguez Gómez, presidente; Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente, América Valentina Pérez Dávila, segunda vicepresidenta, María Alejandra Hernández Aldana, secretaria, y José Omar Molina Valencia como subsecretario.

Además del contralor Vizcaíno estuvieron presentes el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, el presidente de la Comisión de Administración y Servicios y otros miembros de las direcciones generales del Ministerio Público y la prensa nacional.

Durante su intervención el Fiscal General destacó cómo los poderes institucionales unidos se han enfrentado a intentos de guerras civiles y magnicidios, incursiones mercenarias extranjeras, usos de grupos estructurados de delincuencia organizada asociados a la extrema derecha, por lo que recalcó que en el país hay cinco poderes articulados a través del principio constitucional de cooperación con el fin de fortalecer la democracia y mantener el orden y la paz.

Asimismo, recalcó que esta sinergia pretende impedir, una vez más, que las conspiraciones de potencias extranjeras, las traiciones a la patria y las acciones mercenarias  expropien las riquezas y generen caos en la nación. 

Siguiendo la premisa de la unión institucional para mantener la soberanía, el 8 de enero los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibieron una comisión de la Asamblea Nacional. La presidenta del Poder Judicial, Caryslia Rodríguez, recalcó la "extraordinaria labor desempeñada por la AN” y llamó a seguir profundizando la democracia protagónica. "Siempre cuenten con la mano del Poder Judicial, todo en procura y a favor del pueblo estaremos acompañando todas las iniciativas", dijo. 

En ese sentido, ratificó que el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional seguirán realizando actividades conjuntas en la calle para seguir trabajando por la patria.

A la defensa integral del territorio se ha unido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que por medio de un comunicado rechazó el llamado a la incitación de la violencia como preámbulo a los planes golpistas. El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladímir Padrino López, calificó de "ridículo, paupérrimo, pírrico y sin sentido" el mensaje de González Urrutia a la institución militar.

El comunicado señala que la FANB es independiente de los designios imperiales y pone como prioridad la defensa del país. 

“Rechazamos categóricamente y con absoluta vehemencia este payasesco y bufo acto de politiquería despreciable, que no tendrá el más mínimo calado en la robusta conciencia patriótica de la FANB; la cual, en perfecta fusión popular militar policial, defenderá a ultranza la Constitución y las leyes de la nación, así como su libertad, soberanía e independencia”, reza el comunicado, y añade que el próximo 10 de enero la institución militar reconocerá la reelección del presidente Nicolás Maduro para el período 2025-2031.

Este mensaje de la FANB fue apoyado por el Poder Legislativo, que celebró el compromiso ineludible por la paz, defensa de la soberanía, así como el respeto a la institucionalidad.

Activados los planes superiores de defensa integral de la nación 

Dadas las amenazas contra la estabilidad del país de cara a la juramentación del presidente Nicolás Maduro en el Parlamento, el Ejecutivo instaló el Órgano Nacional de Dirección de Defensa Integral (ODDI) el 8 de enero, cuya misión es proteger la nación de las amenazas internas y foráneas que atentan contra la paz. "Todo el Poder Popular está integrado en esta fusión", aseveró el mandatario durante su instalación. 

“Ante la amenaza real, financiada por el gobierno saliente de los Estados Unidos, de sus gobiernos satélites y de la extrema derecha fascista, activamos los órganos superiores para la defensa de la Constitución y soberanía del país”, dijo. 

Durante una reunión con el Consejo de Seguridad de la Nación, el presidente resaltó que quedó activado "el más poderoso órgano del Estado venezolano para garantizar el derecho a la paz". 

Asimismo, explicó que no se trata de un viejo concepto de seguridad de la nación inspirado en los manuales gringos de la misión militar norteamericana de West Point, sino de un modelo construido por el bolivarianismo desde la llegada de la revolución. 

Lo novedoso de este nuevo sistema de defensa integral pudo verse en el carácter inclusivo y participativo que tuvo la convocatoria, vía video-conferencia, con las autoridades del ODDI a escala nacional. Se coordinaron esfuerzos para que participaran todos los actores, incluidos los municipales y parroquiales, involucrados en la defensa integral, lo que garantiza que la misión de proteger la soberanía nacional llegue a todo el territorio, todo esto articulado con los poderes públicos del Estado venezolano.

"En todos sus niveles, en una interacción pueblo-gobierno, a los fines de cumplir con el principio constitucional de corresponsabilidad para preservar la libertad, la democracia, la soberanía y la seguridad de la defensa de toda amenaza interna o externa", sentenció. 

Por último recalcó que Venezuela tiene el derecho a defenderse del golpismo, de la violencia, del terrorismo y de todas las formas que puedan vulnerar la vida en sociedad, esto en referencia a los mercenarios que fueron capturados recientemente en el país. 

El presidente Maduro ha dejado claro que la defensa de la soberanía y la estabilidad del país no es tarea de una sola persona o un grupo, sino un tema que involucra todos los factores que componen el Estado venezolano. "No podemos dejar que gente loca de odio arrastre a ninguna comunidad, a ningún territorio, ni un solo territorio, no podemos permitir que los arrastren a su locura de venganza, violencia, enfrentamiento. Debemos cuidar la paz y los territorios, hay suficientes instituciones para ello", sostuvo el mandatario.

Además de los organismos de seguridad, también se ha activado el componente social, el cual asimismo tiene un peso significativo en el resguardo de la soberanía y la paz. Combatientes, trabajadores, campesinos, brigadas de motorizados, entre otros, que forman parte integral del Estado, se encuentran en movilización permanente en todo el territorio nacional.