La llegada a El Salvador de migrantes venezolanos que vivían en Estados Unidos, deportados bajo la acusación de pertenecer al Tren de Aragua (TdA), es la nueva fase de la agenda agresiva contra Venezuela perpetrada desde el sistema político y jurídico de dicho país anglosajón.

El hecho responde directamente a la Proclamación presidencial del 15 de marzo de 2025, emitida por la administración de Donald Trump, que autoriza la detención, deportación y expulsión inmediata de venezolanos mayores de 14 años señalados, sin pruebas fehacientes, de pertenecer a tal organización criminal.

La proclama, basada en la obsoleta Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, marca una peligrosa escalada en la criminalización de los flujos migratorios venezolanos, bajo un esquema jurídico excepcional que vulnera los derechos humanos, el debido proceso y los principios fundamentales del Derecho Internacional.

El presidente Nicolás Maduro rechazó contundemente la acción e informó que está trabajando por el retorno de la población criminalizada:

"Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Nuestros migrantes son gente de bien, noble, trabajadora y productiva. No puede ser que una persona, por ser venezolana, sea secuestrada sin derecho a la defensa, sin condena, sea metida en un campo de concentración".

La medida, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una estrategia de agresión sistemática contra Venezuela, que entrelaza la retórica antiterrorista con intereses geopolíticos y económicos.

La ley para criminalizar la migración

En el circuito legal de Estados Unidos existe un conjunto de instrumentos que permiten al presidente dirigir y coordinar las funciones del Poder Ejecutivo sin tantos caminos burocráticos.

Entre ellas destacan las órdenes ejecutivas, los memorandos presidenciales y las proclamas. Estas últimas son declaraciones formales mediante las cuales la máxima autoridad ejerce sus facultades legales o constitucionales para emitir pronunciamientos públicos.

En este caso, la proclama del 15 de marzo invoca poderes extraordinarios amparados en leyes de seguridad nacional para justificar medidas coercitivas contra ciudadanos venezolanos en el país norteamericano.

Así, la proclamación de Trump declara que el TdA está perpetrando una "invasión irregular" en territorio estadounidense, lo que justificaría el uso de poderes extraordinarios bajo el argumento de amenaza a la seguridad nacional.

En ese marco, se vincula directamente a tal organización con el gobierno venezolano, en un intento de legitimar la agresión jurídica con acusaciones infundadas de terrorismo y narcotráfico.

El sustento jurídico de esta proclama es la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798 durante las guerras revolucionarias francesas.

El código autorizaba al presidente a deportar sin juicio previo a cualquier extranjero que considerara "peligroso" para la seguridad nacional. En tiempos de guerra ampliaba estos poderes permitiendo la detención y deportación de ciudadanos foráneos pertenecientes a naciones enemigas.

Esta matriz legal concentraba en el Ejecutivo un poder discrecional que no requería aprobación judicial ni evidencias claras, lo cual erosionaba principios fundamentales del debido proceso.

El mencionado estatuto fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para encarcelar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa, alemana e italiana, sin que mediara debido proceso.

El uso actual de esta ley contra venezolanos, en un contexto de migración forzada y sin guerra declarada, constituye una aberración jurídica.

Ahora bien, la proclama instruye al Fiscal General y al Asesor de Seguridad Nacional a emitir normativas, coordinar con autoridades locales y emplear cualquier recurso legal para asegurar la expulsión de los "enemigos".

En la práctica esto significa que el aparato estatal puede embarcar a venezolanos en vuelos de deportación hacia países terceros como El Salvador, criminalizándolos por su nacionalidad y presunta vinculación sin pruebas a una organización considera como terrorista.

Esta lógica xenófoba adjudica a El Salvador un rol de centro de confinamiento transnacional, alineado con los intereses geopolíticos de Washington.

El Salvador como enclave carcelario

El país centroamericano ha sido uno de los epicentros del discurso securitario en América Latina, con el gobierno de Nayib Bukele ejecutando una guerra interna contra las pandillas MS-13 y Barrio 18, caracterizada por masivas detenciones y violaciones a los derechos humanos.

La recepción de deportados venezolanos, junto a miembros de MS-13, en una prisión de máxima seguridad apunta a una colaboración estrecha con Washington para ejecutar políticas de confinamiento extraterritorial.

Asimismo, el gobierno salvadoreño ha recibido 6 millones de dólares por albergar a los migrantes sin juicio durante un año, lo que equivale a aproximadamente 23 mil dólares por recluso.

Esto sugiere la premisa de la instrumentalización de El Salvador como bastión de una estrategia de tipo colonial en la región, mediante el uso de su sistema penitenciario como espacio de confinamiento para migrantes criminalizados por Estados Unidos.

La resistencia judicial y el precedente histórico

Antes de la entrada en vigor de la proclamación, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda para frenar la deportación de cinco ciudadanos venezolanos.

La demanda subraya la ilegalidad de la medida señalando que "la proclamación del gobierno permitiría a los agentes embarcar inmediatamente a extranjeros en aviones", y que la ley invocada "claramente solo se aplica a acciones bélicas", no pudiendo utilizarse contra ciudadanos de un país con el que Estados Unidos no mantiene un conflicto armado.

La propia letra de la ley establece que puede activarse solo "cuando exista una guerra declarada" o se haya intentado o amenazado con una "invasión o incursión depredadora" contra el territorio estadounidense.

El juez James E. Boasberg, del Tribunal del Distrito de Columbia, emitió una orden temporal para impedir su expulsión. No obstante, la administración Trump apeló de inmediato, mientras la ACLU busca extender la protección a todos los potenciales afectados.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU, advierte que la pretensión de la Casa Blanca de utilizar una autoridad reservada a tiempos de guerra para controlar la inmigración es "tan inédita como ilegal" y podría constituir "la medida más extrema del gobierno hasta la fecha".

Expertos como Noah Feldman, profesor de derecho constitucional en Harvard, han señalado que los tribunales deberán pronunciarse sin precedentes claros, enfrentando el dilema de validar o rechazar una interpretación presidencial que criminaliza la migración como una "invasión".

Desde el Centro Brennan para la Justicia la asesora Katherine Yon Ebright advirtió que permitir esta proclama abriría la puerta a abusos generalizados contra migrantes, incluso aquellos con residencia legal en Estados Unidos, vulnerando las bases del debido proceso.

Ebright denuncia que la invocación de esta ley busca "prescindir del debido proceso" y permitir "detenciones y deportaciones generalizadas de venezolanos con base en su ascendencia, no en cualquier actividad pandillera que pueda probarse en los procedimientos migratorios".

Si los tribunales avalan esta estrategia, se sentaría un precedente que podría permitir abusos generalizados contra grupos de migrantes. Es decir, la activación de esta proclama, más allá de su ejecución inmediata, constituye un ensayo jurídico de guerra.

Se trata de una herramienta política orientada a legitimar nuevas acciones de hostilidad contra Venezuela empleando el aparato legal estadounidense para construir enemigos y proyectar el control territorial más allá de sus fronteras.

Respuesta del gobierno venezolano

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que la proclamación criminaliza a los migrantes venezolanos tratándolos como delincuentes sin derecho a un juicio justo o a la defensa: "Se les ha negado el derecho al debido proceso y se les ha negado la posibilidad, incluso, de que hablen ante un juez", dijo.

Además afirmó que el instrumento tiene motivaciones económicas pues los deportados son enviados a El Salvador para ser sometidos a trabajos forzados que financian el sistema penitenciario de ese país. Calificó al presidente salvadoreño como un "negrero moderno" que recibe dinero de Estados Unidos por cada venezolano deportado.

El presidente del Parlamento también responsabilizó a figuras de la oposición venezolana como María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Paparoni de ser cómplices en esta situación porque han respaldado la denotación del TdA como organización terrorista y, por extensión, la criminalización de la migración venezolana en Estados Unidos, además de constituir el sector más extremista de la oposición.

Ante este panorama, Rodríguez anunció una campaña intensiva para denunciar estas acciones y rescatar a los venezolanos afectados, la cual incluye denuncias en organismos internacionales y acciones legales-diplomáticas con el fin de intentar el retorno de la población deportada.

Asimismo hizo un llamado a los venezolanos en el exterior para que regresen al país, asegurando que se establecerán mecanismos para su reintegración en la economía y en la sociedad. También anunció que se enviarán aviones para traer de vuelta a quienes lo deseen.

Rodríguez presentó testimonios de familiares de venezolanos deportados, quienes aseguran que no son delincuentes y que fueron engañados para migrar. Estas fuentes refuerzan su argumento de que la proclamación es injusta y desproporcionada.

Finalmente enfatizó que los connacionales enviados a El Salvador son víctimas de un verdadero secuestro de Estado, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad.

Además, al final de la tarde de este 17 de marzo el gobierno venezolano emitió una alerta de viaje para advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Estados Unidos, en vista de lo que parece ser el inicio de una nueva campaña de agresión contra Venezuela, esta vez basada en la migración forzada.

Hay un creciente peligro de que cualquier venezolano en territorio estadounidense sea objeto de discriminación y pueda ser falsamente acusado de pertenecer a bandas criminales, como parte de una narrativa construida para justificar medidas hostiles y reforzar sanciones utilizando a los migrantes como instrumento político-económico.

Aunque todavía son aproximaciones, todo apunta a que cualquier ataque futuro se lanzará desde ese frente: la criminalización de los migrantes y el uso de países-satélites que sirvan de enclave para cualquier embate contra Venezuela.

La migración venezolana está siendo convertida en arma arrojadiza, víctima de un discurso que oculta intereses económicos y busca preparar el terreno para nuevas formas de intervención. Así, la proclama y su instrumentalización son apenas la primera ficha de un tablero de agresión en construcción en la era Trump 2.0.