El pasado viernes 28 de marzo de 2025 se llevó a cabo el evento "Perspectivas sobre la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela", organizado por el Centro de Estudios Internacionales y Fronterizos (CIBS) de Guyana.

El evento coincidió con la visita de Marco Rubio a Georgetown, y reunió diversas voces políticas y académicas con el propósito de "analizar" la disputa por el Esequibo. Con un claro sesgo a favor de la postura guyanesa, fue promovida la narrativa de Venezuela como "agresor" y fue justificada la creciente militarización del país con respaldo estadounidense.

De hecho, los organizadores explicaron que las "recomendaciones" del evento serán presentadas formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa.

Aunque el foro se intentó proyectar desde un lugar de enunciación académico, donde debía presumirse un esfuerzo por la objetividad, en su desarrollo quedó en evidencia la falta de equilibrio en todas las exposiciones al promoverse una visión unilateral y acrítica que ignora la disposición de Venezuela a resolver la controversia por vías pacíficas, bajo el marco del Acuerdo de Ginebra, en defensa de sus legítimos derechos históricos sobre el territorio esequibo.

El director del CIBS, Mark Kirton, al introducir el evento reforzó la retórica confrontativa de Georgetown y Washington afirmando que "en los últimos tiempos ha habido una escalada en las acciones agresivas por parte de Venezuela", sin referirse a las operaciones de bandera falsa recientes y tampoco a la intromisión ilegal de buques petroleros de la transnacional ExxonMobil en aguas por delimitar.

El profesor oriundo de Guyana señaló como un "acto de provocación" la elección de un gobernador para la región en disputa, juicio que omite que se trata de un ejercicio legítimo de soberanía por parte de Venezuela.

Sobre Kirton vale acortar que es un académico y profesor de Relaciones Internacionales, gran parte de su trayectoria dedicado a la defensa de los intereses de su nación en el ámbito diplomático y estratégico.

Ha participado en diversas conferencias y simposios en los que ha expuesto la visión estadounidense sobre la disputa fronteriza con Venezuela. Recientemente abogó por el fortalecimiento de la capacidad militar guyanesa y la cooperación con organismos internacionales como Caricom y la ONU.

En sus recientes declaraciones enfatizó la necesidad de que el país refuerce su base de defensa marítima, aérea y terrestre ante lo que califica como una "agresión sin precedentes" por parte de Venezuela, lo que además legitima la peligrosa participación de Washington en el diferendo.

Además sugirió la conformación de una misión militar multinacional para actuar como elemento disuasorio y evitar cualquier incursión en el territorio en disputa. Sus pronunciamientos han estado marcados en un enfoque militarizado y de provocación, presentando la postura venezolana como una supuesta "amenaza" inminente, a la vez que insiste en la necesidad de movilizar apoyo internacional a favor del presidente Irfaan Ali.

En 2015 el director del CIBS participó como consultor en el informe de evaluación de las actividades de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), un programa financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, con respaldo de la CIA.

El informe en cuestión, elaborado por la consultora "DevTech Systems", tuvo como objetivo analizar el impacto de los programas de injerencia bajo el tenor securitario implementados en 13 países del Caribe, incluida Guyana. En su rol de académico de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) contribuyó con análisis sobre la cooperación policial, el combate al narcotráfico y la seguridad regional, reforzando la colaboración entre su país y las agencias estadounidenses en materia de seguridad.

El discurso del director del centro académico durante el evento no fue fortuito ni aislado. Responde a una línea estratégica que Guyana ha seguido en estos últimos años: la subordinación a los intereses de Estados Unidos y su agenda militar en la región. No solo se trata de alineamiento sino de una voluntad explícita de articular el país caribeño en la ecuación geoestratégica de Washington, ubicándolo como un peón útil en sus objetivos geopolíticos hemisféricos.

Exembajador de Guyana en Estados Unidos: Riyad Insanally

El embajador Riyad Insanally, primer ponente del panel y formado principalmente en Estados Unidos —con posgrados en Harvard y vinculación con círculos diplomáticos cercanos a Washington—, ha sido una figura activa en la promoción de los intereses de su país.

Además, es miembro del "Atlantic Council" —think tank con una línea claramente alineada con Washington y contraria a Venezuela— y de la consultora "Transnational Strategy", que en su biografía resalta que "durante su mandato como embajador en Estados Unidos, Insanally se centró en ayudar a las empresas estadounidenses a buscar oportunidades de comercio e inversión en Guyana".

Así que, al tomar la palabra en el evento del viernes, marcó inmediatamente su postura para defender el control estaodunidense sobre la República Cooperativa.

El discurso del diplomático expuso una visión alineada con los objetivos de Estados Unidos en la región y reforzó el relato de que Venezuela representa una "amenaza", incluso catalogó el continente como patio trasero: "Maduro ha infligido a Venezuela una causa de inestabilidad que amenaza no solo a Guyana como vecino sino también a toda la región, que Estados Unidos considera como su patio trasero".

Luego explicó que la agenda de Trump representa una ventaja para el gobierno de Ali debido a que ha sabido aprovechar la hostilidad de Washington contra Venezuela para fortalecer su posición.

En este sentido señaló: "Desde entonces, teniendo en cuenta el restablecimiento de sanciones estadounidenses sobre Venezuela, la revocación de la licencia a Chevron para operar en su suelo y la vigilancia aplicada para aceptar elecciones libres, parece que EE.UU. está volviendo a la política de 'máxima presión' de la era Trump. Sugiero que el apoyo a Guyana encaja perfectamente en esta política".

A pesar de que su país ha tomado una serie de decisiones que pueden interpretarse como provocaciones, el diplomático afirmó tajantemente: "No hay registro de confrontación o provocación de Guyana hacia Venezuela. No hay justificación para equilibrar la alarma ante las acciones del país vecino y sus llamados a Guyana a 'portarse bien'". Sobre esto, Insanally citó con entusiasmo las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que "será un muy mal día para el régimen venezolano si atacan Guyana".

Lo dicho por el funcionario ignora, adrede, los continuos acuerdos de exploración y explotación petrolera otorgados a empresas extranjeras en aguas en disputa, así como la constante presencia de actores extrarregionales en la defensa de los intereses guyaneses.

Su discurso también destacó que "con 75% de su explotación en manos de corporaciones estadounidenses, el país se ha convertido en una pieza clave en la estrategia energética de Washington".

Asimismo, el funcionario también descalificó los compromisos asumidos por el gobierno venezolano en el proceso de Argyle, asegurando: "Sigo sin entender cómo quienes defienden el proceso de Argyle creen que Maduro está genuinamente interesado en honrar los compromisos que firmó. Sus bravatas y amenazas deben ser confrontadas. Él es el agresor y Venezuela es la amenaza a la paz. Incluso en diplomacia, no se apacigua a un agresor".

En esta línea justificó la postura de Irfaan Ali de rechazar un nuevo encuentro con su homólogo Maduro: "Me complace el firme posicionamiento del presidente Ali, quien se declaró abierto al diálogo pero rechazó cualquier reunión con Maduro en el marco de Argyle, dada la hostilidad abierta de Venezuela".

Finalmente trazó una estrategia basada en la diplomacia y el fortalecimiento de alianzas, incluyendo actores que tradicionalmente han respaldado a Venezuela: "Guyana debe escalar el asunto diplomáticamente destacando la amenaza que Venezuela representa para la paz internacional. Debe llevar el tema nuevamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual Guyana es actualmente miembro, para insistir en que Venezuela cumpla con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".

Asimismo el embajador expresó que su país debe fortalecer lazos con aliados como Brasil y otros Estados latinoamericanos: "Y, si no lo hemos hecho ya, debemos buscar el apoyo de los amigos de Venezuela: China, Cuba y quizás Rusia, aunque esta última podría verse tentada a crear problemas en el 'patio trasero' de Estados Unidos".

La estrategia, como se desprende de tales declaraciones, consiste en consolidar el respaldo internacional y presentar a Venezuela como el "agresor", ignorando los fundamentos históricos y jurídicos que sostienen la reclamación sobre el Esequibo.

Con el apoyo de actores extrarregionales busca legitimar su posición y desvirtuar cualquier iniciativa venezolana en el marco del Derecho Internacional.

La experiencia de Marilyn Cheryl Miles como embajadora en Venezuela

La exembajadora de Guyana en Caracas, Marilyn Cheryl Miles (2016-2019), expuso en líneas generales su experiencia en Venezuela como jefa de misión de la legación del país vecino.

Durante su primera gira en Caracas (1985-1992), recordó el impacto del "Caracazo", cuando los disturbios la afectaron personalmente debido a la presencia de su hijo en el centro de la capital.

Posteriormente, en su segunda estadía, destacó las dificultades cotidianas, pero también admitió que nunca se sintió directamente amenazada por ser la representante de Guyana.

Asimismo, aunque criticó la postura venezolana sobre el Esequibo, reconoció el carácter amable y hospitalario de sus ciudadanos. Señaló que, incluso en tiempos de mayor tensión, los venezolanos fueron cordiales y accesibles: "Entre los países latinoamericanos, ellos son una de las personas más agradables que puedas encontrar. Muy fáciles de tratar, muy cordiales", afirmó la exembajadora.

Miles reconoció que su labor no era negociar la controversia territorial sino "mantener relaciones cordiales, promover cooperación funcional, proteger los intereses de los residentes guyaneses en Venezuela y, al mismo tiempo, defender la postura de su país".

Uno de los puntos más reveladores de sus declaraciones fue la insistencia en que "Venezuela es extremadamente buena en propaganda. Nosotros tenemos que ser mejores". Con esto, admite que la diplomacia venezolana ha sido efectiva en exponer su reclamo histórico, y sugiere que los intereses de Georgetown deben incidir en la opinión pública y en la comunidad internacional para consolidar su posición.

Ante esto, mencionó su incomodidad ante la presencia de mapas de Venezuela que incluyen el territorio esequibo, mencionando que "era angustiante, incluso en oficinas de países amigos". Para contrarrestar esto, Miles subraya la necesidad de "difundir nuestro mapa".

Miles también mencionó que "el efecto de una amenaza inhibe a quienes viven en las áreas fronterizas", lo cual asoma que Venezuela mantiene una "posición agresiva". Y hace el recordatorio del incidente del buque "Ramform Tethys" en 2018, en el que la armada venezolana interceptó una embarcación que operaba en la zona en disputa.

Evidentemente su declaración esquiva que la verdadera causa de la tensión binacional ha sido la explotación ilegal de recursos en un territorio pendiente de delimitación. Empresas extranjeras como ExxonMobil han llevado a cabo operaciones con el aval del gobierno guyanés violando el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico vigente para resolver la disputa.

Finalmente, eleva las preguntas: "¿Qué busca Venezuela? ¿Por qué, teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo, quiere nuestro "vaso de vino"? ¿Es solo ruido de sables o hay algo más?", y de una vez cita el artículo 2(4) de la Carta de la ONU que "prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otros Estados. Pero la amenaza constante afecta a los guyaneses".

Es una visión en la que Venezuela debe ser retratada como un actor desestabilizador en la región, por lo cual apela a la comunidad internacional para que respalde la posición guyanesa. Pero su argumento parte de una premisa falaz y reduccionista: la idea de que Venezuela, al contar con grandes reservas de petróleo, no debería reclamar el Esequibo.

Este razonamiento ignora el principio fundamental del Derecho Internacional y de la soberanía territorial: la pertenencia de un territorio no se define por la cantidad de recursos que posea una nación sino por los títulos históricos y jurídicos que lo respalden, como si la posesión de recursos invalidara los derechos legítimos sobre un área.

Esta narrativa pasivo-agresiva no solo carece de rigor diplomático, también rebaja el nivel del debate al desviarlo de la sustancia legal y geopolítica que lo sustenta. De este modo, Miles concluyó su intervención promoviendo una estrategia de presión diplomática, similar a la de Insanally, basada en el discurso de la supuesta amenaza venezolana contra Guyana mejorando los métodos propagandísticos.

Facilitador de Guyana para el Proceso de buen oficiante: Ralph Ramkarran

El siguiente ponente fue Ralph Ramkarran, un destacado político y abogado guyanés. Quien fue Presidente de la Asamblea Nacional desde 2001 hasta 2011, es conocido por su columna "Conversation Tree" en el portal Stabroek News.

Su carrera política dio un giro en 2012 cuando, tras enfrentar hostilidades por un artículo sobre corrupción y ser acusado de "no ser de fiar", renunció al Partido Popular Progresista (PPP) después de cuarenta años de militancia.

En el ámbito jurídico, se tituló abogado en 1972 en el Reino Unido como miembro de Gray's Inn y, al regresar a su país, se unió en 1977 al bufete Cameron & Shepherd, donde actualmente es socio principal. Además, fue designado facilitador de Guyana para el proceso de buen oficiante bajo el PPP.

Ramkarran presentó una intervención en la que reiteró su postura sobre la amenaza que, según él, representa Venezuela para Guyana. El abogado sostuvo que Caracas ha mantenido una política de agresión disfrazada de diplomacia y que su verdadera intención es anexar el territorio esequibo, lo que, en sus palabras, convertiría a Guyana en un "Estado residual", despojado de sus recursos naturales más importantes.

El político guyanés comenzó su exposición con una anécdota sobre un encuentro con un funcionario de Asuntos Exteriores de Surinam, quien desestimó cualquier posibilidad de diálogo sobre la frontera con Guyana afirmando que el territorio en disputa pertenecía a su país y que no había nada que discutir.

El abogado acusó a Venezuela de incrementar su presencia militar en la región, señalando la expansión de instalaciones y el despliegue de fuerzas pero omitiendo el continuo refuerzo castrense de Guyana con apoyo estadounidense. Asimismo, cuestionó la convocatoria de elecciones para gobernador en la Guayana Esequiba, y la calificó de provocación sin reconocer que se trata de una medida soberana en un territorio históricamente reclamado por Venezuela.

El abogado insistió en que la comunidad internacional debe comprender la gravedad de la amenaza y no ceder ante llamados al diálogo que, según él, solo sirven para que Caracas gane tiempo mientras continúa socavando la supueta "soberanía guyanesa".

Ramkarran también desestimó las afirmaciones venezolanas de que el Acuerdo de Ginebra revocó el nulo e irrito laudo arbitral de 1899 y estableció negociaciones directas entre ambas naciones.

En su conclusión, el abogado instó a su país a continuar reforzando su trabajo diplomático para contrarrestar la presión vecina. Propuso la creación de un equipo especial bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores para mantener una presencia constante en foros internacionales, explicar la posición de Guyana en diferentes capitales del mundo y asegurar el apoyo de la comunidad internacional.

El abogado de la ExxonMobil: Carl Greenidge

Carl Greenidge, actual agente de Guyana ante la CIJ, ha sido una de las figuras más vehementes en la defensa de los intereses de la ExxonMobil y de Guyana en la disputa territorial con Venezuela.

Su participación en el evento estuvo marcada por una serie de afirmaciones dispersas y argumentos que intentan deslegitimar la posición venezolana sin abordar los puntos esenciales de la controversia.

Uno de los aspectos centrales de su ponencia fue su insistencia en defender la CIJ como el mecanismo legítimo para la resolución del conflicto, obviando deliberadamente el Acuerdo de Ginebra de 1966.

El funcionario intentó minimizar la relevancia del acuerdo repitiendo la desgastada narrativa de que Venezuela jamás presentó pruebas que descalificaran el Laudo Arbitral de 1899 en el momento de su emisión. Sin embargo, ignora que Venezuela ha sostenido de manera firme y documentada que dicho laudo fue producto de un fraude, tal como quedó demostrado en la correspondencia desclasificada de la época.

Greenidge también recurrió a afirmaciones infundadas y claramente tendenciosas. En su intento de desacreditar la posición venezolana, sugirió que "una negociación lógica entre las partes no es posible porque Venezuela tiene ambiciones que nada tienen que ver con el Derecho Internacional". Este tipo de retórica, más propia de la propaganda que del análisis jurídico, refleja la desesperación por presentar a Venezuela como un "Estado expansionista".

Un aspecto que no puede pasar desapercibido en el historial de Greenidge es su papel en la financiación del equipo legal de Guyana en la CIJ. En diciembre de 2017, cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, reveló ante el parlamento guyanés que su gobierno tuvo dificultades para pagar a tiempo a los abogados que defendían la causa de la República Cooperativa.

Para solventar este problema recomendó al entonces presidente David Granger que utilizara 15 de los 18 millones de dólares que ExxonMobil había entregado a Guyana en 2016 como parte del bono de firma del contrato de exploración petrolera.

Esta decisión generó una intensa controversia interna, con críticas de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron el uso de esos fondos. Este episodio deja en evidencia la estrecha relación entre el gobierno guyanés y la transnacional petrolera, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad en la gestión de este conflicto.

Finalmente Greenidge reconoció que, aun si la CIJ falla a favor de Georgetown, la controversia persistirá. "Las dificultades persistirán, incluso después de que la Corte emita su fallo", afirmó, lo que sugiere que el litigio no resolverá las tensiones existentes.

Sobre esto, si bien no lo mencionó explícitamente en la conferencia, en otro evento reciente fue más claro. Él declaró abiertamente que Guyana no puede garantizar que no buscará asistencia militar extranjera ya que eso la haría más vulnerable.

En esa ocasión afirmó que su país tiene derecho a solicitar ayuda y respaldó la propuesta de Kirton de establecer una fuerza multinacional. "No hay problemas logísticos para organizar una fuerza multilateral. Ha ocurrido muchas veces y puede volver a ocurrir. No tenemos que depender de un solo aliado", señaló.

Estas declaraciones dejan entrever la disposición de Guyana a seguir escalando el conflicto y legitimar la intervención de potencias extranjeras en la región.

En conclusión, la intervención de Greenidge fue un intento desordenado y poco convincente de defender lo indefendible. Su postura no solo ignora el marco legal establecido en el Acuerdo de Ginebra sino que también evidencia la profunda dependencia de Georgetown de actores externos.

CORTE DE CAJA

El evento organizado por el CIBS dejó en evidencia una estrategia clara: utilizar a Estados Unidos como palanca para consolidar su posición en la disputa territorial.

Los ponentes, en especial Kirton y Greenidge, insistieron en la necesidad de una fuerza militar multinacional y en el respaldo de actores extrarregionales, lo que refleja la disposición de Guyana a convertirse en un enclave al servicio de los intereses geopolíticos de Washington.

Esta postura, lejos de buscar una solución pacífica, profundiza la militarización de la región y desvirtúa el marco jurídico establecido en el Acuerdo de Ginebra, e ignora deliberadamente las acciones provocadoras de Guyana, como la explotación ilegal de recursos en aguas en disputa por parte de ExxonMobil.

Además, Georgetown aprovecha su posición temporal en el Consejo de Seguridad de la ONU para preparar una ofensiva diplomática contra Venezuela, aunque todavía espera la designación del embajador estadounidense en dicha instancia para activar su agenda.

Las intervenciones de Insanally y Ramkarran dejaron claro que su objetivo es presentar a Venezuela como un "agresor", omitiendo los detalles históricos y jurídicos que respaldan la reclamación venezolana sobre el Esequibo.

La narrativa guyanesa se centró en desacreditar al Estado vecino y en promover el nulo e írrito Laudo de 1899, sin mencionar el expolio de recursos ni las violaciones al Derecho Internacional cometidas con el aval de empresas como ExxonMobil.

En definitiva, el foro fue una plataforma para reforzar la subordinación de Guyana a los intereses estadounidenses, presentándose como un actor vulnerable que requiere protección internacional.

Como excolonia reciente, con una institucionalidad frágil y dependiente de un "Estado protector", Guyana ha optado por el camino de la sumisión estratégica, tendencia que la convierte en un engranaje más dentro de la maquinaria de proyección de poder de Estados Unidos en el Caribe.

La actividad reveló la hipocresía de un discurso que, mientras acusa a Venezuela de agresión, ignora sus propias acciones unilateralistas y la explotación ilegítima de un territorio en disputa.

Guyana es una ficha de menor categoría, un peón en el ajedrez regional.