La sede de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) cerró este lunes 3 de febrero y la mayoría de los empleados trabajará de forma remota, informó el Washington Post, citando un correo electrónico recibido por los empleados de la organización.

La entidad, presente en más de 100 países y con más de 9 mil empleados, cuyo historial financiando y orquestando revoluciones de color y golpes de Estado en países no alineados a EE.UU. es amplio, muy posiblemente dejará de ser el máximo órgano del gobierno federal para canalizar "ayudas externas". 

Según la agencia Reuters, el presidente Donald Trump está sopesando despojarlo de su independencia y ponerlo bajo el control del Departamento de Estado.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha pasado a ser su administrador interino por orden del máximo mandatario.

La Usaid se ha desempeñado históricamente como un brazo operativo del estamento político estadounidense, y se ha caracterizado por crear redes que operan independientemente y de manera paralela a las instituciones nacionales. Funcionarios señalan, de hecho, que la Seguridad Nacional de Estados Unidos está basada en tres pilares: Defensa, Diplomacia y Desarrollo, áreas dirigidas respectivamente por el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la Usaid.

Aunque ha operado de manera multiforme, uno de los métodos privilegiados de la agencia ha sido sustituir lentamente, y de forma colateral, las tareas de los gobiernos y partidos políticos mediante el apoyo a redes de empresas y ONG. Estas acciones son utilizadas para controlar países de forma indirecta a través del soft power y derrocar gobiernos independientes de Washington mediante revoluciones de colores.

Musk en contra de la Usaid

El cierre de su sitio web el sábado 1 de febrero fue el primer paso hacia la "reevaluación y realineación de la ayuda extranjera estadounidense" decretada por Donald Trump el pasado 26 de enero. En paralelo, Elon Musk, magnate y codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) acusó a la Usaid de:

• Financiar investigaciones con armas biológicas, incluido un laboratorio dedicado a la propagación del coronavirus.
• Sobornar medios de comunicación para que "entierren la noticia o difamen a sus detractores".
• Participar en la producción de heroína en Afganistán y en los golpes de Estado en Haití, Ucrania, Egipto y otros países.
• Estar relacionada "en múltiples ocasiones con actividades de inteligencia". Su exdirector John Gilligan admitió que el organismo "estaba impregnado de arriba hasta bajo por funcionarios de la CIA" y explicó que "la idea era infiltrar agentes en cada tipo de actividad que lleváramos a cabo en el extranjero: gubernamental, voluntaria, religiosa, cualquier otra".

A continuación X —antes Twitter—, su empresa de microblogging, eliminó la cuenta de la agencia, ante lo cual Musk comentó que "Usaid es una organización criminal. Es hora de que muera". No sin antes resaltar que era "un nido de víboras marxistas radicales de izquierda que odian Estados Unidos".

Por su parte, el presidente estadounidense afirmó a la prensa que la agencia "ha sido dirigida por un puñado de lunáticos radicales y los estamos sacando [...] y entonces tomaremos una decisión". Así confirmó su determinación de congelar la asistencia exterior —por tres meses como mínimo— para revisar si está alineada con su agenda presidencial.

Una herramienta "suave y efectiva”

Sectores políticos de Estados Unidos, en especial del Congreso, han manifestado su preocupación respecto a los planes de Trump con la instancia, dado que "podría volverse más pequeña y más politizada, sin la capacidad de dirigir su propio programa". Esto se enfoca, sobre todo, en la competencia por la influencia global que sostiene Estados Unidos con China, sin embargo la idea de mermar su independencia no es nueva y ya hubo un intento por parte de Trump en su primera gestión para limitarla.

El senador demócrata Chris Murphy fue elocuente al declarar que "es una idea terrible desmantelar funcionalmente una de nuestras herramientas de poder blando más efectivas".

En el caso de Venezuela, la injerencia vía Usaid data desde el golpe de Estado ejecutado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Se ha mantenido bajo distintos formatos que van desde revoluciones de color (años 2014 y 2017) hasta el financiamiento a muchas ONG bajo el relato fabricado de la violación de derechos humanos, apuntalado por una constelación de medios de comunicación y organizaciones políticas bien respaldadas por la agencia, como se ha demostrado en documentos públicos.

Ha sido el músculo operativo de un importante sector de la oposición, que se subió al carro del cambio de régimen, enmascarado a través de programas de apoyo y entrenamiento a las ONG y organizaciones políticas, ampliamente documentados en investigaciones sobre el tema.

Entre tantos casos destaca el más reciente, cuyo despliegue fue el más importante: los cientos de millones de dólares erogados en el marco de la "crisis humanitaria" instalada a partir del asedio económico desencadenado con las casi mil sanciones ilegales aplicadas contra el país desde 2014. Ante el declive de la economía nacional y las condiciones de vida de la población, la agencia se dedicó a financiar aparentes respuestas a una "emergencia humanitaria compleja" basada en diagnósticos propios e intencionados.

Con esa excusa, se fraguó un intento de incursión extranjera al territorio venezolano, pero también buena parte del llamado Plan Guaidó, que consistió en una red de corrupción y saqueo de activos nacionales mediante el patrocinio de Washington a un falso gobierno interino. Este proyecto de cambio de régimen contó con todo el apoyo de Trump —y de la Usaid— en su momento.

¿Un giro de Trump?

A pesar de que en su primera administración Trump respaldó dicho plan, una fuente dijo a Financial Times que el mismo magnate "considera que los opositores [venezolanos] son unos perdedores" y que "les dio mucho y fracasaron. No hay forma de que vuelva a tomar ese camino".

En abril de 2021 un inspector de la Usaid elaboró un informe en el que "duda" sobre las motivaciones que tuvo el gobierno republicano en 2019 debido a que la "ayuda humanitaria" no fue implementada bajo "los principios humanitarios de neutralidad, independencia y basada en evaluaciones de necesidades" sino que respondió en parte a la campaña del gobierno de Trump para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Anthony Daquin, experto en asuntos de seguridad que se encuentra en Estados Unidos, acusó a figuras del "gobierno interino" como Carlos Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó de desviar fondos otorgados por la Usaid, junto a decenas de ONG, en desembolsos que alcanzaron más de 856 millones de dólares. El analista reveló que, en 2019, Vecchio firmó un monto con Mark Green, entonces director de la Usaid, por 116 millones de dólares, los cuales fueron desviados.

En octubre de ese año fueron entregados otros 98 millones de dólares mediante un presunto "acuerdo de cooperación". Otro registro audiovisual detalla que 56 millones le fueron entregados aparte a Vecchio y a Borges con el fin de "restaurar la democracia" en Venezuela. Además, el exsecretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, declaró en 2020 que la Usaid confirió al "gobierno interino" 200 millones de dólares.

Foro Cívico, una coalición de ONG conformada en torno a la agenda de cambio de régimen en Venezuela, jugó un rol estelar en la vinculación con la Usaid, de la mano de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Allí concurren otras organizaciones: Movimiento Ciudadano Dale Letra, Acción Solidaria, Fetrasalud, Monitor Salud, Observatorio Electoral Venezolano, Academia Nacional de Medicina, Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase), Unión Vecinal junto a otros académicos y activistas.

La Usaid también participó en la coordinación directa e inyección de recursos para las elecciones primarias de la oposición realizadas en octubre de 2023 como punto de partida de la llamada "ruta electoral". Así lo formuló desde finales de 2022 la entonces administradora asistente para América Latina y el Caribe, Marcela Escobari, quien reiteró la necesidad de elevar la presión contra Venezuela. Indicó que la agencia estaba enfocada en las "elecciones presidenciales en 2024 y las elecciones legislativas y regionales en 2025", y que las primarias eran una oportunidad para que la oposición "reconstruya la unidad y recupere el impulso".

De allí que el sector extremista liderado por María Corina Machado, que se negaba a ir a elecciones, optó por incorporar su plan golpista en el proceso comicial de 2024, lo que se demostró luego de que no aceptara los resultados favorables a Maduro como paso previo para una nueva jornada de golpismo y violencia política.

Tanto el Plan Guaidó como la ruta electoral no dieron los frutos esperados por las élites estadounidenses debido a que no lograron desalojar al presidente Maduro del poder y, en la actualidad, la oposición ha perdido su músculo de convocatoria y movilización, así como la iniciativa en general.

En caso de que se trate de un giro en la política intervencionista de Trump, este sería sobre su propio eje. Más allá de las acusaciones de colaborar con movimientos del campo de la izquierda y el progresismo, que no son falsas, está el uso de dicha agencia por parte del mismo magnate en su gobierno anterior y su intención de reseteo sobre la Usaid luego de evaluar los resultados obtenidos en anteriores ocasiones.

Por otra parte, el ala extremista de la oposición experimenta un momento crítico debido a que sus fuentes de financiamiento se ven limitadas. Si la agencia estadounidense con mayor capacidad de desembolso ha cerrado el grifo y la élite empresarial nacional abandonó la ruta conspirativa, no pareciera haber en el horizonte alternativas sólidas para replantear su modus vivendi tradicional: extraer recursos de EE.UU. para sostener la economía circular del cambio de régimen y el lucro personal.