La contienda desatada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán constituye un enfrentamiento bélico de alta intensidad que representa, sobre todo, una prueba de estrés sin precedentes para el derecho internacional contemporáneo.

Se trata de una coyuntura en la que el marco jurídico multilateral choca frontalmente con el sistema de alianzas hegemónicas diseñado por Washington, obligando a la comunidad internacional a enfrentar una disyuntiva histórica: ¿se defiende la legalidad internacional o se sostiene la arquitectura de bases y garantías de seguridad subordinadas a un polo imperial? ¿O es esta una pregunta baladí ante el escenario de múltiples fuerza que está experimentando la realidad del mundo?

Por ello, esta encrucijada está lejos de ser coyuntural: es estructural. Y sus ramificaciones amenazan con reconfigurar de raíz la soberanía estatal, la arquitectura de Naciones Unidas y el orden geoeconómico global.

La fractura institucional de la ONU

El eje jurídico del conflicto gira en torno a la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada por unanimidad el 14 de diciembre de 1974, que estableció una definición clara y consensuada de lo que constituye un acto de agresión. Según este instrumento, el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, así como el bombardeo de su territorio o el bloqueo de sus costas, configuran agresión en sentido estricto.

No obstante, en marzo de 2026, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2817, condenando los ataques iraníes contra seis Estados del Golfo Pérsico y Jordania, en directa contradicción con el marco de 1974.

Esta maniobra es un claro síntoma de colapso institucional. El Consejo de Seguridad, órgano encargado de preservar la paz, votó a favor de una resolución que invalida el propio derecho que sus miembros juraron defender.

La abstención de Rusia y China no ocultó la realidad: la resolución fue impulsada por una mayoría alineada con la narrativa atlantista, sacrificando la coherencia jurídica por la protección de un sistema de alianzas. El silencio cómplice de la mayoría de los Estados miembros, salvo excepciones como la República Democrática de Corea, evidencia que la coerción militar y financiera ha sustituido al consenso jurídico como motor de la diplomática multilateral.

La ONU no está en crisis por la debilidad del derecho, sino por la resistencia de las potencias hegemónicas a someterse a él.

El dilema de la soberanía jurídica

El derecho de un Estado agredido a responder militarmente no solo contra el territorio del agresor, sino también contra las bases militares desde las cuales se proyecta la agresión, ubicadas en terceros países, es un precepto implícito en el derecho a la legítima defensa y en la definición de agresión de 1974, y coloca a Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán y Qatar en una posición insostenible.

Dichos países aceptaron la instalación de infraestructura militar estadounidense bajo la promesa de protección regional. Sin embargo, según una interpretación extendida del derecho a la legítima defensa y de la doctrina sobre corresponsabilidad por facilitación logística, Teherán sostiene que las bases extranjeras que proyectan la agresión se transformaron en objetivos legítimos.

Así, la contradicción parece absoluta: el derecho internacional los haría corresponsables de la agresión por albergar las bases, mientras que la alianza con Washington los expone a represalias sin ofrecerles escudo jurídico alguno.

En todo caso, la Res. 3314 no regula expresamente la respuesta contra bases en Estados no agresores. Lo de Irán es una interpretación doctrinal vinculada al Art. 51 de la Carta de la ONU y a la jurisprudencia de necesidad/proporcionalidad en legítima defensa.

Pero la pregunta que sobrevuela la región es clara: ¿garantiza la base extranjera estadounidense la seguridad o la vulnerabilidad? La respuesta, según la lógica del derecho internacional según la interpretación de Teherán, apunta a lo segundo.

Es cierto que, desde este punto de partida legal, la soberanía no se delega en acuartelamientos foráneos: se ejerce mediante la adhesión a marcos multilaterales que priorizan la no injerencia y la resolución pacífica de controversias. Pero el realismo de la guerra está imponiendo una lógica de fuerza que subyace en la manera cómo se están relacionando los países en todo el mundo.

De hecho, la interpretación del derecho internacional a imagen y semejanza del proyecto geopolítico de cada Estado se impone mediante las técnicas propias del dominio militar y económico. El mundo está cambiando desde hace décadas, pero es ahora cuando se hace más nítida la constatación.

La guerra "bárbara"

Más allá de la legalidad interestatal, el conflicto exhibe una degradación sistemática del derecho internacional humanitario. El principio de distinción, la protección de bienes civiles y la prohibición de ataques desproporcionados, consagrados progresivamente desde las Conferencias de La Haya y sistematizados en los Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra, han sido abiertamente ignorados.

La destrucción de hospitales, complejos deportivos, escuelas, sitios patrimoniales como el Palacio de Golestán, oficinas de la UNESCO y la OMS, e incluso el bombardeo repetido de la central nuclear civil de Bushehr, configura una campaña de terror estratégico que busca quebrar a toda la sociedad mediante el sufrimiento colectivo.

A esto se suma la eliminación selectiva de dirigentes políticos y religiosos, práctica que Israel y Estados Unidos no solo ejecutan, sino que celebran públicamente. Lejos de ser un recurso táctico eficaz, la decapitación institucional ha demostrado históricamente su carácter contraproducente, radicalizando conflictos y eliminando interlocutores para la paz.

Sin embargo, la lógica hegemónica actual prioriza el espectáculo de la fuerza sobre la estabilidad jurídica. Cuando un Estado amenaza explícitamente con "destruir una civilización" o bombardea infraestructura sanitaria y cultural, viola tratados y se coloca al margen del orden que supuestamente preserva el equilibrio geopolítico.

El derecho internacional humanitario constituye el dique que, en teoría, separa la política de la barbarie. Mas su sistemático quebrantamiento en esta contienda expone la crisis de legitimidad del orden vigente.

El Estrecho de Ormuz como termómetro jurídico

La dimensión geoeconómica del conflicto cristaliza la disputa por la hegemonía monetaria y el control de rutas estratégicas. Las aguas del Estrecho de Ormuz no son de carácter internacional, sino territoriales de Irán y Omán. Sin embargo, es un estrecho de navegación internacional regulado por la Parte III de la CONVEMAR (1982). Los Estados ribereños tienen soberanía territorial, pero los buques gozan del derecho de paso en tránsito, que no puede suspenderse ni gravarse arbitrariamente.

Aunque el derecho marítimo no autoriza peajes unilaterales, la propuesta y acción iraní de exigir compensaciones en yuanes refleja una disputa geopolítica por la desdolarización del comercio energético, más que un amparo estricto en la CONVEMAR.

La respuesta estadounidense, anunciada como un "bloqueo" total del estrecho, constituye una violación directa del principio de libertad de navegación en tiempos de paz y un reconocimiento implícito de la pérdida de control sobre la arquitectura energética global.

El paralelismo con la crisis de Suez de 1956 es elocuente: el fracaso de la operación anglo-francesa-israelí marcó el ocaso del colonialismo clásico; la actual crisis de Ormuz podría marcar el fin de la pretensión estadounidense de dictar unilateralmente las reglas del comercio mundial.

De esta manera, la transición hacia un orden distinto se está imponiendo en el terreno jurídico, monetario y estratégico.

¿Hacia una nueva arquitectura jurídica?

La guerra en el Golfo Pérsico es un conflicto militar que también se erige como un laboratorio jurídico que desnuda las contradicciones y los límites del sistema internacional contemporáneo. Estamos viviendo un mundo donde se está definiendo entre opciones civilizatorias que rompen el paradigma ilusorio que fue bautizado en 1945.

Algunas respuestas a esta coyuntura estratégica consisten en sostener la legalidad internacional, reformar las Naciones Unidas para reflejar el equilibrio geopolítico real y consolidar mecanismos de defensa colectiva basados en la Carta de la ONU. La preservación del sistema de Estados soberanos exige que esta sea la única vía viable para evitar que el derecho sea sustituido por la ley del más fuerte.

Pero asimismo esta coyuntura reafirma una verdad estratégica: el derecho internacional no es un instrumento neutral, sino un campo de batalla donde se disputa el futuro del orden mundial. Y este se está esculpiendo con la guerra como catalizador. Todo se está redefiniendo en la práctica, donde la fuerza y el derecho interactúan como campos de disputa civilizatoria.

En un mundo edénico, el derecho se sostiene con la voluntad de los pueblos de no volver a ser rehenes de imperios que confunden el poder con la legalidad; en el mundo real, el derecho es una herramienta de poder que puede ser maleable o transformable mediante el consenso de la fuerza.

Ya hemos conocido, como humanidad, de la historia moderna otros momentos geopolíticos y geoeconómicos que se definen con el fuego destructivo de las guerras mundiales. Quizás este se trate de un umbral hacia otro sistema internacional donde tenga expresión una nueva arquitectura jurídica. O quizás se multiplique en otros sistemas, por regiones, donde la adaptabilidad de la geopolítica inmediata dicte sus normas.

Pero lo cierto es que con la guerra en Asia Occidental se demuestra una vez más que el mundo opera al margen del marco jurídico que supuestamente lo regula.