Cada cierto tiempo, un mismo fantasma vuelve a recorrer los titulares: el "Cártel de los Soles". Resurge en discursos oficiales de Washington, se multiplica en informes sin pruebas sólidas y se instala como si fuese una verdad indiscutible. Pero lo curioso no es solo su persistencia sino el momento cuando aparece: siempre ligado con coyunturas políticas, con decisiones militares o con giros estratégicos en la región.

En ese contexto examinamos la serie de investigaciones publicadas en Guacamaya por el periodista Elías Ferrer, quien aporta elementos claves para entender cómo se construye y se mantiene esa acusación.

Uno de los puntos neurálgicos de los textos es el que desmonta, con evidencia cuantitativa, la etiqueta política que insiste en presentar Venezuela como epicentro del narcotráfico hemisférico. Los datos muestran otra cosa: el país aparece, sí, como un corredor, pero de carácter muy marginal frente a los verdaderos ejes de producción y transporte de cocaína.

Producción y origen. La cocaína tiene un mapa de origen bien delimitado. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), 61% proviene de Colombia, 26% de Perú y 13% de Bolivia. Venezuela no aparece entre los grandes productores: los cultivos en su territorio son "insignificantes a escala global". Lo que se ha encontrado corresponde con sitios como laboratorios aislados en Zulia, en la zona del Catatumbo, siempre ligados con dinámicas que vienen de Colombia.

Rutas hacia EE.UU. La investigación de Ferrer expone cómo la presión política estadounidense exagera el rol venezolano. Los propios informes de la DEA son contundentes:

"La DEA estimó que en 2019, 90% del comercio de cocaína con destino a EE.UU. transitaba por los vectores del Pacífico Oriental (74%) y el Caribe Occidental (16%). El Caribe Oriental, donde encontramos la costa de Venezuela, vio solo 8%."

Las rutas realmente decisivas están en el Pacífico y en la frontera terrestre mexicana. La costa venezolana, en cambio, apenas aparece como vía minoritaria.

Proporciones comparativas. Cuando se analizan las cifras de la última década, Venezuela se ubica muy por debajo de otros corredores. En 2018, unas 210 toneladas de cocaína pasaron por el territorio, frente a las más de 2 300 toneladas desde Colombia y más de 1 400 toneladas que atravesaron Guatemala, un país mucho más pequeño. Aun más: el corredor terrestre mexicano movió 2 mil toneladas ese mismo año. El ratio que se mantiene desde 2013 es de 9 a 1 en desfavor de Venezuela, lo que desinfla cualquier intento de sobredimensionar su peso.

Europa, otro escenario. En el mercado europeo —el de mayor crecimiento en los años recientes— los centros neurálgicos están en Ecuador y Brasil, con puertos como Guayaquil, Manaus o Belém, y en la propia selva amazónica, convertida en "superautopista". En 2023 Amberes incautó 121 toneladas de cocaína, la mayoría proveniente de Colombia y Ecuador. Venezuela vuelve a quedar relegada, detrás de factores mucho más relevantes en la cadena logística.

La narrativa estadounidense en entredicho: Quizás el punto más revelador es que las propias Evaluaciones Nacionales de Amenazas de Drogas (NDTA) de la DEA contradicen el relato político que se difunde desde Washington. En palabras del informe:

 "Las dos Evaluaciones Nacionales de Amenazas de Drogas… son explícitas: los grupos que concentran más control… son el Cártel de Sinaloa y el CJNG… Ninguna de sus evaluaciones menciona el Cártel de los Soles ni señala a Venezuela como una amenaza estructural".

Si el "Cártel de los Soles" no aparece en los reportes técnicos de la DEA, ¿de dónde surge la insistencia en nombrarlo como si fuera un actor central? La respuesta está en la geopolítica.

El origen narrativo del cártel

La historia del llamado "Cártel de los Soles" no nació con el Comandante Hugo Chávez ni con el presidente Nicolás Maduro, sino en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional —Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas— fueron acusados de traficar cocaína hacia Estados Unidos. El apodo provino de las insignias en forma de sol que llevaban en el uniforme. La investigación de Guacamaya B señala:

"Más que el nombre de una organización cohesionada, como los cárteles de Medellín o Sinaloa, se convirtió en una etiqueta periodística para la corrupción dentro del ejército, donde los oficiales aceptaban sobornos de grupos criminales para permitir el contrabando de narcóticos y otros bienes, como oro extraído ilegalmente".

El caso se volvió internacional cuando se descubrió que la CIA había colaborado con Guillén Dávila en una operación de "contrabando controlado" que terminó en escándalo. Una tonelada de cocaína terminó en las calles de Estados Unidos sin ningún valor de inteligencia. El episodio, reseñado incluso por 60 Minutes bajo el título "La cocaína de la CIA", expuso tensiones entre la DEA y la propia agencia de inteligencia, y terminó con renuncias en Washington y sin condenas relevantes en Caracas.

En los años siguientes, con la llegada de Chávez al gobierno, la oposición recuperó aquella etiqueta y la amplificó como sinónimo de una supuesta organización criminal estatal. El término, nacido de un par de casos de corrupción militar y de un escándalo de cooperación fallida entre agencias estadounidenses, se transformó en arma discursiva en la confrontación política interna y externa.

De "máxima presión" a Trump 2.0

En marzo de 2020, cuando la estrategia de máxima presión contra Venezuela ya se encontraba en declive, después de sanciones financieras y petroleras, el fracaso del falso gobierno de Juan Guaidó y la falta de apoyo militar directo, el Departamento de Justicia acusó formalmente al presidente Maduro, a Diosdado Cabello y a otros altos mandos.

Lo que ocurrió ahí fue que, ante la falta de resultados, el entonces fiscal general William Barr logró convencer a Trump de optar por enfocar la narrativa en la lucha antidrogas vinculándola con Venezuela, una medida menos arriesgada. Con ese giro, se procedió a presentar cargos contra el presidente Maduro, contra Diosdado Cabello y contra el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, acompañados de recompensas millonarias por información que condujera a su captura. Paralelamente se desplegaron fuerzas navales y aéreas en el Caribe bajo el argumento de una operación antinarcóticos.

Aunque el operativo tuvo un impacto mínimo en el combate al tráfico de drogas, sí consiguió lo que buscaba: generar titulares y proyectar la imagen de un gobierno firme. Así lo relata Ferrer:

"Para resumirlo todo, la idea de impulsar la narrativa del "Cártel de los Soles" en ese momento era comenzar una retirada ordenada. Mostrar al mundo que la administración Trump estaba siendo dura con Maduro, usando el poderío del ejército estadounidense para intimidarlo, pero sin hacer realmente nada para dañarlo".

Cinco años después, en 2025, el libreto se reactiva con nuevas piezas. La investigación en Guacamaya detalla que el gobierno de Trump volvió a usar la etiqueta, ahora combinada con la del Tren de Aragua (TdA). Este fue designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO), lo que permite procesar a cualquiera que lo apoye bajo la ley antiterrorista de EE.UU. En paralelo, el presidente invocó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para acelerar deportaciones masivas de venezolanos, suspendiendo su derecho al debido proceso.

Ferrer subraya que el paso clave aquí fue justificar la expulsión de migrantes como si fueran parte de una "invasión" criminal ordenada desde el exterior. A la par, el Departamento del Tesoro sancionó al "Cártel de los Soles" como "entidad de terroristas globales especialmente designados", aunque sin identificar personas o entidades concretas, lo que permite dejar espacio legal para que compañías como Chevron continuén operando en Venezuela sin ser acusadas de colaborar con el terrorismo.

El papel de figuras como Marco Rubio es central en este entramado, que han logrado encuadrar la narrativa venezolana en términos compatibles con la agenda America First de Trump.

"El Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, ha sido durante mucho tiempo un partidario del cambio de régimen en Venezuela. Podríamos decir que le debe su carrera a la comunidad de exiliados cubanoamericanos, a la que más recientemente se han unido las élites venezolanas exiliadas en el sur de Florida. Lo mismo aplica a sus aliados en el Congreso, como Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, y otros como los político-lobbistas Mauricio Claver-Carone —¿lo recuerdan?— y Carlos Trujillo.

No todos son republicanos; podríamos incluir al senador demócrata Robert Menéndez, aunque recientemente cayó en desgracia después de ser acusado y luego condenado por recibir sobornos de un gobierno extranjero. Y muy a menudo, han estado de acuerdo con 'halcones' o 'neoconservadores' que, a diferencia del presidente Trump, están muy ansiosos por intervenir en los asuntos internos de otros países, como John Bolton y Elliot Abrams, dos de los principales proponentes del cambio de régimen en Venezuela en 2019".

En vez de hablar de un gobierno extranjero hostil, lenguaje que no encaja del todo con la base trumpista, se insiste en que Venezuela está controlada por una organización "narco-terrorista" que amenaza directamente a Estados Unidos.

Así, la etiqueta del "Cártel de los Soles" y la del TdA se convierten en instrumentos discursivos para justificar sanciones, operaciones militares puntuales y, sobre todo, medidas de política migratoria restrictiva. Como resume la investigación citando al analista David Smilde, profesor de sociología en la Universidad de Tulane: "La idea de un 'Cártel de los Soles' ha sido promovida para una intervención, pero Trump la ha reutilizado para estigmatizar la inmigración venezolana".

Sucre y el declive del narcotráfico

La reciente incursión armada contra una embarcación en aguas internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos, que alegó que transportaba drogas, desplazó la atención mediática hacia el oriente de nuestro país, señalando al estado Sucre. Sin embargo, lo que describe la investigación de Ferrer es muy distinto porque la zona sí tuvo un auge vinculado con el narcotráfico —sobre todo entre los años noventa— pero, en la actualidad, atraviesa un declive notorio. La geografía explica por qué estuvo en la mira. La península de Paria, con sus costas frente a Trinidad y Tobago a apenas diez kilómetros, ofrece un corredor natural para enviar cargamentos hacia el Caribe y, desde allí, a Europa.

El texto señala que, durante una época, la actividad ilícita se sintió en ciertos circuitos locales, nunca como un fenómeno estructural ni con coordinación estatal. Más bien se trató de redes menores que aprovechaban la vulnerabilidad de una región periférica y fronteriza, como ha ocurrido en muchas costas latinoamericanas cercanas a rutas internacionales.

Desde 2020 la dinámica ha cambiado. Las fuerzas de seguridad venezolanas han intensificado los operativos de combate al narcotráfico y se han registrado grandes incautaciones, como los 790 kilos de cocaína decomisados en Macuro en febrero de 2025. Un testimonio recogido por Ferrer lo resume así:

"No es ningún secreto que estas costas estaban siendo utilizadas por el narcotráfico, pero con los golpes continuos que han recibido eso se ha ido desmoronando. El dinero que se mueve ahora es más normal, más de trabajo real, no como antes con dinero sucio".

Un pretexto para la presión geopolítica

El despliegue de la Armada de Estados Unidos en el Caribe "es completamente una cuestión de señalización política", argumenta Mark Cancian, asesor principal de defensa y seguridad del Center for Strategic and International Studies y coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE.UU.

"Los barcos no tienen autoridad para hacer cumplir la ley, a diferencia de la Guardia Costera, que normalmente lleva a cabo operaciones antidrogas. Además, no pueden hacer nada en tierra sin el acuerdo del país anfitrión. El ejercicio ha recibido mucha atención, que era el objetivo".

Este despliegue se suma a otras acciones que demuestran cómo la insistencia de Estados Unidos en la narrativa de que Venezuela es un narcoestado carece de fundamentos en la realidad del tráfico de drogas y responde, en su lugar, a intereses políticos.

La historia del "Cártel de los Soles" no busca reducir el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos. Es una construcción mediática utilizada para múltiples fines: movilizar la opinión pública, instrumentalizar el tema migratorio, condicionar decisiones económicas y mantener activa la retórica del cambio de régimen, reciclada de forma recurrente, aunque no asegure resultados de verdadera importancia ni trascendencia.