Marco Rubio es uno de los principales arquitectos de la ofensiva contra Venezuela, al punto de lograr que su obsesiva agenda personal encuentre atención en la Casa Blanca. Sus pasos revelan un cálculo sostenido que ha terminado influyendo en las decisiones presidenciales.

El susodicho ha intensificado de manera deliberada el discurso que busca presentar a Venezuela como una amenaza para la seguridad regional.

Aunque esta narrativa no es nueva, la estrategia combina acusaciones mediáticas con la difusión de temas como el "Tren de Aragua", la reedición del "Cartel de los Soles" y la constante promoción de operaciones de bandera falsa en las fronteras, todas ellas diseñadas para amplificar la percepción de peligro.

Estos elementos funcionan como un "momento chispa", construido adrede para captar la atención del presidente Donald Trump y presionar para que la agenda sobre Venezuela sea priorizada.

Se trata de un plan básico y conocido: Estados Unidos históricamente ha recurrido al discurso antidrogas como justificación para intervenciones en América Latina.

Desde la declaración de la "guerra contra las drogas" por parte de Nixon a finales de los años 1960, el gobierno estadounidense ha empleado este marco para intervenir política y económicamente, de manera encubierta y, en ocasiones, militarmente en países como Panamá o Granada.

En el caso venezolano, se aplica ese manual, pues se normaliza la idea de que el país constituye un "peligro real" para la seguridad internacional y, una vez que esta percepción se haya asentado, aplican la escalada premeditada.

La orden ejecutiva

Por eso no pasó inadvertida la publicación del pasado 8 de agosto del New York Times, en la que revelaban que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una Orden Ejecutiva dirigida al Pentágono que autoriza el uso de la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

La exclusiva se enlazaba de inmediato con los señalamientos hechos días antes por Rubio, quien venía insistiendo con fuerza en la necesidad de habilitar al ejército para actuar contra estos grupos.

El exsenador aseguró que el ejército estadounidense tenía aprobación para emprender acciones agresivas contra los cárteles: "Esto nos permite ahora apuntar a lo que están operando y utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para apuntar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo". Y concluyó:

"Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de tráfico de drogas".

Después de eso, diversos medios de comunicación informaron sobre un importante despliegue militar estadounidense en la región. Reuters reportó que aparentemente tres destructores con misiles guiados Aegis se aproximarían a las costas de Venezuela.

Las declaraciones de Rubio, en realidad, no sorprenden, ya que encajan en su repetido libreto. De hecho, aun cuando no mencione directamente a Venezuela ni a ningún otro país de la región, no hace falta resolver una integral matemática para entender hacia dónde apunta.

Forzar las excusas

Rubio comenzó a trazar la hoja de ruta desde Guyana en marzo, luego del desastroso debut que tuvo en su primera gira como jefe diplomático estadounidense.

En ese enclave, el funcionario firmó un memorándum en materia de seguridad, facilitando condiciones futuras para las operaciones de bandera falsa contra Venezuela y así armar los pretextos para intervenir. Rubio expresó:

"Si tenemos información de que alguien ha entrado a su país (Guyana) con malas intenciones, queremos poder compartirla con su gobierno. Tenemos información sobre un miembro de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela. Queremos asegurarnos de que tengamos colaboración y compartir noticias. Si tenemos información de que algunos narcotraficantes se están estableciendo aquí, queremos compartirla con ustedes”.

Y, por otro lado, fiel a su discurso agresivo, calificó sin pruebas a Venezuela como un "régimen narcotraficante" con "reclamos territoriales ilegítimos" y advirtió, nuevamente, que cualquier acción de Caracas contra Georgetown o ExxonMobil tendría "graves consecuencias".

Guyana ofrece condiciones ideales para funcionar como un puesto de avanzada de los intereses geopolíticos de Washington en la región. El secretario cubano-estadounidense, con su incesante fijación en Caracas, ha identificado en este enclave un frente oportuno para alimentar su plan desestabilizador, articulando alianzas locales y preparando el terreno para futuras operaciones de presión sobre el gobierno venezolano.

Por otro lado, en el catálogo de pretextos necesarios que requiere la clase política estadounidense en contra de Venezuela, se recuerda que en julio la declaración de culpabilidad de Hugo "El Pollo" Carvajal ante una corte federal de Nueva York sumó a la reedición de la agenda del "narcoestado".

Carvajal, quien se declaró culpable de conspiración para importar cocaína y narcoterrorismo, es presentado como parte del "Cartel de los Soles".

A pesar de la ausencia de pruebas contundentes, este relato se mantiene mediante la difusión mediática y las acusaciones judiciales, reforzadas por confesiones como las del propio Carvajal.

Así, pues, la confesión actúa como un "factor legitimador" que facilita a la administración estadounidense presentar acciones coercitivas.

Los medios han hecho su papel

La complicidad entre el grupúsculo liderado por Rubio con personajes como María Corina Machado se ha alineado con la maquinaria de desinformación mediática, contribuyendo a la política contra Venezuela.

Desde el espectro mediático se estimuló la pantomima del narcotráfico en la órbita de la "amenaza para la seguridad nacional":

• En enero, Bret Stephens escribió en el New York Times que Venezuela representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, proponiendo "diplomacia coercitiva" y dejando abierta la opción de usar la fuerza.
• En marzo, el New York Post publicó un artículo titulado "El FBI intensifica operaciones contra cartel vinculado con el régimen represivo de Maduro en Venezuela", reavivando la vieja narrativa del "Cartel de los Soles".

Mientras tanto, Rubio encontró eco en voces internas de la oposición venezolana, como María Corina Machado, quien, fiel a su línea política claramente desalineada con los intereses nacionales, llegó a afirmar:

• "¿Quién es el gran aliado de Putin en América Latina? Nicolás Maduro. ¿Quién es el gran aliado del régimen iraní en América Latina? Nicolás Maduro. Venezuela es el único otro país en el hemisferio occidental, además de Estados Unidos, que tiene capacidad de construcción de drones de combate, obviamente de origen iraní".
• "Venezuela está a horas de Florida, no a la distancia de Teherán. Eso constituye una amenaza real".
• "Quiero ser muy clara: esto no tiene nada que ver con un 'cambio de régimen'. No se trata de cambiar un régimen político. Se trata de desmantelar una estructura criminal que representa la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos".

Las declaraciones de Machado reflejan una irresponsabilidad calculada, destinada a alimentar la narrativa de amenaza y a respaldar la agenda de intervención promovida por actores externos. Su intención se orienta a nutrir el clima de alarma que Rubio busca instalar en la administración Trump.

Los eventos descritos forman parte de una estrategia cuidadosamente planificada, cuyo objetivo consiste en crear un caldo de cultivo que justifique acciones estadounidenses contra Venezuela.

Cada paso, cada declaración y maniobra política decantó finalmente en la Orden Ejecutiva del 8 de agosto, aunque el terreno había sido preparado mucho antes, dejando patente que el plan lleva inequívocamente la marca personal de Marco Rubio.

La estrategia de manipulación y construcción de pretextos contra Venezuela se acelera en un contexto estratégico favorecido por la posición de Rubio en la Casa Blanca.

Hasta ahora, el despliegue naval no ha sido confirmado oficialmente (más allá de los reportes en medios), pero existe una Orden Ejecutiva que, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, faculta la movilización de fuerzas en la región.

Esta medida no surge de manera aislada: su punto de inflexión se produjo en mayo, tras el escándalo del entonces Consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y la reconfiguración del ecosistema interno de la administración, que consolidó la influencia de Rubio como Secretario de Estado y, de manera interina, como Consejero de Seguridad Nacional.

Desde esa posición estratégica, Rubio amplió su capacidad de acción más allá de la diplomacia, influyendo directamente en la arquitectura de seguridad estadounidense con impacto internacional.

A grandes rasgos, la lógica de esta agenda recuerda la invasión de Irak en 2003, cuando el gobierno de George W. Bush utilizó el falso testimonio de "Curveball" para justificar una intervención militar basada en amenazas inexistentes.

Aunque esas acusaciones se demostraron falsas, la manipulación de la información ya había creado el marco necesario para actuar con legitimidad aparente.

En el caso venezolano, la combinación de acusaciones judiciales, operaciones mediáticas y movimientos estratégicos dentro del primer círculo de influencia de la Casa Blanca demuestra que esta administración estadounidense sigue un patrón histórico.