A propósito de la denuncia hecha por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, sobre la trama conspirativa de ExxonMobil para minar la estabilidad política y económica de Venezuela, mediante el gobierno estadounidense vía sanciones e influencia geopolítica, publicamos la siguiente cronología que expone los principales hitos del papel de ExxonMobil en la guerra transnacional contra la República Bolivariana de Venezuela, con detalles analíticos y narrativos de las acciones llevadas a cabo por la corporación estadounidense a lo largo de dos décadas, con el Esequibo como factor determinante durante la última década. Puede tomarse como material de consulta para futuras investigaciones, incluida la profundización en la controversia territorial entre Venezuela y Guyana, debido al rol cada vez más incisivo de la petrolera en las relaciones bilaterales y en la dinámica extractiva de la región de América Latina y el Caribe.

Antes denominada Standard Oil of New Jersey, propiedad de la familia Rockefeller, cuya filial Creole Petroleum Corporation operó en Venezuela desde 1921 hasta 1975, la empresa estadounidense Exxon compró en 1998 a su rival Mobil, lo cual selló la mayor fusión corporativa de la historia hasta el momento.

A partir de entonces pasó a llamarse ExxonMobil, compañía con actividad en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Mobil Oil mantenía funcionamiento en Venezuela desde 1997, luego de haberle sido adjudicado por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) una licitación durante la Apertura Petrolera, específicamente en el campo Cerro Negro, ubicado en el estado Monagas, en las adyacencias de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Con la fusión, ExxonMobil pasó a tomar el control del complejo Cerro Negro con una participación de 41,7%, junto con la británica BP. La petrolera estadounidense disfrutó de una tasa de regalías de solo 1% durante los primeros años de producción del proyecto, aun cuando según los contratos operativos la obligación era de 16,66%.

También heredó de Mobil Oil las operaciones en La Ceiba, donde bombeaba una producción de casi 4 mil barriles diarios, junto con la norteamericana Petro-Canada, desde 1996.

Lee Raymond, conocido como un enemigo acérrimo de la participación estatal en los negocios, fue el presidente y director ejecutivo de la transnacional estadounidense desde 1999 hasta 2005. Su sucesor, Rex Tillerson, tomó las riendas de la compañía, lo que marcó un hito en sus operaciones en Venezuela.

A su vez, Tim Cutt, estadounidense con una larga carrera gerencial en Mobil Oil, se desempeñó como presidente de las operaciones de ExxonMobil en Venezuela desde 2005.

La multinacional contaba con múltiples intereses en nuestro país, entre ellos estaciones de servicio downstream (refinación, distribución y venta de petróleo) y acuerdos de suministro que dirigían el crudo venezolano hacia una gran refinería en Chalmette, Luisiana, que ExxonMobil poseía juntamente con PDVSA.

En 2005 el gobierno del presidente Hugo Chávez y PDVSA iniciaron y desarrollaron las labores de negociación para la migración de los convenios operativos de las empresas extranjeras con actividades petroleras en el país a la modalidad de empresas mixtas, que según la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 establece la participación de PDVSA en al menos 51% de las acciones en los proyectos.

También, según la Ley de Impuesto Sobre la Renta, los impuestos de las transnacionales ascenderían de 34 a 50%.

El 16 de mayo de 2006 se realizó un acto legislativo en la Asamblea Nacional que reformó el Decreto Ley N°1 510 con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos para modificar el Artículo 48, publicado en Gaceta Oficial Nº37 323 el 24 de mayo de 2006.

Con la republicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el Gobierno Bolivariano inició la implementación legal de la mencionada migración a empresas mixtas. Una nueva era en la dinámica petrolera venezolana estaba por comenzar.

2007. ExxonMobil se retira de Venezuela

En las conversaciones con el gobierno del presidente Chávez, Tillerson y Cutt adoptaron un enfoque con dos opciones: negociaron quedarse en Venezuela mientras, desde abril, preparaban su salida de nuestro país para junio como fecha límite para someterse a la legislación venezolana, de acuerdo con las decisiones del Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

ExxonMobil, tras meses de negociaciones, decidió no ceder a las demandas impuestas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Tim Cutt anunció al Gobierno Bolivariano que la compañía estadounidense se retiraría del proyecto Cerro Negro y que tenía la intención de presentar demandas contra la República Bolivariana de Venezuela en tribunales internacionales de arbitraje por daños y perjuicios.

ConocoPhillips, otra de las grandes empresas energéticas de Estados Unidos, también decidió partir, negando las condiciones que las leyes venezolanas establecían a las operaciones contractuales con transnacionales en el área del petróleo y gas.

El 26 de junio se revirtieron las participaciones de los proyectos de ambas transnacionales petroleras a PDVSA y fueron reasignados a otras filiales de la estatal venezolana bajo la figura de empresas mixtas.

Sin embargo, la compañía presidida y gestionada por Tillerson decidió trabajar junto con el Estado venezolano para cumplir con la deuda en bonos de los financieros internacionales que habían invertido en Cerro Grande.

Mientras ambas partes hacían las gestiones de pago de sus obligaciones, ExxonMobil contrató al abogado Steven K. Davidson, de la firma Steptoe & Johnson radicada en Washington, D.C., para litigar contra la República Bolivariana de Venezuela en tribunales estadounidenses y así cobrar "venganza" en forma de dólares por la salida de la empresa de nuestro país, que según aquella calculaba sus pérdidas en más de 19 mil millones de dólares.

El 27 de diciembre el abogado de Steptoe solicitó una audiencia de emergencia ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York para el congelamiento e incautación de activos de PDVSA en Estados Unidos, en específico las llamadas Cuentas del Proyecto (Project Accounts) en el Banco de Nueva York (cuentas conjuntas entre ExxonMobil y PDVSA donde fluían las divisas producto de las operaciones en Cerro Negro) con un monto estimado de 300 millones de dólares (que, por ley, pertenecía a Venezuela), cuestión que el juez Kevin Castel aprobó y aceptó que, a solicitud de la petrolera, se mantuviera en secreto hasta el momento efectivo de la incautación.

Dinero que ExxonMobil pensaba quedarse para sí a través de arbitrajes internacionales.

2008. Fraude procesal en tribunales estadounidenses y arbitrajes internacionales

La petrolera norteamericana intentó congelar los activos de PDVSA en todo el mundo ante la Alta Corte de Justicia en Londres, en enero de 2008, sin éxito.

Pero el congelamiento de los 300 millones de dólares pertenecientes a PDVSA en las cuentas del Banco de Nueva York fue una decisión confirmada el 13 de febrero en un tribunal federal de Manhattan por la jueza Deborah Batts.

La excusa de la incautación de los activos líquidos se sustentó en la base de que ExxonMobil buscaba una compensación por su salida tras la migración de los convenios operativos de las petroleras foráneas a empresas mixtas y, según los argumentos de los abogados de la compañía estadounidense, "era una probabilidad o una posibilidad" que el Estado venezolano no pagara lo que decidiera el arbitraje internacional, por lo que el congelamiento del dinero "garantizaría que PDVSA cumpliera con sus obligaciones". Sin embargo, aun no había obligación financiera que cubrir.

Para que la estatal venezolana pudiera recuperar su dinero, tendría que buscarlo en el tribunal arbitral de preferencia de ExxonMobil, argumentó la jueza estadounidense.

De esta manera, el litigio pasó a desarrollarse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, con sede en Washington, D.C.

Se establecieron tres árbitros, dos determinados por ExxonMobil (un suizo y un francés, este último el presidente del caso) y el otro por PDVSA (un egipcio). La primera sesión fue celebrada el 7 de noviembre en las instalaciones del Centro de Conferencias del Banco Mundial en París, Francia.

Asimismo, en febrero, ExxonMobil demandó a Venezuela por incumplimiento de contrato ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, Francia.

2009-2014. Entre fallos, revisiones y apelaciones

De septiembre de 2009 a junio de 2010, Venezuela apeló ante la Ciadi sus objeciones jurisdiccionales debido a los atropellos judiciales de ExxonMobil. El tribunal decidió bifurcar el proceso en varias partes.

Así, las deliberaciones se retardaron debido a las constantes apelaciones hechas por la parte venezolana a las solicitudes de la parte corporativa de indemnización.

Mientras tanto, el 2 enero de 2012 PDVSA informó que, luego de haberse fallado el laudo de la CCI, pagaría 255 millones de dólares a ExxonMobil, cuando la transnacional pedía el monto de 12 mil millones de dólares más intereses.

Originalmente el pago era de 908 millones de dólares, pero llegó a 255 millones de dólares tras los siguientes descuentos:

• ExxonMobil debía a PDVSA 191 millones de dólares por pagos que la estatal hizo para la realización de proyectos en Cerro Negro.

• Los 300 millones de dólares congelados en las cuentas del Banco de Nueva York en diciembre de 2007.

• 160 millones de dólares por reconvenciones.

Fue una victoria contundente de Venezuela frente a las pretensiones corporativas "completamente exageradas y fuera de toda lógica", según la declaración de la estatal venezolana.

El 9 de octubre de 2014 el Ciadi emitió un laudo estableciendo el pago de 1 mil 600 millones de dólares a ExxonMobil por parte de PDVSA, decisión objetada judicialmente por Venezuela, que solicitó la suspensión del pago y la anulación parcial de la sentencia.

2015. Entrada ilegal de ExxonMobil en la Guayana Esequiba

La Cancillería venezolana declaró el 3 de marzo:

"El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela deplora la reacción del gobierno de Guyana ante el reclamo venezolano por la actuación unilateral que significa el inicio de actividades exploratorias por parte de la empresa ExxonMobil y su subsidiaria EssoExploration and Production Guyana Limited en el denominado por Guyana «Bloque Stabroek» sin que se haya producido la notificación previa al gobierno de Venezuela, por cuanto el área específica de operaciones en el mencionado «Bloque Stabroek» se define en una zona marítima por delimitar que corresponde a la reclamación de soberanía territorial, por parte de Venezuela, contemplada en el Acuerdo de Ginebra".

La Cancillería venezolana respondió de esta forma al Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana, el cual emitió un comunicado el 28 de febrero con el que alegó que Venezuela estaría "obstaculizando el desarrollo de Guyana y su pueblo, hecho que estaría en contravención con el Derecho Internacional", un pronunciamiento contrario al clima de cordialidad y cooperación que se había establecido durante el gobierno del presidente Chávez y que tuvo continuidad con la administración del presidente Nicolás Maduro. Así, la Cancillería llamó a "la necesidad de profundizar la cooperación bilateral como parte esencial del mecanismo para facilitar la resolución de la controversia heredada del colonialismo británico".

El 5 de marzo ExxonMobil comenzó operaciones en aguas territoriales aun por delimitar, reclamadas por Venezuela, en la región del Esequibo.

• El 8 de marzo, el presidente Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, sentando las bases jurídicas, políticas y administrativas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU) contra Venezuela.

La petrolera estadounidense hizo su primer descubrimiento de petróleo en el "Bloque Stabroek" —de 26 mil 800 kilómetros cuadrados— en alta mar el 20 de mayo, específicamente en el Pozo Liza-1, que según estimaciones en su momento albergaba 1 mil 400 millones de barriles de petróleo de alta calidad.

Con las exploraciones y explotación de los yacimientos petrolíferos en el "Bloque Stabroek", ExxonMobil comienza un proceso de latrocinio contra Venezuela en aguas territoriales pertenecientes a la Guayana Esequiba, cuyas líneas aun no se encuentran delimitadas, con la venia de los sucesivos gobiernos guyaneses de David Granger e Irfaan Ali.

2016-2024. Los intereses de ExxonMobil prevalecen sobre la controversia territorial por el Esequibo

A finales de 2017 se conoció el escándalo que supuso la firma del contrato petroleo entre ExxonMobil y el entonces gobierno de Guyana, tras presiones política y sociales para que se dieran a conocer los detalles. El documento contractual se rubricó en 2016 de manera confidencial.

La compañía estadounidense disfruta de una tasa de regalías de 2%, definido para el "Bloque Stabroek" que lidera. Además, el Estado guyanés apenas cuenta con una participación de 14,5% en la producción, con miras a aumentarla a 27,5%. Sin embargo, la transnacional se niega a renegociar los términos del contrato.

Contractualmente, ExxonMobil tiene la balanza de las ganancias a su favor. La organización londinense Global Witness reportó en 2020 que Guyana estaba dejando de percibir 55 mil millones de dólares. Para 2022, las ganancias reportadas de ExxonMobil alcanzaron los 577 mil millones de dólares.

Desde 2015 hasta el presente, la multinacional norteamericana continúa descubriendo nuevos yacimientos costa afuera en el "Bloque Stabroek", en la región marítima del Esequibo, totalizando 46 hallazgos para más de 11 mil millones de barriles de petróleo y gas recuperables.

El control de los recursos energéticos en la Guayana Esequiba es un asunto estratégico para ExxonMobil, por ello ha financiado desde 2017 los bufetes de abogados de Guyana en su demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para intentar la validación formal del fraudulento Laudo Arbitral de 1899.

Al mismo tiempo, la empresa multinacional ha perdido terreno en los arbitrajes internacionales. El 9 de marzo de 2017 un nuevo panel arbitral del Ciadi confirmó que el tribunal anterior "se extralimitó manifiestamente de facultades por parte del tribunal y a la falta de motivación de las razones en que se funda para sostener que tenía jurisdicción de conformidad con el Tratado Holandés", es decir, del Tratado Bilateral de Inversiones y, por lo tanto, se anulaba el pago emitido en el laudo de 2014.

Sin embargo, un nuevo tribunal del Ciadi dictaminó el 10 de julio de 2023 que Venezuela pagara a ExxonMobil 77 millones de dólares.

En este contexto, Rex Tillerson salió de sus altos cargos en ExxonMobil el 12 de enero para unirse a la administración de Donald Trump como Secretario de Estado. De esta manera, el sector energético más importante de Estados Unidos se imbricaba directamente en la jefatura de la diplomacia de la Casa Blanca, en un momento cuando las exploraciones y explotación petrolera de ExxonMobil estaban en su auge.

• Bajo la gestión de Tillerson como cabeza del Departamento de Estado, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 13808 el 24 de agosto de 2017, que dictaba medidas contra PDVSA y el Gobierno Bolivariano, iniciando un cerco financiero y jurídico para evitar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otros tratos en materia de deudas, capital, pagos de dividendos, compras, directa o indirectamente.

Con Tillerson como jefe de la diplomacia estadounidense, la retórica de la Casa Blanca contra Venezuela aumentó, y su sucesor Mike Pompeo siguió con el mismo tono, en apoyo a Guyana y a ExxonMobil en sus labores en territorio marítimo de la Guayana Esequiba, lo que contravenía el Derecho Internacional Público.

Bajo este panorama, la empresa estadounidense sigue con sus planes de controlar los recursos del Esequibo a través de concesiones, a la vez que reclama indemnizaciones en arbitrajes internacionales y mueve los hilos para que la CIJ falle a favor de Guyana contra Venezuela. Todo con el apoyo de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa (Comando Sur).

2025. Continúa la conspiración corporativa

Una sucesión de acontecimientos en el mes de marzo pueden dar luces de la reciente jugada de ExxonMobil tras bastidores, tanto de las decisiones sancionatorias de Estados Unidos —segunda administración de Donald Trump— como de los movimientos de Guyana internacionalmente.

3 de marzo: Venezuela rechazó públicamente las acusaciones de Guyana de una supuesta "incursión" de un buque naval venezolano en las aguas de la región del Esequibo. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, acusó a una patrulla naval venezolana de acercarse a una instalación petrolera vinculada con las operaciones de perforación de ExxonMobil en la zona costa afuera en disputa.

4 de marzo: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos suspendió la Licencia General 41, emitida por la administración de Joe Biden en noviembre de 2022, que permitió a Chevron reanudar la producción de crudo en Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le dio a Chevron 30 días para cesar todas sus operaciones en nuestro país.

6 de marzo: Guyana solicitó a la CIJ una orden judicial para detener los planes de Venezuela de elegir un gobernador para la región del Esequibo el 25 de mayo. En 2024 las autoridades venezolanas aprobaron una ley que autoriza un nuevo estado número 24, la Guayana Esequiba, con base en los resultados del referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023.

El 10 de marzo, durante una rueda de prensa, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, denunció una trama conspirativa en la cual ExxonMobil es el protagonista de acciones lesivas contra Venezuela.

Mostró ante las cámaras un documento titulado "Sanciones en el petróleo de Venezuela, menos dinero significa menos poder", firmado por Juan Zárate, exasesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos entre 2005 y 2009, conocido como el "zar de las sanciones"; Peter Williams, contratista militar y vicepresidente senior de Operaciones Globales de ExxonMobil; y David Scott Scheer, contratista militar de Northrop Grumman y financista del actual secretario de Estado, Marco Rubio; con el que la petrolera estadounidense hizo lobby para que el gobierno de Donald Trump, vía Departamento del Tesoro, revocara la licencia a Chevron y así cesara sus operaciones en Venezuela.

En la misma alocución, cita el libro From Destiny to Prosperity (2023) del exministro de Recursos Naturales guyanés, Raphael Trotman, donde confiesa que ExxonMobil pagó 18 millones de dólares al gobierno de Guyana para financiar abogados y hacer lobby ante la CIJ contra Venezuela, lo cual violó el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, en su intento por explotar ilegalmente recursos venezolanos en el Esequibo.

La alta funcionaria venezolana dijo: "La ExxonMobil tiene más de una década conspirando contra Venezuela para socavar su integridad territorial, robar sus recursos, causar desestabilización política interna, promover el bloqueo económico criminal y asesinar a sus autoridades. Denuncio responsablemente que si algo llega a ocurrir a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo directamente a la ExxonMobil".

El mismo día, durante su programa Con Maduro+ Nº71, el presidente Nicolás Maduro denunció: "La ExxonMobil movió mucho dinero para tratar de desestabilizar Venezuela los días 28, 29 y 30 de julio", y agregó que se trata de "una empresa enemiga del pueblo de Venezuela y su derecho a la felicidad".