La acusación de la fiscal estadounidense Pam Bondi contra el presidente Nicolás Maduro —nada menos que de liderar simultáneamente el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y hasta el Cartel de Sinaloa— marca un nuevo hito en la narrativa sin pruebas que Washington insiste en reciclar.

El anuncio fue acompañado por la duplicación de la recompensa por la captura del Presidente, llevándola a 50 millones de dólares. Más allá del ruido, la puesta en escena repite fórmulas ya agotadas: criminalizar al Jefe de Estado venezolano como figura nodal de una supuesta red internacional de narcotráfico, sin presentar pruebas que lo sostengan. La operación no es nueva.

Lo que sí cambia es el alcance delirante del relato, que esta vez pretende asociarlo no con una, sino con tres estructuras criminales disímiles, rivales entre sí y, en algunos casos, enfrentadas con el propio Estado venezolano.

El eterno retorno del guion

La figura del "narcoestado venezolano" ha sido una construcción narrativa sostenida por más de una década, sin que hasta la fecha haya prosperado ninguna acusación seria en cortes internacionales. El más reciente intento por resucitarla provino del caso de Hugo "El Pollo" Carvajal quien, tras años de prisión y presiones judiciales, finalmente se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Una confesión tardía, obtenida bajo condiciones cuestionables, que sirve menos para esclarecer hechos y más para mantener con vida una figura que ya había entrado en descomposición: el llamado Cartel de los Soles.

Según el relato instalada desde hace más de una década, se trataría de una red de generales venezolanos involucrados en el narcotráfico, en alianza con cárteles colombianos y mexicanos.

Sin embargo, como demuestra Fernando Casado Gutiérrez en su obra El Cártel de los Soles: El nuevo invento para atacar a Venezuela, este expediente se sostiene sobre especulaciones mediáticas, testimonios sin pruebas y operaciones encubiertas de agencias estadounidenses como la DEA y la CIA.

El término no describe una organización real con jerarquía, territorio o modus operandi sino un concepto construido para reemplazar el mito agotado de la narcoguerrilla de las FARC. Su narrativa se alimenta de desertores, exfuncionarios en conflicto con el chavismo o prófugos que ofrecen supuesta información a cambio de protección o reducción de condenas, como Leamsy Salazar, Rafael Isea o Eladio Aponte.

Casado explica con detalle el ciclo de lavado informativo que da forma a esta fábula. Un testimonio sin verificación se convierte en titular de prensa en medios como ABC, El País, el Wall Street Journal o el Washington Post, y luego es citado por otros medios, por fiscales en EE.UU. o incluso en informes del Congreso como si se tratara de evidencia judicial sólida.

El resultado es un relato fabricado, en el que la propaganda sustituye la prueba y la acusación sustituye la investigación. Así, se da por sentado que existe un cártel sin necesidad de mostrar pruebas materiales ni presentar cargos consistentes.

Mientras tanto, se ignoran datos objetivos: Venezuela ha logrado cifras récord de incautación de drogas en 2025, lo que supera ampliamente los registros de años anteriores, y sostiene operativos constantes contra estructuras del narcotráfico. Esta contradicción revela que el objetivo de impulsar el mito del "Cártel de los Soles" es justificar sanciones e intervenciones.

Tampoco es menor el hecho de que la DEA —principal fuente de las filtraciones— ha sido señalada por escándalos de corrupción, protección a narcos, violaciones y encubrimientos. Venezuela expulsó a esa agencia en 2005 por esos mismos motivos.

El Tren de Aragua: mito, espectáculo y función

Hasta hace poco el Tren de Aragua (TdA) era un grupo delictivo de proyección local, limitado a dinámicas carcelarias dentro de Venezuela, con escasa presencia mediática fuera del país. Su salto al estrellato internacional respondió a un fenómeno claramente perceptivo; fue construido como amenaza mediante una operación amplificada por medios especializados, agencias y sectores del aparato político estadounidense.

El punto de inflexión fue el año 2023, cuando medios como Insight Crime, OCCRP, CNN, Telemundo y The Economist comenzaron a posicionar el TdA como una organización criminal transnacional con alcance continental. Una investigación de esta tribuna documenta que dicha construcción fue simultánea con una intensificación de la narrativa antimigratoria en Estados Unidos y con el endurecimiento del discurso electoral de Donald Trump, Marco Rubio y Rick Scott. En cuestión de meses el TdA pasó de ser un grupo desconocido a convertirse en la excusa perfecta para leyes como la Ley Laken Riley, propuestas de activar Guantánamo como centro de detención de migrantes y presiones para declarar Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo.

Lo más grave no es la sobreexposición mediática del TdA sino el vínculo insinuado —pero jamás demostrado— entre esta organización y el Estado venezolano. En la mayoría de los casos presentados como "pruebas" de su expansión, se trata de individuos venezolanos sin historial judicial comprobado como miembros activos del grupo. Muchas veces se habla de presuntas afiliaciones, relaciones familiares o simples nacionalidades para sugerir una conexión estructural. Ser venezolano se convierte así en categoría sospechosa por defecto.

Por otro lado, se omiten deliberadamente las intervenciones penitenciarias que el Estado venezolano realizó en 2023 para desmantelar el control criminal de Tocorón, sede fundacional del TdA, y la caída visible en sus operaciones internas desde entonces. En lugar de valorarse como una acción de soberanía y combate al crimen, estas medidas fueron recicladas como un signo de debilidad estatal o como evidencia de que el grupo existía.

¿Jefe del Cártel de Sinaloa? La acusación más delirante

De todas las afirmaciones lanzadas por Pam Bondi en su declaración contra el presidente Nicolás Maduro, tal vez la más delirante es aquella que lo vincula directamente con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más antiguas, complejas y violentas del hemisferio. La acusación ignora la naturaleza interna del cártel y su historia en México, así como su profunda y comprobada relación con estructuras del poder estadounidense.

Para desmontarla, basta revisar textos como el publicado por el periodista Ioan Grillo en CrashOut, titulado "La caída del narcorey". Allí se narra, con base en fuentes judiciales y testimonios de exintegrantes de la instancia, la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, el veterano líder del Cártel de Sinaloa, considerado por muchos como su verdadero jefe por encima de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Zambada fue arrestado en julio de 2024 tras más de medio siglo de impunidad, una vida dedicada al tráfico de drogas sin haber pisado jamás una celda. Su captura fue presentada por el fiscal Merrick Garland como un "duro golpe contra el fentanilo", pero la realidad detrás de su detención está rodeada de sospechas. Según el Wall Street Journal, El Mayo fue atraído a El Paso, Texas, mediante una operación encubierta del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, usando como señuelo al hijo de El Chapo. Supuestamente, Zambada pensaba que iba a inspeccionar pistas clandestinas o cultivos de droga en otra parte de México, pero terminó aterrizando esposado en Estados Unidos.

Otros periodistas, como Luis Chaparro, afirman que se trató más bien de un acuerdo encubierto para entregarse voluntariamente. Chaparro incluso presentó una conversación con el nieto del capo, en la que este le decía que su abuelo "solo quería ver a Vicentillo" —su hijo, testigo protegido de la DEA—.

Este detalle no es menor. Vicentillo Zambada Niebla intentó usar en su juicio la llamada defensa de autoridad pública, alegando que su padre (El Mayo), El Chapo y otros miembros del cártel colaboraban regularmente con agencias como la DEA e ICE para brindar información y recibir protección. Aunque el juez no permitió que esta línea de defensa avanzara, el solo hecho de que fuese planteada formalmente en una corte federal habla de los profundos vínculos entre esta organización mexicana y las estructuras de inteligencia y justicia de Estados Unidos.

Incluso se ha documentado que el histórico traficante cubano Antonio Cruz Vázquez, vinculado con El Mayo en los años 1970, tenía relaciones con la CIA. Y no hay que olvidar el papel de Margarito Flores, uno de los grandes distribuidores de cocaína del Cártel de Sinaloa en EE.UU., quien declaró que El Mayo era "uno de los empresarios más feroces pero también más justos", testimonio que refleja cómo este liderazgo criminal estaba incrustado y tolerado por años en la economía subterránea del Norte Global.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no existe ninguna investigación ni evidencia que vincule al gobierno venezolano con el Cártel de Sinaloa.

Ficción acusatoria para intereses imperiales

La acusación contra Nicolás Maduro de liderar simultáneamente tres organizaciones criminales carece de sustento jurídico y político. Lo que sí revela es una estrategia sostenida para mantener Venezuela bajo presión, legitimar sanciones y ampliar el margen de maniobra de Estados Unidos en el continente.

Estas imputaciones se alimentan de operaciones mediático-judiciales que combinan propaganda, testimonios sin respaldo y espectáculos mediáticos de alto impacto, como la recompensa millonaria anunciada por Bondi.

Todo ello convive con una contradicción evidente: mientras se multiplican las acusaciones sin pruebas, Washington mantiene canales de negociación con Caracas para asegurar petróleo y estabilidad energética.

Se trata de un mecanismo de criminalización integral, en la que el narcotráfico es el pretexto para proyectar Venezuela como una amenaza hemisférica y sostener su condición de país bajo asedio permanente. Todo lo que, sin duda, se alinea con el grupo que sustenta a Rubio, garante institucional estadounidense de una estrategia del garrote y el policía malo en torno al gobierno del presidente Maduro.