La vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, alertó sobre una operación de falsa bandera en aguas pendientes por delimitar entre Venezuela y Guyana.

"Tienen pensado atacar una plataforma de la ExxonMobil en un mar en el Esequibo que está pendiente por delimitar y que Guyana violenta vulgarmente cada día. Al atacar esta plataforma van a tener una justificación para agredir a Venezuela", denunció la alta funcionaria venezolana desde el estado Bolívar el 5 de abril de 2025.

En esta maniobra estaría involucrado el mercenario estadounidense Erik Prince y María Corina Machado, lo que desnuda la trama de fabricar un casus belli orientado para provocar una escalada contra Venezuela.

Además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) afirmó, mediante un comunicado oficial, que se trata de un intento más de reeditar la fórmula imperial del falso positivo para activar una agresión directa o indirecta contra un Estado soberano. En dicho pronunciamiento se subraya que Venezuela, en consonancia con el mandato popular expresado en el referéndum del 3 de diciembre de 2023, reitera que el Esequibo es parte integral de su territorio y que no se tolerarán provocaciones ni violaciones al Acuerdo de Ginebra.

Este 7 de abril el presidente Nicolás Maduro expuso que se está planificando una operación encubierta coordinada entre ejecutivos de la ExxonMobil y autoridades de Guyana para simular un ataque en aguas por delimitar.

Las alertas

Desde inicios de este año Venezuela ha denunciado una serie de incidentes que revelan un patrón de provocación sistemática, con el objetivo de construir una narrativa de victimización que justifique una intervención extranjera.

Uno de los antecedentes más alarmantes ocurrió el 18 de febrero, cuando el gobierno de Guyana propagó un supuesto ataque de "venezolanos armados" en la ribera del río Cuyuní, que dejó presuntamente seis soldados heridos.

Caracas desmintió la versión calificándola como un "vil montaje" y atribuyéndola a una operación de falsa bandera para encubrir la creciente militarización del área con apoyo de Estados Unidos.

Incluso, el presidente venezolano informó recientemente que las personas involucradas en eso confesaron que les pagaron una inmensa suma de dinero y que los forzaron durante varios días para que hicieran la acción antes del 19 de febrero, fecha cuando daba comienzo la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom).

"Yo oficialmente informé a un grupo de primeros ministros de Caricom que esto estaba aconteciendo", agregó el mandatario.

Asimismo, en aquel momento, la información preliminar indicó que los heridos no eran tropas regulares sino individuos vinculados con la minería ilegal, amparados por fuerzas guyanesas.

Poco después el presidente Irfaan Ali acusó sin fundamento jurídico a la Armada venezolana de incursionar en aguas que aun están por delimitar, en una clara estrategia para internacionalizar el conflicto.

La FANB respondió con la operación "General Domingo Antonio Sifontes", documentando la presencia de buques extranjeros, al servicio de ExxonMobil, en espacios marítimos disputados. Estos hechos muestran que lo denunciado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez no es una conjetura sino una alerta fundamentada en una secuencia de provocaciones y distorsiones que prefiguran una operación encubierta diseñada para escalar el conflicto.

A esto se le suma la reciente visita a Guyana del secretario de Estado, Marco Rubio, cuya retórica belicista se enfocó en calificar a Venezuela como un "régimen narcotraficante" con "reclamos territoriales ilegítimos", y fue más allá al advertir que cualquier acción venezolana contra Guyana o contra los intereses de ExxonMobil traería "graves consecuencias".

En ese marco, la presencia de ExxonMobil en aguas en disputa no responde únicamente a intereses económicos sino que forma parte de una estrategia más amplia de dominación geopolítica.

Rubio lo confirmó al asegurar que Estados Unidos pretende "ser un socio" en la "transformación" de Guyana, eufemismo que enmascara una profunda injerencia en decisiones energéticas, políticas y de seguridad.

De hecho, en los últimos meses, desde Misión Verdad se ha documentado de forma sistemática las maniobras emprendidas desde el enclave guyanés para escalar el conflicto territorial, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí.

Lo que dejó la visita del secretario: "Cooperación militar"

La visita de Marco Rubio a Guyana el pasado 27 de marzo representó un nuevo paso en la agenda de conflicto promovida desde Estados Unidos contra Venezuela. Aunque presentada como parte de una gira regional, su escala en Georgetown tuvo como objetivo central consolidar a Guyana como un Estado satelital contra Caracas, en el marco de la disputa territorial por el Esequibo.

Durante esta visita, Rubio y el presidente guyanés Irfaan Ali firmaron un memorando de entendimiento en materia de seguridad. El contenido del documento permanece clasificado, por lo que no ha sido publicado ni compartido con la opinión pública.

No obstante, las declaraciones ofrecidas por ambos funcionarios en la rueda de prensa posterior permiten inferir los alcances e implicaciones del acuerdo.

El exsenador por Florida afirmó que el entendimiento contempla mecanismos de intercambio de información, cooperación militar e, incluso, acciones conjuntas para combatir el "crimen organizado". No obstante, al revisar el lenguaje empleado, queda claro que uno de los principales propósitos es robustecer la presencia estadounidense en Guyana, utilizando la seguridad como pretexto.

Esta interpretación se ve reforzada por los comentarios del enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien al presentar la gira habló del Caribe como "la tercera frontera de Estados Unidos" y subrayó que "todo eso [la era de Petrocaribe] ha terminado". Sus palabras aluden directamente al intento de imponer políticas que puedan poner fin a la cooperación energética venezolana en la región y reemplazarla con un nuevo esquema de dominación energética liderado por Washington.

Asimismo, Claver-Carone insinuó que la gira y los acuerdos suscritos forman parte de una estrategia para garantizar control sobre rutas marítimas, nodos energéticos y alianzas políticas en el Caribe, configurando a Guyana como el nuevo enclave estadounidense.

Entonces, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por los funcionarios estadounidenses, puede inferirse que el memorando apunta a reforzar la presencia militar en el territorio guyanés bajo la justificación del combate al crimen, pero con fines estratégicos más amplios. En la práctica, la cláusula de intercambio de información puede habilitar la detención de ciudadanos venezolanos bajo sospechas infundadas utilizando la figura del "Tren de Aragua" como dispositivo narrativo con vistas a justificar acciones represivas, incluso operaciones encubiertas o de bandera falsa.

"Así que creo que si tenemos información de que alguien ha entrado a su país [Guyana] con malas intenciones, queremos poder compartirla con su gobierno. Tenemos pistas sobre un miembro de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela. Queremos asegurarnos de que colaboremos y compartamos noticias. Si tenemos información de que algunos narcotraficantes se están estableciendo aquí y han decidido convertir esto en una base de operaciones, lo cual podría generar violencia y guerra, como guerra entre pandillas, queremos proporcionársela", declaró el secretario de Estado norteamericano.

Rubio fue explícito al respecto al declarar que Estados Unidos "tiene información" sobre supuestos miembros de dicha banda y que quiere "compartirla" con el gobierno guyanés para "proteger el país".

El cubano-estadounidense, con su persistente fijación sobre Venezuela, ha encontrado en el Esequibo un escenario ideal para proyectar su plan desestabilizador. El reciente acuerdo de seguridad con Guyana se inscribe en una maniobra cuidadosamente calculada para afianzar la injerencia de Washington en el Caribe y consolidar a Georgetown como un puesto de avanzada militar y energético en su ofensiva regional contra Venezuela.

¿De qué trata la cooperación militar realmente?

De acuerdo con documentos historiográficos, la proyección de poder de Estados Unidos sobre América Latina adoptó el ropaje de la "cooperación militar interamericana". Sin embargo, como muestra el memorándum clasificado del entonces subsecretario de Estado adjunto Matthews en 1952 sobre el progreso de la NSC 56/2, el objetivo real ha sido consolidar una arquitectura de defensa hemisférica subordinada a intereses estratégicos de Washington.

Ese documento reconocía explícitamente que los acuerdos con los países latinoamericanos eran similares a los celebrados con la OTAN, y que sus tareas defensivas, a ejecutarse a través de planes militares secretos bilaterales, estaban diseñadas para "anticipar agresiones contra el hemisferio", bajo directrices establecidas en "planes de guerra estadounidenses".

Lejos de ser un mecanismo horizontal de colaboración, la NSC 56/2 impuso una lógica de estandarización armamentista que condicionó el acceso a subvenciones militares a la aceptación previa del "Esquema de defensa común", lo que implicaba, en la práctica, alineamiento automático con la doctrina de defensa de Estados Unidos.

Además, se advertía contra las compras de armas a países del "Telón de acero" (Bloque del Este post Segunda Guerra Mundial), lo que revela tempranamente cómo Washington utilizaba la cooperación militar como herramienta de control geopolítico, vetando las decisiones soberanas de países que buscaran diversificar sus fuentes de equipamiento castrense.

Este patrón se ha sostenido a lo largo del tiempo, como demuestra el informe del teniente-comandante Sandro Samanez (2020) para el Canadian Forces College, que califica los programas de seguridad colectiva de Estados Unidos como instrumentos de hegemonía regional disfrazados de cooperación.

Explica Samanez que, desde la reinterpretación de la Doctrina Monroe para justificar intervenciones, hasta la consolidación de mecanismos multilaterales como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o la Organización de Estados Américanos (OEA) durante la Guerra Fría, la lógica de dominación militar ha primado sobre los principios de reciprocidad.

Proyectos como el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida o los programas de asistencia militar como Foreign Military Financing (FMF) e International Military Education and Training (IMET) han permeado las fuerzas armadas latinoamericanas bajo una subordinación estructural a los intereses de seguridad de Estados Unidos.

En este contexto, Guyana no solo forma parte de estos programas de asistencia sino que también ha expresado su disposición a adherirse a cualquier mecanismo de colaboración militar con Washington, lo cual sugiere que ese país representa el nuevo eslabón en una cadena histórica de subordinación militar.

La intención de la agenda regional de Washington de convertir ese país en un Estado satélite, al estilo de las antiguas bases estadounidenses en Panamá o Colombia, se enmarca en una estrategia más amplia: consolidar un enclave militarmente confiable en Suramérica bajo el pretexto de cooperación, pero con el objetivo real de intentar vigilar, cercar e intimidar a Venezuela.

La narrativa de asistencia y entrenamiento oculta el propósito de insertar a Guyana en un complejo militar-industrial regional bajo liderazgo estadounidense.

En suma, los esfuerzos actuales por militarizar la relación con Guyana son una reproducción modernizada del esquema de dominación estructural delineado desde los años cincuenta, reforzado por el andamiaje institucional de la posguerra y reconfigurado en el siglo XXI.

Riesgo de operación de bandera falsa: patrón reiterado

Los hechos recientes, junto con las declaraciones de Rubio y el relato internacional en torno al incidente en el río Cuyuní, sugieren la configuración de un escenario susceptible a una operación de bandera falsa.

El patrón es recurrente en la política exterior de Estados Unidos: construcción de un discurso de amenaza, provocación directa o inducida, victimización del aliado regional, condena internacional y posterior legitimación de acciones coercitivas o militares.

El secretario de Estado advirtió públicamente que una acción venezolana contra Guyana o ExxonMobil tendría consecuencias severas, lo cual deja abierta la puerta a una acción directa. Simultáneamente, el gobierno guyanés ha reportado supuestas agresiones, sin respaldo verificable, mientras la FANB documenta la presencia de embarcaciones militares y logísticas en aguas no delimitadas, hecho que viola el marco del Acuerdo de Ginebra.

El precedente del golfo de Tonkín (1964) en Vietnam muestra cómo la fabricación o manipulación de un incidente puede ser utilizada como justificación de escaladas bélicas. La estructura actual replica elementos de aquel esquema, con Guyana funcionando como proxy regional para proyectar intereses geopolíticos estadounidenses.

En definitiva, lo que hoy se disfraza de cooperación militar con Guyana es, en realidad, una vieja estrategia de dominación reciclada. Pero esta vez el libreto incluye un nuevo acto: el montaje de una operación de bandera falsa que permita encender la chispa de un conflicto regional, con Marco Rubio tras bastidores.

No es una hipótesis, es un guion en marcha. Y Venezuela ya lo ha advertido.