Más de cinco décadas tiene Washington esgrimiendo la narrativa de la "guerra contra las drogas" pero ha funcionado más como un manual de intervención y control geopolítico sobre América Latina que como una solución al problema global de las sustancias estupefacientes. Se trata de un paradigma basado primordialmente en la militarización y la erradicación forzosa que ha dejado un reguero de violencia, inestabilidad política y derechos humanos vulnerados, mientras el negocio del narcotráfico se adapta y florece.

En este contexto, la presidencia de Gustavo Petro en Colombia ha representado un punto de inflexión debido a que, por primera vez, un jefe de Estado colombiano cuestiona abiertamente los fundamentos de esta "guerra" e implementa una estrategia diametralmente opuesta, centrada en la inteligencia, la desarticulación financiera y la cooperación regional, lo que ha generado una fricción sin precedentes con el establishment de seguridad estadounidense.

Metamorfosis del enemigo: La Nueva Junta del Narcotráfico y la autopista ecuatoriana

La estrategia de Petro se ha tenido que diseñar frente a un adversario que ha evolucionado significativamente. Lejos del modelo de los cárteles monolíticos de los años 90, el gobierno colombiano identifica una estructura más difusa y letal: la llamada "Nueva Junta del Narcotráfico".

Según las investigaciones citadas por el propio Petro esta "Junta" no es un cártel, sino una alianza estratégica entre grupos narcotraficantes, funcionarios corruptos y actores armados que operan de manera coordinada para controlar las rutas de la cocaína y otros delitos transnacionales. Sus características clave incluyen :

• Integra a disidencias de las FARC (como el frente Carlos Patiño liderado por Iván Mordisco), el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia), la Segunda Marquetalia, y “narcofiscales” corruptos.
• Conexiones Globales: Vincula a capos albaneses e italianos, con operaciones en Europa, Haití y América Latina.
• Influencia en Instituciones: Petro asegura que la junta infiltra gobiernos, comprando funcionarios en Colombia y otras naciones.

La génesis de esta estructura se remonta a las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, donde capos extraditados pudieron coordinar operaciones y alianzas. Su objetivo es racionalizar el negocio, reducir la violencia entre grupos para maximizar ganancias y establecer corredores logísticos más eficientes.

Un ejemplo de esta nueva dinámica es Ecuador. Petro ha afirmado que el puerto de Manta es la principal salida de la cocaína colombiana, mientras que el historiador Hernando Calvo Ospina ha denominado a ese país como "autopista de la cocaína" hacia Europa y Asia. El mandatario denunció que el narcotráfico ha infiltrado instituciones ecuatorianas, incluyendo Fuerzas Armadas y Fiscalía, y que esto ha sido posible gracias a la permisividad de gobiernos anteriores y a la presencia de estructuras criminales que operan desde Guayaquil hasta Esmeraldas.

Uno de los líderes de este entramado es Dritan Gjika, un narcotraficante albanés que lideró durante más de una década una estructura de tráfico de cocaína con presencia en Colombia, Ecuador, España y los Balcanes. Este es un síntoma de la capacidad de esta "Junta" para operar transnacionalmente, deslocalizando sus centros de operación y presión.

Otro foco del gobierno colombiano está puesto en Julio Lozano Pirateque, un esmeraldero que cumplió una condena de seis años en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, ha sido informante de la DEA y reside en Dubái.

Petro también ha afirmado que en la junta se encuentran narcos como el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia y señalado por consolidar el Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización transnacional con incidencia en ese país, Paraguay, Bolivia y Brasil, que operan con métodos sofisticados y redes transcontinentales. Se cree que está detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. En 2021, fue detenido en Dubái por tener un pasaporte falso, pero quedó en libertad.

El nuevo escenario demuestra la futilidad de una estrategia puramente militar: golpear un eslabón débil en la cadena —como los cultivos— es inútil cuando la dirección estratégica y las finanzas están consolidadas en una estructura superior y con alcance global. La respuesta de Petro, por tanto, no se limita a los campos de coca.

Logros en cifras: inteligencia y asfixia financiera

El gobierno de Petro ha basado su ofensiva en un pilar fundamental: la inteligencia. La desarticulación de redes de lavado de activos y el golpe a las estructuras financieras del narcotráfico han arrojado resultados cuantificables que el gobierno expone como históricos.

• La Policía Nacional, entre el 1º de enero y el 7 de agosto pasado, decomisó cerca de 300 toneladas de cocaína, la cifra más alta en dos décadas para ese mismo periodo. A su vez, la Armada de Colombia alcanzó más de 327 toneladas en operaciones marítimas, costeras y fluviales.
• Estos operativos costaron la vida de 107 miembros de la fuerza pública, 79 de ellos policías.
• Como saldo de la operación Orión XV, 455 estructuras criminales dedicadas a la producción y distribución de droga que operaban en los cinco continentes fueron golpeadas en el primer semestre de 2025 gracias a la acción coordinada por Colombia con 61 países aliados, 127 instituciones judiciales y 10 organismos multilaterales dedicados a la lucha contra el narcotráfico en el mundo.
• En 2023, se incautaron 659 toneladas y en 2024 fueron 746 toneladas en territorio nacional. En operativos en aguas internacionales, la cifra supera las 700 toneladas de alcaloide decomisado.
• El acumulado en todo el gobierno supera las 2 mil 345 toneladas, una cifra superior a las mil 418 toneladas decomisadas en el mismo periodo del gobierno del presidente Iván Duque. Es decir, el gobierno actual ha incautado un 65 % más.
• La tasa de crecimiento anual de los cultivos de hoja de coca fue de 43 % anual en el gobierno de Iván Duque, ha bajado en este año a 3 %.
• Tan solo en octubre pasado fueron desmanteladas dos redes de lavado trasnacional, una involucrada en el blanqueo de hasta 182 mil millones de pesos (47 millones de dólares) por el envío de cocaína a Europa vía marítima, desde Turbo (Antioquia), Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil (Ecuador) con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España. Otra vinculada al ELN que, según informes de las autoridades, habría blanqueado unos 885 mil millones de pesos (230 millones de dólares) y logrado burlar los controles del Estado colombiano durante cerca de dos décadas.

Estos números, presentados por la propia Presidencia y fuerzas de seguridad, indican un cambio táctico: en lugar de priorizar la erradicación forzosa de cultivos (que genera conflicto social), se está interceptando la droga ya procesada y se está atacando el flujo de capitales, el verdadero motor del negocio. No obstante, aunque las incautaciones son altas, la capacidad de producción de cocaína parece mantenerse resiliente, un recordatorio de la magnitud del desafío.

Los retos estructurales: Una economía paralela enquistada

A pesar de los éxitos operativos, el gobierno de Petro se enfrenta a un problema abismal. Más que un delito, el narcotráfico es un subsistema económico profundamente integrado en la realidad colombiana.

Una investigación del economista Daniel Mejía concluye que el tráfico de la cocaína genera ingresos promedio anuales por 15 mil 300 millones de dólares en Colombia. Una cifra equivalente al 4,2 % del PIB nacional y que iguala el valor de sectores legales de la economía como la construcción. Otras estimaciones confirman que la economía de la cocaína puede representar entre el 2% y el 4% del PIB, una cifra billonaria en pesos.

Este poder económico se traduce en poder social y político debido a que la "economía oculta" del narcotráfico permea regiones enteras, donde es el principal empleador y donde financia obras e infraestructura que el Estado no provee. Esto crea un círculo vicioso: la marginalidad y la falta de oportunidades estatales fortalecen a las economías ilegales, que a su vez corrompen y debilitan aún más las instituciones.

El reto para Petro, por tanto, es doble: debe desmantelar las redes criminales mientras avanza en su prometida "Paz Total", que busca ofrecer vías legales de desarrollo a las comunidades atrapadas en este conflicto. Es una carrera contra el tiempo y contra una estructura de poder ilegal que tiene los recursos para cooptar y resistir.

Puentes hacia la cooperación regional

Uno de los giros más significativos de la política de Petro ha sido su acercamiento al gobierno venezolano. Reconociendo que la frontera binacional de 2.200 km es un corredor vital para el narcotráfico y los grupos armados ilegales, Petro ha impulsado una coordinación operativa que era impensable hace apenas unos años, propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro.

En agosto pasado, el mandatario colombiano impartió instrucciones para que “por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”. Esto incluye operaciones conjuntas de inteligencia, acción militar coordinada y patrullajes binacionales. La alianza, inédita en dos décadas, ha impulsado acciones recientes como la destrucción de dos avionetas vinculadas al narcotráfico y el desmantelamiento de dos campamentos de grupos armados colombianos (Tancol) donde hallaron panfletos de la guerrilla del ELN.

Además, en Venezuela se han incautado unas 60 toneladas de droga en lo que va de año y neutralizado 23 aeronaves que han incursionado en el espacio aéreo sin autorización y con claros propósitos de trasladar estupefacientes.

Petro ha criticado abiertamente la recompensa de 15 millones de dólares que Estados Unidos ofrece por el primer mandatario venezolano, afirmando que "Venezuela combate el narcotráfico en la frontera". Esta cooperación es un ejemplo práctico del nuevo enfoque regional que ambos presidentes proponen: los problemas regionales requieren soluciones regionales, sin la imposición de un manual extranjero. Es una demostración de soberanía que, al mismo tiempo, levanta ampollas en Washington, que ve cómo un país aliado histórico se alinea con su principal adversario en la región.

Las amenazas de Trump y el mismo (narco)libreto

El cambio de estrategia de Colombia no ha pasado desapercibido en Washington. La administración del presidente Donald Trump ha reaccionado con una virulencia inusual, dejando clara su incomodidad con un socio que se sale del guion. En octubre pasado, el magnate escaló su retórica al acusar directamente a Petro de tener vínculos con el narcotráfico y de ser un "narcopresidente", llegando incluso a amenazar con acciones militares contra Colombia.

Estas amenazas siguen el patrón histórico mediante el cual la "guerra contra las drogas" se utiliza para aumentar la presencia militar estadounidense en América Latina, y el caso de (el plan) Colombia es el ejemplo más claro. La retórica de Trump busca crear un casus belli, instrumentalizando la lucha antidrogas para justificar una intervención que, en el fondo, responde a la necesidad de reafirmar el control hemisférico y castigar la desviación de Petro de la línea dura. La posibilidad de sanciones económicas contra el mandatario colombiano, como las que ya se han insinuado, es otra herramienta de presión para forzar a Colombia a volver al redil del paradigma militarista.

Gustavo Petro ha emprendido, quizás, el experimento más audaz en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Al desplazar el enfoque de la fumigación y la confrontación armada en el campo hacia la inteligencia financiera y la cooperación regional, ha logrado golpes tangibles contra las estructuras criminales, como lo demuestran las cifras récord de incautaciones y desarticulaciones.

Sin embargo, su gobierno debe combatir una economía ilegal de escala macroeconómica y unos actores criminales más sofisticados y unidos que nunca. Externamente, se enfrenta a la abierta hostilidad de una superpotencia que percibe su enfoque soberano como una afrenta y una amenaza a sus intereses geopolíticos.

La instrumentalización de la narrativa de la "guerra contra las drogas" por parte de Trump es un recordatorio de que, para el poder imperial, el objetivo real nunca ha sido la eliminación de las drogas, sino el mantenimiento de su influencia. El éxito o fracaso de la apuesta de Petro no solo definirá el futuro de Colombia, sino que servirá como un precedente crucial para toda América Latina en su lucha por definir sus propias soluciones, libres de intervenciones foráneas disfrazadas de ayuda.