Hablar hoy de las operaciones de bandera falsa —el uso de acciones encubiertas para construir un pretexto de agresión o legitimar políticas de fuerza— es hablar de una lógica estructural de la política exterior estadounidense. Detrás de cada "crisis humanitaria", "amenaza regional" o "lucha contra el narcotráfico" ha operado una arquitectura interagencial donde confluyen la CIA, el Pentágono, la NSA y el aparato diplomático, según el ciclo histórico que se examine.

Esa continuidad explica por qué el tema vuelve al centro del debate justo ahora, cuando Venezuela figura nuevamente como objetivo estratégico en una región bajo presión militar y mediática.

Examinar los antecedentes documentados de las operaciones de bandera falsa permite comprender la racionalidad detrás de la amenaza, identificar los mecanismos de fabricación del enemigo y ubicar la actual ofensiva en su verdadera dimensión geopolítica.

1962 — Operación Northwoods

En 1962, en pleno auge de la Guerra Fría, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos aprobó un plan secreto llamado Operación Northwoods, destinado a justificar una intervención militar directa contra Cuba. El documento, desclasificado décadas después, reveló que los jefes militares propusieron ejecutar actos terroristas bajo bandera falsa, incluidos ataques a objetivos civiles y militares estadounidenses, para atribuirlos al gobierno de Fidel Castro y crear así las condiciones políticas y mediáticas de una guerra.

El plan detallaba una serie de acciones encubiertas de alto impacto: sabotajes en bases aéreas, hundimiento de embarcaciones con migrantes cubanos, simulación de secuestros de aviones comerciales y hasta la posibilidad de provocar incidentes en territorio estadounidense. Todo sería acompañado de una campaña mediática cuidadosamente diseñada para presentar a Cuba como agresora. Según el memorando original, "la opinión pública y la comunidad internacional deben ser convencidas de la hostilidad del régimen cubano".

La operación fue promovida por el general Lyman Lemnitzer, jefe del Estado Mayor Conjunto, y contó con el respaldo del entonces director de la CIA, Allen Dulles, artífices de la lógica de "acciones encubiertas plausibles" desarrollada desde los años cincuenta.

Northwoods formaba parte de una estrategia más amplia de guerra encubierta contra Cuba, la Operación Mangosta, autorizada oficialmente en noviembre de 1961 y ejecutada por la CIA bajo la dirección del general Edward Lansdale, que incluyó sabotajes, campañas psicológicas y planes de asesinato contra Fidel Castro.

1964 — Golfo de Tonkín

El incidente del Golfo de Tonkín, ocurrido en agosto de 1964, marcó el punto de inflexión que llevó a Estados Unidos a una guerra abierta contra Vietnam. Según la versión oficial, los destructores estadounidenses USS Maddox y USS Turner Joy habrían sido atacados por torpederas norvietnamitas en aguas internacionales. La administración de Lyndon B. Johnson presentó el hecho como una agresión no provocada y obtuvo del Congreso una resolución que le otorgaba "autoridad para tomar todas las medidas necesarias" en defensa de las fuerzas estadounidenses. Aquella autorización se tradujo en la legalización política de la guerra de Vietnam, una de las más largas y devastadoras del siglo XX.

Sin embargo, los documentos desclasificados décadas después y los propios testimonios de militares estadounidenses demostraron que el segundo ataque nunca ocurrió. El Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) manipularon las comunicaciones interceptadas, mientras el presidente Johnson y su secretario de Defensa, Robert McNamara, distorsionaban deliberadamente los informes para fabricar la apariencia de una agresión norvietnamita. Como reveló la investigación del historiador de la NSA Robert J. Hanyok, el gobierno "seleccionó cuidadosamente las pruebas para construir una narrativa favorable a la escalada militar", ignorando los reportes que indicaban que no había ocurrido ningún ataque real.

La Resolución del Golfo de Tonkín se aprobó en el Congreso con apenas dos votos en contra y otorgó al Ejecutivo la facultad de intervenir en Vietnam sin una declaración formal de guerra. Fue el ejemplo paradigmático de cómo una falsificación de inteligencia podía transformarse en mandato político, repitiendo la lógica de la Operación Northwoods: fabricar una amenaza para justificar una acción bélica predefinida. "Estamos iniciando una guerra bajo falsas premisas", reconoció el comandante James Stockdale, uno de los pilotos presentes en el incidente.

1986 — Irán–Contra

A mediados de los años ochenta, mientras América Central ardía bajo el fuego de las guerras subsidiadas por Washington, el gobierno de Estados Unidos operaba una de sus tramas encubiertas más sofisticadas y controversiales.

Lo que luego sería conocido como el caso Irán–Contra reveló un sistema clandestino de financiamiento y tráfico de armas diseñado desde el Consejo de Seguridad Nacional y coordinado con la CIA. Su propósito era sostener a los Contras nicaragüenses, una fuerza paramilitar creada para derrocar al gobierno sandinista, pese a la prohibición expresa del Congreso estadounidense.

El mecanismo era doble. Por un lado, se vendían armas a Irán —país oficialmente enemigo y bajo embargo—, y por otro, los fondos de esas ventas se desviaban hacia la guerra encubierta en Nicaragua. En el centro de la operación se encontraba el coronel Oliver North, asesor de la Casa Blanca, quien articuló una red paralela de inteligencia, empresas fachada y cuentas secretas en Suiza. Las conexiones se mantuvieron en la sombra hasta que, en noviembre de 1986, un avión de carga utilizado para transportar armamento fue derribado sobre territorio nicaragüense. El único sobreviviente, Eugene Hasenfus, admitió que trabajaba para una estructura vinculada a la CIA, lo que forzó a la administración Reagan a reconocer parte de la trama.

Las investigaciones que siguieron destaparon algo aún más profundo: la existencia de canales financieros y logísticos vinculados al narcotráfico. Reportes del San Jose Mercury News en los noventa, basados en la investigación del periodista Gary Webb, mostraron cómo la CIA permitió que redes de traficantes nicaragüenses introdujeran cocaína en Estados Unidos a cambio de fondos para la guerra.

Ese vínculo entre inteligencia, economía ilícita y desestabilización política reaparece hoy bajo nuevos nombres, con la renovada "guerra contra las drogas" de Donald Trump en el Caribe, en cuyo marco se reactivaron operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela.

2001 — Alec Station y el 11-S

En los días que precedieron a los atentados del 11 de septiembre, el sistema de inteligencia estadounidense ya operaba bajo una lógica de secreto interno y manipulación operativa que caracterizaría las décadas siguientes. Según la investigación del periodista Kit Klarenberg, un expediente judicial desclasificado revela que al menos dos de los secuestradores habían sido reclutados en una operación conjunta de la CIA y la inteligencia saudí, dirigida desde la unidad especial Alec Station, creada para seguir a Osama bin Laden.

Esta estación, según detalla Klarenberg, impuso una estructura de compartimentación que impidió al FBI acceder a información crucial, incluso cuando ya se sabía que ambos saudíes habían ingresado a Estados Unidos. Los agentes del Buró asignados a la unidad fueron advertidos de no compartir datos ni abrir investigaciones sin autorización de la CIA. Uno de ellos llegó a escribir, semanas antes de los atentados, que "alguien va a morir" si no se actuaba. La advertencia se cumplió el 11 de septiembre, cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono.

El expediente citado por Klarenberg recoge testimonios que describen irregularidades estructurales dentro de Alec Station: analistas que operaban con seudónimos, órdenes transmitidas fuera de protocolo y la intervención de Omar al-Bayoumi, un supuesto funcionario saudí que habría actuado como enlace entre los secuestradores y la CIA.

Pese a ello, ninguno de los responsables fue sancionado; al contrario, varios como Richard Blee y Alfreda Frances Bikowsky fueron promovidos dentro del aparato de seguridad y participaron luego en los programas de tortura de la "guerra contra el terrorismo".

2013 — Siria: el gas sarín y la ingeniería de una intervención

El episodio de Guta Oriental marcó uno de los momentos más reveladores sobre cómo la inteligencia estadounidense puede fabricar el consenso para una guerra. En cuestión de días, los principales medios de comunicación, citando fuentes oficiales, acusaron al gobierno sirio de haber gaseado a su propia población. La narrativa fue inmediata, contundente y funcional a los planes de intervención. Pero, detrás de esa inmediatez, las pruebas eran inconsistentes, y los informes de inteligencia mostraban contradicciones evidentes sobre el origen del ataque.  

Los reportes desclasificados mostraron que la NSA no detectó comunicaciones que vincularan al mando militar sirio con el uso de armas químicas, y que la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) no registró movimiento alguno en los depósitos donde se almacenaban los agentes nerviosos del ejército. Aun así, la Casa Blanca reordenó la información para simular una respuesta "en tiempo real", mientras la CIA filtraba versiones adaptadas a los medios sobre la supuesta responsabilidad del gobierno sirio.

Fuentes internas revelaron que la comunidad de inteligencia estadounidense ya había advertido meses antes que grupos como el Frente al-Nusra habían desarrollado la capacidad de fabricar gas sarín con asistencia externa, en operaciones monitoreadas por la CIA y la inteligencia saudí. Sin embargo, esa información fue excluida de los informes presentados al Congreso y a la ONU. En paralelo, la manipulación del material audiovisual utilizado como prueba mostró indicios de montaje: escenas repetidas, cuerpos movidos entre locaciones y videos difundidos por cuentas ligadas a redes de propaganda occidental. Todo esto formó parte de una operación de bandera falsa que sirvió para justificar la intervención bajo un argumento "humanitario".

La vigencia del método

Lo curioso de la coyuntura actual con las operaciones encubiertas que marcaron el siglo XX y comienzos del XXI es que lo que en otros tiempos se negaba, se destruía o se clasificaba durante décadas, hoy se declara a la vista del mundo con una naturalidad inquietante.

La lógica del "encubrimiento" ha sido absorbida por el propio sistema político y convertida en gesto de fuerza, en demostración de control. Es la institucionalización del secreto, que no necesita disimularse porque la impunidad ya está garantizada.

Desde esa perspectiva, las operaciones en el Caribe y la reactivación de estructuras de inteligencia sobre Venezuela repiten un patrón conocido, pero con un matiz nuevo: la transparencia del cinismo. Se invoca la lucha contra las drogas o el terrorismo como fachada, mientras se normaliza el uso de la CIA para modelar escenarios internos, manipular percepciones y preparar el terreno para una agresión más amplia. Es la misma ingeniería política aplicada en otros contextos, pero ahora sin la necesidad de negar su existencia.