En rueda de prensa del 1.° de julio, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reveló una compleja trama de conspiración internacional que, desde Colombia y con respaldo logístico de agencias estadounidenses, pretendía ejecutar atentados terroristas en territorio venezolano.

La operación, desmantelada por cuerpos de inteligencia del Estado, ha permitido la detención de múltiples actores implicados en una red criminal dedicada al tráfico de armas, planificación de atentados de alto impacto político y articulación de matrices falsas para justificar posibles agresiones extranjeras contra Venezuela.

Según explicó el ministro Cabello, esta estructura clandestina tenía como objetivo generar caos en el país en vísperas del proceso electoral municipal del próximo 27 de julio, replicando mecanismos de guerra híbrida y operaciones encubiertas promovidas históricamente por sectores de poder en Washington.

La operación encaja en una serie de acciones que el Estado venezolano ha denunciado como parte de una estrategia persistente de desestabilización, en la cual confluyen actores políticos de la extrema derecha local, como María Corina Machado y otros dirigentes opositores, con figuras del poder político colombiano y agencias extranjeras de inteligencia, en particular el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Traslado de explosivos a la capital

El ministro Cabello anunció la captura de Ender Yesid Gómez Soto, ciudadano colombiano cuya misión era introducir explosivos desde Colombia hasta Caracas, donde planeaba detonar cargas en instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Fuerte Tiuna y la Embajada de Colombia.

El detenido portaba dispositivos capaces de activar detonadores eléctricos conectados a cargas de C4 mediante frecuencias radiales. Este tipo de tecnología, con capacidad para activar explosivos a más de tres cuadras de distancia, demuestra el grado de sofisticación de la operación.

Durante su testimonio, Gómez Soto confesó haber sido reclutado por otros ciudadanos colombianos identificados como alias Abel y alias El Flaco.

Según su declaración, recibió pagos para trasladar explosivos y ha estado involucrado en operaciones similares desde 2024, incluso transportando ciudadanos extranjeros, uno de ellos estadounidense, con intenciones de ejecutar atentados contra líderes políticos venezolanos.

"El día 9 de junio del presente año, alias Abel me contactó para trasladarle unos explosivos escondidos en una llanta de repuesto hasta Ureña (Venezuela), los cuales iban a ser entregados a alias el Flaco. Él los iba a trasladar hasta Caracas e instalar en el Fuerte Tiuna, en el CNE, en el TSJ, en la Embajada de Colombia ubicada en Venezuela y por esa misión me dieron la suma de 700 mil pesos colombianos", confesó Gómez Soto.

Las fuerzas de seguridad también detuvieron a otros ciudadanos implicados directamente con esta célula. Entre ellos destacan Eleomar Vargas, alias "Zacarías", y Marlon Meza, quienes portaban fusiles, granadas y teléfonos celulares con información comprometedora.

Las detenciones ocurrieron en operativos desplegados en Caracas, específicamente en Los Ruices, y en regiones fronterizas como el estado Zulia.

El propio Cabello advirtió que "no es solo una operación de narcotráfico, es una trama de conspiración, terrorismo y bandas que han perdido por completo los escrúpulos", añadiendo que se identificaron objetivos estratégicos como sistemas eléctricos, hospitales y embajadas como blancos de esta organización criminal.

El ministro venezolano indicó también que las autoridades han desplegado protocolos especiales en las zonas orientales del país, donde se presume la existencia de células dormidas.

"Todo lo que planea la extrema derecha tiene un fin: generar condiciones en Venezuela para que quien tenga las armas salga y con eso enviar un mensaje a Estados Unidos para que piensen que están haciendo algo y ver si consiguen un traidor a la patria", advirtió.

Asimismo, Cabello recordó que el gobierno venezolano ya había denunciado previamente que Iván Simonovis articulaba planes para provocar explosiones en hospitales y otros espacios públicos. En ese contexto, se incautaron explosivos y detonadores eléctricos en el estado Barinas.

El caso del científico

Dentro de las investigaciones en curso, el ministro Cabello informó sobre la detención de Armando José García Miragaya, ciudadano venezolano y exvicepresidente de Control de PDVSA en 2003. De acuerdo con los elementos presentados, García Miragaya, científico retirado, mantenía comunicación con funcionarios del FBI, a quienes habría suministrado información relacionada con ubicaciones estratégicas en el territorio nacional.

La misión del exfuncionario consistía en proveer coordenadas de infraestructuras críticas, como la refinería de Amuay en Falcón y zonas cercanas a la represa de Guri en Bolívar, para alimentar el expediente de una posible intervención extranjera.

La información enviada tenía como propósito reforzar las acusaciones infundadas de María Corina Machado sobre la supuesta existencia de "bases militares iraníes" en territorio venezolano, un argumento orientado a justificar una posible acción militar contra el país por parte de Estados Unidos o sus aliados.

Cabello fue enfático al señalar que el FBI no actúa de forma autónoma y que estas operaciones responden a una línea estratégica autorizada desde los niveles superiores del poder político en Washington.

Históricamente, el FBI ha participado en operaciones encubiertas fuera de Estados Unidos. Un ejemplo concreto de ello es la "Operación Intering", que trató de una campaña encubierta durante la Guerra Fría en la que el buró, mediante una red de intermediarios y fachadas, saboteaba tecnología enviada a la Unión Soviética.

Por su parte, la CIA era la agencia encargada de la entrega clandestina de armamento y apoyo a grupos en el extranjero, como en la Operación Ajax en Irán (1953) y en la asistencia a grupos anticomunistas en América Latina y otras regiones, complementando así el accionar coordinado de las instancias estadounidenses en intervenciones extranjeras.

"Esto no es una acción improvisada, es una operación encubierta estructurada con el fin de sembrar pruebas falsas que permitan legitimar un ataque a Venezuela", indicó el ministro.

La denuncia pública se produce en un contexto donde Venezuela ha venido alertando sobre intentos de desestabilización ejecutados en conjunto por actores locales, organizaciones criminales transnacionales y enemigos internacionales.

El ministro Cabello vinculó directamente a expresidentes colombianos, como Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana, con las mafias del narcotráfico y conspiraciones contra Venezuela, destacando que sus acciones tienen por objetivo abrir corredores para el tráfico ilegal de armas y drogas con fines políticos.

Asimismo, señaló que un sector de la oposición venezolana continúa buscando provocar escenarios de caos en períodos electorales, como ya intentaron hacerlo durante las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo de 2025.

"Lo que buscan es mostrar que aquí hay una situación fuera de control para enviar señales al Departamento de Estado norteamericano y atraer una intervención internacional", reiteró Cabello.

El funcionario agregó que la operación continúa abierta, y que el Estado venezolano se mantendrá en alerta para prevenir cualquier nuevo intento de desestabilización.

Estas revelaciones, respaldadas por pruebas documentales y testimonios, refuerzan la denuncia sostenida por el Estado venezolano sobre la existencia de una estrategia internacional, promovida desde Washington, orientada a socavar la estabilidad del país: nada nuevo, a pesar de los métodos criminales para intentarlo. Se trata de una operación de largo aliento, donde convergen intereses políticos externos, redes delictivas transnacionales y actores locales alineados con la agenda de "cambio de régimen".