La última orden ejecutiva de la administración Trump que amenaza con imponer aranceles a compradores de petróleo venezolano está generando sus primeras repercusiones, concretamente sobre el sistema cambiario nacional.

Luego de la derogación de la Licencia General 41, favorable a las actividades de la empresa Chevron en Venezuela y, ahora, con la puesta en marcha de este nuevo mecanismo de presión, se ha producido una perturbación evidente en el valor del bolívar frente al dólar en el tipo de cambio paralelo.

Al cierre del 26 de marzo el tipo de cambio paralelo, o no oficial, cerró en 102,9 bolívares por dólar, mientras que el valor de referencia divulgado por el Banco Central de Venezuela (BCV) reflejó 69,0 dólares por bolívar.

Para este 26 de marzo el diferencial, o brecha cambiaria —como también se le conoce—, alcanzó 40%.

Estos datos rompen las tendencias predominantes de equilibrio y estabilidad en el periodo enero-diciembre de los años 2023 y 2024, pues la diferencia entre ambos marcadores fue mínima, de 5 a 9% y de 7 a 12%, respectivamente.

Esta nueva coyuntura en la economía venezolana ofrece un conjunto de aristas políticas y económicas.

Dinámicas cambiarias

El tipo de cambio paralelo ha tomado nuevas denominaciones en los últimos meses. Ha surgido un marcador —también paralelo o no oficial— llamado "promedio".

Este indicador intermedio entre el precio del tipo de cambio BCV y el tipo de cambio paralelo tradicional, se incorpora en la construcción de precios de bienes y servicios referidos en dólares de manera fáctica en la economía real. Las personas naturales suelen usar el dólar "promedio" como una alternativa al BCV y al paralelo tradicional.

Recordemos que este último, usualmente llamado "Monitor", funciona como valor de referencia de casas de cambio de Colombia, reproduciendo el patrón que aplicó el sitio Dólar Today años atrás.

En teoría, durante los últimos días ha habido una demanda adicional de dólares en casas de cambio y en el mercado informal en su conjunto. Pero se desconoce el nivel o proporción del aumento de ese nuevo requerimiento de la divisa estadounidense a estos grupos cambistas, ya que no existe transparencia en sus parámetros de fijación de precios.

Esta aparente "estampida" fue ocasionada por tenedores de bolívares, quienes se basan en la expectativa de una escasez de divisas en los próximos meses a causa de las medidas de presión y cerco financiero que ha aplicado la administración Trump.

Podría afirmarse que, teóricamente, hay un componente de nerviosismo o pánico por los temores a un deterioro de la economía a causa de una caída pronunciada de las actividades petroleras.

El tipo de cambio "Monitor" genera importantes perturbaciones en la economía real, considerando que se desconocen los niveles reales de demanda que impulsa el precio de la moneda nortamericana. No existe claridad sobre cuántos tenedores de bolívares están dispuestos a pagar el altísimo precio del dólar paralelo.

Hablando de los compradores de efectivo al menudeo —particulares que realizan compra-venta usando marcadores no oficiales—, la mayoría de las operaciones se realiza en función al valor "promedio" u otro monto cercano al dólar "Monitor".

En vista de esto, deben estimarse las altas posibilidades de que la construcción del precio paralelo esté inferida por decisiones de actores particulares dentro y fuera de Venezuela.

Probablemente, dentro de las últimas semanas haya tenido lugar otro fenómeno: el auge del tipo de cambio paralelo en la previa al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que será recaudado hasta el 31 de marzo por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

En este escenario, aupado por grandes sectores comerciales tenedores de dólares, se generaría una colocación excepcional de divisas en los sistemas no oficiales a fin de hacerse con bolívares para el cumplimiento del impuesto.

En todo caso, la evolución de esta coyuntura monetaria está por verse, pudiento agravarse o remitir en los próximos meses.

Derivaciones reales de la perturbación

La actual situación cambiaria profundiza las distorsiones y las asimetrías existentes entre los tipos de cambio, con incremento de la devaluación e inflación.

Con ello, aumenta la presión de proveedores sobre comerciantes, que exigen sus pagos a tasas superiores al valor de referencia BCV.

Si se desarticula el sistema de pagos en las cadenas de proveedores mediante el uso de este indicador, será el consumidor, primeramente, el que tendrá que pagar un mayor precio por los productos, lo que quiere decir que las políticas de Trump tocarán directamente el bolsillo de la población.

Pero el encarecimiento desmesurado de bienes y servicios se traducirá adicionalmente en caída del consumo y una pérdida lineal de ingresos para expendedores, distribuidores, productores e importadores. Entonces el efecto colateral de las medidas de Washington tendrán una repercusión directa entre las empresas privadas venezolanas.

El gobierno norteamericano ha dispuesto medidas que podrían cercenar aún más las actividades petroleras del país y, por ende, los ingresos nacionales y del Estado. Pero más allá del gobierno, se afectan los logros de la recuperación de la economía venezolana durante estos años. El daño podría ser transversal.

Diversos agentes de la economía dan como hecho una reedición de la "máxima presión" y podrían actuar en estampida, preparándose para nuevos escenarios, comprando divisas independientemente de que su precio se haya exacerbado.

Esto es rasgo de incertidumbre y nerviosismo, fenómenos que en el contexto actual buscan comprometer la confianza en invertir en el país y fabricar un escenario de recesión.

Final abierto

Por su parte, el gobierno venezolano y demás agentes de la economía deben instrumentar lo aprendido en años anteriores y enfrentar el nuevo contexto desde dos premisas, fáciles de nombrar, pero difíciles de materializar: sostener el flujo de las actividades petroleras y mantener una oxigenación del sistema cambiario con un flujo adecuado de divisas, muchas de las cuales podrían venir de la mano de nuevas inversiones.

Lo primero demandará mecanismos excepcionales para desarrollar e incrementar prácticas evasivas al bloqueo, aunque lidiando con altos costos.

Lo segundo demanda una gobernanza monetaria estatal que debe ser replicada por los grupos empresariales a modo de salvaguarda del tipo de cambio oficial a fin de evitar una disrupción en el sistema cambiario, lo cual debería mitigar las consecuencias para la economía en su conjunto.

El sector empresarial entiende los riesgos en ciernes, considerando que en los últimos años han realizado importantes inversiones que no quisieran perder.

Entretanto, en el frente político interno, el sector extremista representado en María Corina Machado y Edmundo González ha solicitado y celebrado estas medidas contra las actividades petroleras venezolanas, a contracorriente de la mayoría de la opinión nacional.

Según el encuestador Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, solo 11% de la población aprueba las nuevas acciones contra PDVSA. En enero de este año una encuesta del gremio empresarial Fedecámaras realizada a sus afiliados arrojó que 81% de los empresarios se dicen afactados negativamente por las sanciones.

Aunque la población en general y los agentes económicos en Venezuela rechazan las acciones coercitivas foráneas, el gobierno estadounidense se basa en las posiciones de actores políticos venezolanos —cada vez más debilitados— que las solicitan, lo que crea un falso consenso de respaldo y manufactura un falso consentimiento.

Sobre las medidas desde Washington, la publicación de la Licencia 41B que extendió la presencia de Chevron en Venezuela hasta finales de mayo, aunada a los otros anuncios de Trump sobre aislar el crudo venezolano de otros mercados, sugiere un claro ejercicio de presión.

Estimar esa coerción en el contexto de una posible negociación tras bastidores sería especular sobre la base de la lógica transaccional y oscilante del mandatario estadounidense, pero si algo ha demostrado la política de la Casa Blanca estos meses es que los giros y cambios de postura son una constante.

Todo está por verse, pero claramente la administración Trump ha subido el primer escalón de la "máxima presión" 2.0. contra Venezuela.