El 3 de enero marcó un punto de quiebre en la historia política reciente de América Latina. La acción bélica ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela se trató de una operación a gran escala con un denso contenido doctrinario, que inauguró una nueva fase de intervención abierta en la región.

Este acontecimiento expone, con crudeza, una responsabilidad compartida: la pasividad de los gobiernos latinoamericanos, la ausencia de una visión estratégica común y la incapacidad de construir consensos efectivos para disuadir acciones ilegales de esta naturaleza.

Países que hoy condenan la agresión, como Brasil, Chile y Uruguay, optaron durante años por el silencio, la ambigüedad o la distancia política, renunciando a ejercer una defensa temprana del principio de soberanía regional.

Fragmentación regional

La fragilidad del entramado regional quedó en evidencia ya en 2023, durante la Cumbre de Presidentes Suramericanos convocada por Brasil.

En ese espacio que, en un principio, lucía alentador, el presidente Nicolás Maduro formuló un llamado explícito a superar las disputas ideológicas estériles y avanzar hacia mecanismos de integración reales, sostenidos en una visión de Estado y de largo plazo.

"Pongamos de lado esa ideologización y demos pasos adelante, con visión de Estado, de altura, para que esta iniciativa (…) sea el inicio de una nueva etapa, ojalá de unión verdadera", afirmó entonces, anticipando con claridad los riesgos de una región desarticulada frente a presiones externas.

No obstante, ese llamado chocó con una realidad política marcada por ambigüedades y tibiezas.

Mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oscilaba entre gestos de acercamiento y declaraciones que relativizaban la naturaleza del sistema político venezolano:

"Nuestra región ha permitido que las ideologías nos dividan e interrumpan los esfuerzos de integración. Hemos abandonado nuestros canales de diálogo y los mecanismos de cooperación ya existentes. Como consecuencia, todos hemos perdido", afirmó el presidente brasileño.

Otros actores, como el gobierno chileno de Gabriel Boric, optaron por discrepancias públicas de carácter más infantil que estratégico.

"Manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido de que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa", dijo Boric en medio del encuentro.

Estas posiciones, ajenas a la comprensión del tablero geopolítico, terminaron revelando la falta de preparación de ciertos liderazgos para enfrentar dinámicas de poder de escala global. El resultado fue una integración incompleta, declarativa y frágil, incapaz de ofrecer respaldo efectivo en momentos críticos como los que se han desarrollado durante el primer año de la administración Trump.

Esta misma lógica se reprodujo en el ámbito multilateral ampliado.

La decisión de Brasil de vetar el ingreso de Venezuela a los BRICS constituyó un error estratégico de gran alcance, agravado por la forma en que fue ejecutada.

Lula, quien no pudo viajar a Kazán por motivos de salud tras un accidente doméstico que derivó en su hospitalización, no pudo asumir personalmente el costo político de la decisión, y se vio obligado a tercerizar la operación a través de su equipo técnico y diplomático.

Desde esa posición, el gobierno brasileño bloqueó la incorporación de Caracas. La línea argumental fue adelantada por su asesor especial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, quien en una entrevista con CNN sostuvo que los BRICS "necesitan países que puedan contribuir", en una alusión directa y explícita a Venezuela, obviando las limitaciones económicas y comerciales del país bajo sanciones y bloqueo.

El gobierno de Brasil decidió priorizar una lectura estrecha y funcional a los equilibrios occidentales antes que cerrar filas con el país vecino.

Esta acción fue una señal de desmarque regional que debilitó la cohesión latinoamericana y facilitó el posterior avance de la estrategia estadounidense, pues envió una señal de vulnerabilidad regional que fue rápidamente capitalizada por Washington.

Ahora bien, el día del ataque, las reacciones de los gobiernos latinoamericanos dejaron al descubierto un amplio espectro de posturas:

• México: Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, rechazó "enérgicamente" el ataque, señalando que viola la Carta de las Naciones Unidas y solicitando a la ONU que "actúe inmediatamente" para preservar la paz.
• Honduras: La presidenta Xiomara Castro calificó el operativo como una "agresión militar" y describió el secuestro del presidente y la primera dama como una afrenta a la soberanía de los pueblos latinoamericanos.
• Cuba: Miguel Díaz-Canel calificó el ataque de "criminal" y pidió una reacción urgente de la comunidad internacional. Al igual que México y Honduras, su declaración fue directa.
• Argentina: El presidente Javier Milei celebró el ataque calificándolo de "excelente noticia para el mundo libre", mostrando un alineamiento explícito con la administración Trump.
• Chile: El recién electo José Antonio Kast calificó el ataque de "gran noticia para la región" y enfatizó la necesidad de coordinar el regreso seguro de los venezolanos.
• Ecuador: Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, se limitó a afirmar que "a todos los criminales narco-chavistas les llega su hora", enmarcando el ataque dentro de una narrativa interna anti-chavista, sin reconocer la ilegalidad de la intervención ni la afectación a la soberanía.
• Perú: El mandatario José Jerí dio la bienvenida a una "nueva era en democracia y libertad" en Venezuela y anunció facilidades para el retorno de migrantes venezolanos.

Incluso, veinte días después de consumada la agresión, en total desfase, el presidente Lula expresó públicamente su indignación por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

En conjunto, estas declaraciones mostraron una combinación de acrobacias discursivas, neutralidad funcional, rechazo directo o alineamiento explícito con la administración Trump, evidenciando la incapacidad de varios gobiernos para adoptar una postura firme y cohesionada regionalmente de defensa de la soberanía regional frente a la agresión estadounidense.

El corolario Trump EN un continente fragmentado

A un mes exacto de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, Estados Unidos ejecutó la primera acción bélica que materializó el documento programático.

El ataque del 3 de enero fue el debut operativo de una doctrina formalmente anunciada y políticamente asumida por la administración Trump que se trató de la traducción inmediata de un marco estratégico a la práctica, enviando una señal inequívoca al continente sobre la nueva fase de ejercicio del poder estadounidense.

La Estrategia redefine de manera explícita las prioridades de seguridad y política exterior de Estados Unidos. En ella se formalizó el Corolario Trump de la Doctrina Monroe y justifica el alineamiento de instrumentos militares, económicos y coercitivos para neutralizar las "amenazas", desplazando el derecho internacional como marco regulador.

En este nuevo esquema, la noción clásica de soberanía estatal es sustituida por una soberanía funcional, medida por el grado de alineamiento con las prioridades estratégicas de Washington.

Así que se introduce una soberanía asimétrica y condicionada, donde Estados Unidos se reserva para sí la condición de único sujeto soberano pleno en el continente, mientras que el resto de las naciones son tratadas como soberanías derivadas, subordinadas y revocables.

De hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se manifestó sobre esto:

"Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe".

La validez práctica de cada Estado queda sujeta a evaluaciones técnicas de riesgo, gobernabilidad y utilidad geopolítica.

El propio texto lo expresa, según el cual el destino del hemisferio debe ser controlado exclusivamente por el pueblo estadounidense, excluyendo tanto a potencias extrahemisféricas como a instituciones multilaterales. Esta formulación convierte al continente en una zona de jurisdicción estratégica ampliada.

El ataque contra Venezuela, en ese marco, operó como acto fundacional de esta nueva fase doctrinaria. Fue una demostración de fuerza orientada incluso a medir reacciones regionales.

Que este debut se produjera en un continente fragmentado, sin mecanismos efectivos de defensa colectiva y con gobiernos incapaces de articular una respuesta común, no fue accidental. La balcanización política de América Latina, producto de decisiones cortoplacistas y lecturas ombliguistas, creó el escenario ideal para que esta estrategia se aplicara sin costos inmediatos en la propia región.

En definitiva, lo ocurrido sienta un precedente que redefine las reglas del juego latinoamericano y deja al descubierto el costo acumulado de la fragmentación regional.

Se trata de un continente atravesado por gobiernos que no otorgaron la debida importancia histórica y trascendental a los esquemas de integración y cooperación estratégica propuestos de manera reiterada por Venezuela, concebidos no como alineamientos ideológicos, sino como mecanismos de resguardo colectivo frente a agresiones externas.

Como ocurrió con Gaza, la condena de mandatarios regionales llega tarde, cuando el daño ya está hecho y el precedente ha sido establecido.

La historia se repite; solo después de la agresión abierta emerge una indignación que pudo haberse traducido antes en contención política y diplomática.

"Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración": así lo expresó Simón Bolívar. Y doscientos años después, sigue teniendo la trágica razón.