El pasado viernes 14 de marzo fueron detenidos dos alcaldes del estado Zulia, así como otras siete personas, por su presunta vinculación con una red del narcotráfico. Así lo anunció el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien informó que en el marco de una operación de "alto impacto" denominada "Relámpago del Catatumbo" también se incautaron 5,4 toneladas de cocaína de "altísima pureza".
El funcionario informó respecto a las detenciones de los alcaldes de los municipios zulianos Miranda (Puertos de Altagracia) y Almirante Padilla (Isla de Toas), Jorge Nava y Alberto Sobalvarro respectivamente, así como otras siete personas. La investigación develó la existencia de una organización narcoparamilitar que opera en la entidad.
Ambos municipios que bordean la barra del lago de Maracaibo, que funciona como entrada y salida del cuerpo de agua, y sus funcionarios proporcionaban apoyo logístico a dos organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Asimismo se informó de la captura de otros dos alcaldes: Danilo Áñez, del municipio Jesús Enrique Lossada (La Concepción), ubicado al noroccidente de la entidad y limítrofe con Colombia; y Fernando Loaiza, encargado del municipio Catatumbo, localizado en la costa suroeste del lago de Maracaibo.
El pasado el 25 de enero había sido capturado el alcalde del municipio Colón (Santa Bárbara del Zulia) en el sur del Lago, Nervins Sarcos. De los cinco ediles capturados, dos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dos de Un Nuevo Tiempo (UNT) y uno de Acción Democrática (AD).
Cabello agregó que también fueron decomisados 27 mil 200 litros de combustible, 7 mil litros de resina, 73 rollos de fibras de vidrio, 140 láminas galvanizadas para la construcción de lanchas, tres sumergibles. Además, dos revólveres, 25 embarcaciones tipo lancha, 25 motores fuera de borda, 17 teléfonos móviles, así como seis equipos GPS.
Las incautaciones se realizaron en tres centros de abastecimiento logístico y cuatro astilleros que fueron desmantelados. Además, la organización delictiva entrenaba paramilitares entre El Tibú (Colombia) y Casigua-El Cubo (Municipio Semprún) para realizar actos "contra la democracia venezolana", según informó el funcionario.
Un paso más en un eje fronterizo caliente
El estado Zulia, fronterizo con Colombia, se ha caracterizado por la influencia de las actividades ilegales desarrolladas en el vecino país, también por la instrumentación intensiva de operaciones asociadas con el cambio de régimen en Venezuela. Cabe recordar que en dicha entidad se establecieron rutas de contrabando hacia el otro lado de la frontera durante el boicot económico dirigido por la oposición entre 2013 y 2020.
Con los cinco detenidos en lo que va de año, suman diez los alcaldes destituidos por actividades delictivas desde 2022, lo que confirma la captación de autoridades locales como parte del método de estas redes criminales. El eje Catatumbo-Semprúm-Colón se complementa con la ruta de navegación del lago de Maracaibo donde, mediante rudimentarias embarcaciones semisumergibles (submarinos), atraviesan áreas de mangle que conectan Miranda con Padilla y, de ahí, por el golfo de Venezuela hacia el norte.
En las pesquisas apareció un operador que lideraba la red narcotraficante: Luis Darlin Mora Moreira, ciudadano ecuatoriano que logró evadirse pero quien dejó su dispositivo móvil, su pasaporte ecuatoriano y otros elementos que permitieron acopiar pruebas. Estas involucran a otra persona llamada Gerson Parra, a quien Mora llamaba "jefe", y a los alcaldes Sobalvarro y Nava, quienes presuntamente facilitaban la logística en sus respectivos municipios.
Sin embargo, las detenciones e incautaciones son un paso más en el despliegue del gobierno venezolano en toda la frontera con Colombia, impulsado desde que los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro acordaran, en enero pasado, profundizar las políticas de seguridad en ambos lados mediante una operación militar conjunta.
Desde mediados de ese mes los enfrentamientos en la zona del Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), habían causado 80 muertes, 11 heridos, 12 firmantes de paz de las Farc desaparecidos y más de 40 mil desplazados entre la población civil.
Catatumbo bajo fuego
La cuenca del río Catatumbo es la que da nombre a la región y es compartida por ambos países. Los municipios Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, del departamento Norte de Santander, limitan con el municipio Semprún, al sur del lago de Maracaibo, en Venezuela. Precisamente la exalcaldesa de este último, Keyrineth Fernández, fue detenida en 2022 junto a dos diputadas y otras tres personas por delitos vinculados con el narcotráfico.
La zona disputada entre paramilitares y guerrillas ha contado también con la presencia del ELN. Este grupo insurgente mantenía diálogos con la administración Petro desde 2022, pero es acusado de luchar por el control total de las más de 40 mil hectáreas sembradas con hoja de coca y la producción de base de coca y cocaína. Los diálogos fueron suspendidos por el mandatario colombiano en enero pasado, precisamente a raíz de los enfrentamientos armados.
La cifra de desplazados aumentó a 54 mil mientras otros 32 mil se encontraban confinados a causa de las más de 35 acciones armadas efectuadas antes del 7 de marzo pasado, las cuales incluyeron masacres, asesinatos selectivos de líderes y sus familiares. Todo esto provocó desplazamientos similares a los de 1997, por lo que se considera la movilización más grande de este siglo en la región.
Por su parte, desde el estallido de la confrontación Venezuela acogió inicialmente a más de 200 familias desplazadas desde el departamento de Norte de Santander, mientras otros se movilizaron a Cúcuta, Ocaña y otras ciudades de esa entidad. La semana pasada fueron asesinadas cinco personas en dos ataques armados simultáneos en el noroeste del municipio de Ocaña, lo que indica que el conflicto se mantiene.
Desde 2019 la Defensoría del Pueblo de Colombia ha estado emitiendo alertas sobre el control territorial del ELN y el crecimiento de reclutamiento por parte de las disidencias de las FARC en la zona. El Catatumbo sufre un histórico vacío estatal porque es una de las regiones que, desde el acuerdo de paz de 2016, aun está a la espera de los dividendos acordados para invertir en servicios públicos, seguridad, estado de desarrollo y economías legales.
Acciones binacionales para una paz con justicia social
La ausencia del Estado y el vaciado de contenido en la idea de paz son los orígenes del crecimiento de la actividad del narco en Colombia. La evidencia es que muchos medios e informes cuestionan la reducción del presupuesto en defensa, pero pocos se han preocupado en revisar a fondo los escasos avances en los compromisos asumidos para proporcionar las condiciones de vida a la población.
Esto depende de una transformación en el modelo económico de la región y del aumento de la inversión social, deuda que mantiene el gobierno actual, y la misma que existe desde los acuerdos de 2016. Una medida inicial será la implementación de un programa basado en pagos directos a los campesinos que erradiquen voluntariamente los cultivos y que aseguren que la destrucción de las plantas incluya la raíz para evitar su regeneración.
Además, el pasado 6 de marzo desde Tibú, Petro propuso al presidente Nicolás Maduro configurar una Zona Económica Especial que iniciaría la construcción rápida de una carretera que le permita comunicarse con el resto del país y la zona fronteriza, como infraestructura base hacia un cambio en lo económico. Maduro respondió positivamente el 11 del mismo mes y propuso incluir otros municipios también al norte del estado Táchira, en toda la zona del Catatumbo, para "ir a inversiones conjuntas y al desarrollo productivo, agrícola, agroindustrial, al desarrollo del turismo e inversiones de carácter social".
El gobierno venezolano no ha cesado las acciones en la frontera. A pocas semanas de la activación de la Operación Relámpago del Catatumbo ya se habían destruido campamentos y pistas ilegales, incautado aeronaves y considerables cantidades de cocaína. La cooperación militar con Colombia incluye el despliegue de artillería, 5 mil efectivos en municipios de los estados fronterizos de Zulia y Táchira, patrones de reconocimiento aéreos, patrullaje y escudriñamiento, control de ejes carreteros y fluviales, erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de pistas clandestinas.
El pasado lunes 17 de marzo Maduro resumió las acciones de la operación y acusó a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque de estar detrás del financiamiento al narcotráfico en Colombia. Afirmó que en ese país "no los van a investigar, ellos son rehenes del imperialismo para atacar Venezuela y financiar a María Machado y a Edmundo González. Hemos desarticulado política y económicamente toda la logística de esta banda".
La vinculación de la extrema derecha regional con el entramado de violencia paramilitar y narcotráfico en la frontera es recurrente. Desde la incursión paramilitar de 2004, pasando por los nexos de Guaidó con la banda Los Rastrojos y el asesinato del diputado Robert Serra, hasta la operación Gedeón en 2020, la mano de Uribe ha estado involucrada en las amenazas a la estabilidad política venezolana.
Con las detenciones realizadas el Estado venezolano busca contener la arremetida del narcocapital transnacional que tiene en Estados Unidos su mayor sumidero y centro de lavado. Se trata de redes que buscan catalizar procesos de desregulación que faciliten la injerencia bajo las excusas de seguridad nacional y lucha antiterrorista. Sin embargo, no disminuye el consumo interno de drogas ni la exportación ilegal de armamento a los carteles mexicanos, operadores claves de las redes mencionadas.
Entretanto, son necesarias las transformaciones profundas en los Estados para que la injusticia social no sea un coadyuvante de estos entramados delictivos, mucho menos de las operaciones fraguadas por sectores extremistas con intereses lejanos a la paz con justicia social.