La narrativa del "narcoestado" ha sido una constante en el arsenal discursivo de Estados Unidos para justificar políticas de presión, sanciones ilegales e incluso amenazas veladas de intervención.

En ese contexto, la reciente declaración de culpabilidad de Hugo "El Pollo" Carvajal ante una corte federal de Nueva York, anunciada oficialmente por el Departamento de Justicia el 25 de junio, pone en bandeja de plata una nueva oportunidad para relanzar ese relato, con la habitual carga de dramatismo judicial y retórica de seguridad nacional.

Carvajal se declaró culpable de "conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, narcoterrorismo en colaboración con la extinta guerrilla de las FARC y otros delitos relacionados con armas".

El Departamento de Justicia señala que su participación incluyó "coordinar el envío de toneladas de cocaína, brindar protección armada a los cargamentos y armar a las FARC con explosivos y armas automáticas".

Su sentencia está prevista para el próximo 29 de octubre, y podría enfrentar cadena perpetua.

En el comunicado oficial, el fiscal federal Jay Clayton declaró que "Hugo Armando Carvajal Barrios fue uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Por años, él y otros funcionarios del llamado Cartel de los Soles usaron la cocaína como un arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses con veneno, en alianza con una organización terrorista como las FARC".

En su discurso Washington presenta a Carvajal como un actor central en una supuesta estructura criminal dentro del Estado venezolano. Es evidente que el caso va mucho más allá de los hechos judiciales pues se inserta en una larga operación político-mediática cuyo objetivo ha sido criminalizar al Estado venezolano en su conjunto apuntalando una figura que, desde hace más de una década, sin pruebas verificables, describe a Venezuela como un país controlado por una organización de droga llamada "Cartel de los Soles".

Pero, por encima del juicio y sus tecnicismos, el contexto sugiere que esta movida tiene implicaciones más amplias. Es evidente que se está reactivando una matriz, ya usada con fuerza durante el periodo de "máxima presión" bajo la primera administración Trump, y que ahora se recurre nuevamente a esta fórmula.

Breve prontuario

Hugo Carvajal rompió públicamente con el gobierno venezolano en 2017 y comenzó a alinearse con la oposición extremista. En 2019 dio un paso aun más claro ya que respaldó abiertamente el proyecto Guaidó.

Desde entonces, su trayectoria se convirtió en la de un operador en tránsito hacia la órbita estadounidense.

Detenido en España por una orden de extradición emitida desde Washington, Carvajal logró evadir la justicia durante dos años hasta su recaptura en 2021. En julio de 2023 fue finalmente extraditado como una pieza más del entramado judicial para reforzar las presiones sobre Venezuela.

Declararse culpable puede, en estos términos, implicar no solo una estrategia de reducción de condena sino también la validación que favorece el discurso estadounidense de criminalización contra el país.

Una historia repetida con el mismo guion

El expediente que se le construye ahora al gobierno venezolano por vía de Carvajal se parece en múltiples aspectos al caso del general panameño Manuel Noriega, quien fue utilizado por Washington como excusa para justificar una invasión armada sobre Panamá en 1989.

También fue acusado de narcotráfico luego de ser aliado estratégico de EE.UU. durante años. La referencia no es casual: William Barr, el entonces fiscal en la administración Trump, lo evocó en 2020 cuando acusó al presidente Nicolás Maduro de delitos similares y ofreció 15 millones de dólares por su captura, declarando que "esto ya pasó con Noriega".

La idea de un "narcoestado" no necesita pruebas contundentes. Basta con alimentar un relato sostenido por agencias federales, medios corporativos y operadores judiciales para justificar acciones que violen la soberanía.

La instrumentalización de Carvajal como "testigo estrella" parece funcionar en ese marco con su confesión; Estados Unidos busca revalidar un expediente que, en otras circunstancias, no ha podido sostener.

"El Pollo" es, en este esquema, una mampara útil en el objetivo de reactivar una estrategia de agresión que busca dar continuidad a la agenda del "cambio de régimen".

Cabe destacar que, solo en lo que va de 2025, Venezuela ha logrado incautar más de 3 millones 900 mil dosis de sustancias ilícitas, cifra que supera el total de 2024, según cifras presentadas por el superintendente nacional antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea. "Esto ha sido el resultado del esfuerzo de todos los organismos de seguridad y la fusión popular, militar y policial que nos caracteriza", afirmó el funcionario.

Asimismo, se registró una reducción de 23% en el tráfico de drogas respecto a 2023, gracias a una combinación de medidas estratégicas, acciones conjuntas y cooperación internacional. Venezuela impulsa el Plan Nacional Antidrogas 2026-2031, el cual articula acciones policiales, comunitarias y educativas en línea con los convenios multilaterales sobre control de estupefacientes.

La realidad de la lucha antinarcótica en Venezuela, traducida en datos duros y efectos tangibles, contrasta con una narrativa manida por Estados Unidos, basada en el mismo guion sin evidencias, recicladora del recurso del "Pollo" con la intención de reflotar los titulares sobre el supuesto "narcoestado", que se une a otros elementos como la "inundación criminal" con objetivos desestabilizadores en el país norteamericano por parte de Caracas.

En todo caso, sobre todo en lo que se refiere a Washington, la acusación es una confesión propia.