A su regreso a la Casa Blanca Donald Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas, seis de las cuales corresponden al asunto migratorio, fenómeno caracterizado por el mandatario como una "invasión" al suelo estadounidense.

Luego de declarar una "Emergencia nacional" en la frontera sur, también emitió otra orden ejecutiva para esclarecer el rol de las fuerzas armadas en la "defensa de la integridad territorial" de su país y de esta manera disponer de recursos excepcionales militares que sean destinados a "asegurar" la frontera, las ciudades y "detener y expulsar inmediatamente" a toda persona en situación de inmigración ilegal.

Estas acciones incluyen el encarcelamiento de personas de manera expresa, sin autorizaciones judiciales.

Las medidas del magnate han sido objeto de polémica. Eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento, el cual aparece garantizado en la misma Constitución estadounidense, ha levantado un escándalo, por lo que un juez federal ha instruido frenar la medida por clara "inconstitucionalidad".

Medidas con afectación directa a venezolanos

Trump también eliminó el llamado "parole humanitario" de la era Biden. Esta orden también cerró la aplicación CBP One con la que los migrantes en México podían solicitar una cita en alguno de los puntos fronterizos y optar por un beneficio que les permitiera ingresar legalmente al país.

Venezolanos que se encontraban en el tapón del Darién o en México en espera de entrada a suelo estadounidense fueron afectados con la anulación abrupta de dicha aplicación.

Creado en octubre de 2022 y ampliado en enero de 2023, el parole humanitario permitió primero a inmigrantes de Venezuela y, luego, de Cuba, Nicaragua y Haití, ingresar legalmente a Estados Unidos después de que un patrocinador financiero hiciera la solicitud ante las autoridades en la materia.

Tras recibir la autorización, los beneficiados obtenían dos años de estancia en el país y un permiso de trabajo.

Las cifras oficiales también indican que más de medio millón de personas fueron beneficiadas por la iniciativa que permitía la llegada de unos 30 mil inmigrantes mensuales. Los más favorecidos fueron los haitianos, con 211 040, seguidos de los venezolanos con 117 330, los cubanos con 110 240 y los nicaragüenses con 93 070.

Según la oficina del Censo de los Estados Unidos se declara la presencia de más de 814 mil venezolanos en suelo estadounidense, aunque el número de inmigrantes en situación irregular es difuso. Sin embargo, el número estimado de "ilegales" se calcula en 12 millones de personas. La magnificación de la presencia venezolana ilegal en Estados Unidos es claramente injustificable.

Trump ha instalado en el tope de su narrativa a los venezolanos y ha designado el "Tren de Aragua" como organización terrorista extranjera. No obstante, podría considerarse que el uso excesivo de este tópico sin distinciones, en referencia a los venezolanos, deriva en la estigmatización general del gentilicio.

La eliminación del parole ordenada por Trump significa que no serán procesadas más solicitudes, y los inmigrantes que estaban a la espera de su autorización de viaje ya no la recibirán. Los que sí la recibieron y no viajaron —a pesar del tiempo de gracia que tenían para llegar a Estados Unidos— tampoco podrán hacerlo.

El mandatario estadounidense ha activado operativos masivos de búsqueda y captura de inmigrantes en situación ilegal, lo que ha incrementado el riesgo personal de los venezolanos en suelo estadounidense.

El carácter policial y militar de esta decisión migratoria podría desbocarse en prácticas discriminatorias y amenazantes contra connacionales del país sudamericano, independientemente de su estatus.

Muchos venezolanos en suelo estadounidense no han logrado actualizar su situación acorde a los mecanismos del parole, que había sido suspendido en agosto. Estos esperaban por el procesamiento de citas que habían sido dilatadas y ahora han quedado en situación irregular contra su voluntad y pese a sus gestiones.

Las redes sociales se han saturado estos días con contenidos de ausentismo laboral en campos, infraestructuras, servicios de restaurantes y otras actividades económicas realizadas por inmigrantes irregulares. En el caso de los venezolanos, podrían perder sus empleos y su situación de vulnerabilidad económica se incrementaría.

Dirigentes de la oposición radical venezolana guardan silencio

El autoproclamado "presidente electo" Edmundo González Urrutia y María Corina Machado sostuvieron una conversación con Marco Rubio, máximo responsable del Departamento de Estado, por vía remota, aunque González se encontraba en Washington en el momento de la reunión on line. 

Los puntos debatidos no han sido explicados a detalle ante el público; ni el Departamento de Estado, ni Machado, ni González declararon algún elemento sobre el tema migratorio y la situación de los venezolanos, considerando la relevancia del problema.

De hecho, ni las redes sociales de Machado ni las de González se refieren al contenido de la reunión. Tampoco ha habido un pronunciamiento público de las instancias políticas que dicen representar, ni como organizadores políticos ni como supuesto "gobierno" del "presidente electo".

Recientemente, la Unión Europea (UE) anunció una nueva asignación de 113 millones de euros en "ayuda humanitaria" destinada a venezolanos en países de América Latina.

La comisaria de Gestión de Crisis de la UE, Janez Lenarčič, indicó que "la situación en Venezuela ha alcanzado niveles críticos", por lo que "la ayuda humanitaria es esencial para aliviar el sufrimiento de quienes más lo necesitan y apoyar a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema", declaró Lenarčič.

Luego de este anuncio, Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio y David Smolansky fueron vistos en un restaurante en Miami, reviviendo denuncias de la malversación de la "ayuda humanitaria" a Venezuela y el lucro a expensas de la migración de sus nacionales.

Smolansky, específicamente, ocupó el cargo de Comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, justo en la época del gobierno fake de Juan Guaidó.

Hasta el momento, ninguna de estas figuras se ha pronunciado públicamente por las medidas perjudiciales contra inmigrantes legales e ilegales venezolanos.

El silencio de los opositores venezolanos es políticamente funcional para dos fines:

• El primero: no contrariar las acciones intimidantes, abiertamente discriminatorias y hasta inconstitucionales de Donald Trump, para evitar no afectar el apoyo que esperan conseguir.
• El segundo: buscar oportunidades y consolidar objetivos particulares, tanto políticos como económicos, en el desarrollo de una nueva "ola" migratoria.

Edmundo González y María Corina Machado esperan que Estados Unidos les haga efectivo el reconocimiento como "gobierno electo" de Venezuela. Además, instan a que Washington no se articule con Caracas en asuntos en los que no existen convergencias, ya que sería un golpe político mortal.

Uno de ellos es la repatriación de connacionales, aspecto prioritario en una posible agenda de negociación directa Caracas-Washington, que eclipsaría a Machado y a González. Que no se llegue a un acuerdo en este sentido entre Trump y Maduro derivaría en una política de dejar a venezolanos deportados varados en México o enviarlos a terceros países, lo que prolongaría su situación de vulnerabilidad.

En los hechos, los representantes del sector extremista de la oposición, caracterizados por sus incesantes mensajes de desmoralización nacional, promotores y beneficiarios de la migración venezolana, se posicionan ahora del lado de la cacería y la persecución arbitraria contra sus compatriotas en suelo estadounidense mediante posturas silenciosas, claramente acomodaticias y funcionales a intereses políticos y económicos concretos, lo cual los monta en el carro narrativo de la estigmatización y la criminalización del gentilicio.

De esta forma, Machado y González certifican que su interés en el bienestar de los migrantes venezolanos en EE.UU. tiende a cero. Daños colaterales.