El 31 de agosto, Guyana intentó instalar un nuevo episodio de tensión al acusar a Venezuela de un supuesto ataque contra un barco que transportaba funcionarios electorales y urnas en aguas por delimitar del Esequibo.

La versión oficial fue difundida por la policía y la Fuerza de Defensa guyanesa, aunque nunca presentaron pruebas concretas, debido a que no hubo coordenadas, registros visuales ni peritajes que la sustentaran.

En consecuencia, la denuncia se perfila como una operación fabricada, destinada a generar un clima artificial de confrontación.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) respondió de inmediato, pues el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, desestimó la acusación como un nuevo fake promovido por mafias guyanesas y trinitenses, al tiempo que advirtió sobre una campaña de falsos positivos orientada a abrir un frente de conflicto en la región.

Precisó que la presencia militar venezolana en la zona fronteriza es estrictamente defensiva y soberana, y reiteró que Caracas no se prestará a provocaciones fabricadas para justificar agresiones externas.

Un patrón de operaciones de bandera falsa

Durante 2025 ya se han registrado varios intentos similares de operaciones de bandera falsa.

El 18 de febrero, Guyana denunció un supuesto ataque a sus tropas en la ribera del río Cuyuní, también en territorio del Esequibo venezolano.

El gobierno de Venezuela calificó esto como un "vil montaje" orientado a manipular la opinión pública y encubrir las violaciones sistemáticas al Derecho Internacional por parte del enclave guyanés.

Además, en abril, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez advirtió sobre otra maniobra en preparación: un ataque simulado a una plataforma de ExxonMobil en aguas pendientes por delimitar.

Ese supuesto atentado serviría de pretexto para responsabilizar a Venezuela y justificar acciones hostiles. La denuncia vinculó directamente a operadores privados como el mercenario estadounidense Erik Prince y a sectores políticos internos, evidenciando la conexión entre intereses corporativos, actores políticos opositores y la agenda de Washington.

De hecho, el 7 de abril, el presidente Nicolás Maduro advirtió sobre la preparación de una operación encubierta, articulada entre ExxonMobil y el gobierno de Guyana, cuyo objetivo sería escenificar un ataque en zonas marítimas en disputa.

Estos intentos reiterados responden al manual clásico de las operaciones de falsa bandera que inician con las acciones encubiertas que atribuyen la culpa al adversario, utilizadas históricamente como justificación para intervenciones, sanciones ilegales o guerras.

En este caso, Guyana aparece como punta de lanza de un dispositivo geopolítico mayor, en el que Washington y transnacionales como ExxonMobil encuentran terreno fértil para avanzar su ofensiva.

Cabe destacar que un rasgo común de estos montajes es la forma en que se etiqueta a los supuestos atacantes: "pandilleros" o asociados al crimen transnacional.

Ese discurso conecta con la estrategia estadounidense de magnificar figuras como el Tren de Aragua o reeditar la narrativa del Cartel de los Soles. Ambas construcciones mediáticas, más cercanas a guiones de Hollywood que a diagnósticos serios, sirven como dispositivos para presentar a Venezuela como una amenaza regional.

De esa manera, incidentes fronterizos como el del Cuyuní o el supuesto ataque en el Esequibo venezolano o ahora, en pleno proceso de elecciones en Georgetown, se transforman en piezas útiles para justificar la agenda de seguridad nacional de Washington, en la que confluyen intereses energéticos, militares y políticos.

La agenda de cambio de régimen

El trasfondo de estas provocaciones no puede desligarse de la agenda de cambio de régimen que promueve Estados Unidos contra Venezuela.

En la actualidad, bajo el doble rol de secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional interino, Marco Rubio ha dejado ver el recrudecimiento de esa política.

Su visita a Guyana el pasado 27 de marzo consolidó a Georgetown como un Estado satélite en la estrategia contra Caracas.

Desde allí, Rubio trazó la hoja de ruta de una ofensiva que combina sanciones, propaganda sobre crimen organizado y operaciones encubiertas de bandera falsa.

El libreto es conocido, ya que se trata de presentar a Venezuela como epicentro del narcotráfico y del terrorismo, para crear condiciones que justifiquen nuevas medidas de presión o incluso acciones militares.

La estrategia actual contra Venezuela es la continuidad de una política de cambio de régimen que se recicla en distintos escenarios.

Hoy se combinan acusaciones mediáticas con narrativas criminales como la reedición del llamado Cártel de los Soles, a las que se suman operaciones de bandera falsa en las fronteras, como acaba de suceder nuevamente en el enclave guyanés.

Todas estas piezas funcionan como un "momento chispa", cuidadosamente fabricado para inflar la percepción de peligro y forzar que el tema venezolano se ponga frente a los ojos del presidente Donald Trump.

Desde hace décadas, Estados Unidos ha apelado al discurso antidrogas y a la etiqueta del terrorismo como coartadas para justificar intervenciones en América Latina y el Caribe.

Lo que hoy se presenta como lucha contra el crimen transnacional o el terrorismo no es más que una pantomima para revestir con apariencia de "legitimidad" lo que en esencia sigue siendo un plan de cambio de régimen.