La reciente aprobación en primera discusión de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico por parte de la Asamblea Nacional marca un punto de inflexión en la gestión de los servicios públicos en Venezuela. Esta iniciativa legal representa la cristalización de una nueva doctrina de supervivencia, blindaje y expansión energética frente a las medidas coercitivas unilaterales. La propuesta legislativa contempla la apertura a la inversión nacional e internacional, la diversificación mediante fuentes alternativas y una descentralización profunda del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Sin embargo, como apuntamos en un artículo anterior, la viabilidad de esta reconfiguración estructural depende de la comprensión del escenario de guerra asimétrica que ha condicionado el metabolismo industrial del país durante la última década.

Al bloqueo tecnológico y financiero internacional le acompañó de manera coordinada una fuerza de desgaste operativo directo en el terreno. Los sectores extremistas de la oposición venezolana instrumentalizaron una estrategia de "doble vía": mientras sostenían una fachada de participación discursiva e institucional, activaban en paralelo células operativas, sabotajes técnicos y alianzas con el crimen organizado para lesionar la infraestructura vital del país.

Si las medidas coercitivas le quitaron al país los ojos digitales y los componentes originales, el sabotaje interno se encargó de golpear los nodos de distribución y transmisión más vulnerables.

Sabotaje a los nodos de transmisión y distribución

Un análisis de los ataques entre 2013 y 2019 demuestra que estos respondieron a operaciones minuciosamente planificadas contra las principales arterias de transmisión del país.

El objetivo predilecto de esta campaña de desgaste fue la Línea de Transmisión 765, el canal principal que conecta la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) con el centro del país. Este corredor estratégico es el encargado de transportar la energía que abastece a más del 60% del consumo de la población.

En septiembre de 2013, una acción provocada derribó una malla de protección sobre la subestación de San Gerónimo (Guárico). En la operación se golpeó el punto exacto donde la línea se bifurca en dos ramales, anulando instantáneamente los sistemas de redundancia de la red.

Bajo condiciones normales, el segundo ramal estaba diseñado para absorber hasta el 90% de la carga ante cualquier contingencia. Sin embargo, el sabotaje generó un efecto rebote que desestabilizó ambas líneas de forma simultánea. Como lo señalaron los expertos técnicos de la época, tal nivel de efectividad solo pudo lograrse mediante complicidad interna o el acceso directo a los planos de vulnerabilidad de la red troncal.

Este patrón operativo se repitió el 2 de diciembre de ese mismo año, en vísperas de los comicios municipales.

Posteriormente, entre 2014 y 2018, la estrategia mutó hacia una campaña de asedio simultáneo contra las subestaciones locales de distribución periférica. El fin de esta táctica era fragmentar la estabilidad regional de la red y saturar la capacidad de respuesta de las cuadrillas de Corpoelec.

En Caracas, un artefacto explosivo provocó un incendio de gran magnitud en la subestación Boyacá, encargada de surtir de energía a la mitad de la capital. La recuperación de esta infraestructura crítica requirió desviar más de 35 millones de dólares que estaban destinados a los planes ordinarios de mantenimiento y expansión del servicio.

En febrero de 2018, la subestación Santa Teresa III (Miranda) sufrió dos atentados mayores en menos de ocho días. Células operativas cortaron el sistema de aterramiento de los transformadores, desatando explosiones consecutivas que dejaron a oscuras a los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital.

Ese mismo mes, el occidente del país experimentó un ataque sincronizado. La explosión inducida de un condensador en la subestación La Arenosa (Yaracuy) provocó la caída en cascada del servicio en 11 estados. De forma simultánea, se registraron incendios intencionales en los cuartos de control de las subestaciones La Concepción, Cabimas y Los Robles en el estado Zulia.

Esta escalada de agresiones fisicas y mecánicas sirvió como el preámbulo operativo para el punto de inflexión de esta guerra: el mega-apagón de marzo de 2019. En este evento, la agresión física en el terreno se combinó con una ofensiva cibernética y electrónica contra el cerebro informático del país.

Aprovechando que el Sistema de Control Automatizado (SCA) y las interfaces de software SCADA del Guri se encontraban desprovistas de actualizaciones de ciberseguridad industrial debido al bloqueo de la empresa ABB, agentes externos atacaron las plataformas de control. La invasión electrónica dejó las pantallas de los operadores completamente en negro.

Al verse forzados a levantar el sistema troncal mediante protocolos manuales, la red quedó temporalmente ciega y expuesta. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando se activaron sabotajes físicos secundarios en plantas de respaldo como Tacoa (La Guaira) y transformadores de Baruta y El Hatillo (Caracas), con el objetivo de provocar un colapso irreversible de la transmisión nacional.

La tenaza contra los sistemas de refinación, gas y conectividad digital

La estrategia de sabotaje aplicó mecanismos de acupuntura destructiva sobre otras infraestructuras críticas, buscando paralizar de forma transversal el transporte, el suministro hídrico y las telecomunicaciones para acelerar el colapso del metabolismo industrial de la nación.

Un antecedente directo de este efecto multiplicador ocurrió en febrero de 2018, cuando los atentados contra la subestación Santa Teresa III inhabilitaron los sistemas de bombeo Tuy I, II y III de Hidrocapital. Esta maniobra interrumpió de golpe el suministro de agua potable en toda la Gran Caracas. Paralelamente, se ejecutaron ataques con sustancias químicas en estaciones de alto flujo del Metro de Caracas (Plaza Venezuela y Capuchinos) y se colocaron cabillas en la ferrovía Caracas-Cúa para intentar descarrilar el sistema ferroviario.

La ofensiva también se trasladó hacia el estrangulamiento de la matriz refinadora y gasífera de PDVSA. El 4 de julio de 2022, coincidiendo con los primeros indicios de recuperación del PIB nacional, una falla eléctrica inducida detuvo las operaciones de la planta destiladora y de la unidad de craqueo catalítico (FCC) de la refinería de Amuay, nodo que producía en ese momento el 80% de la gasolina de consumo interno.

Solo trece días después, el 17 de julio de 2022, se ejecutó un atentado terrorista contra el gasoducto de inyección en El Tejero (Monagas). Las investigaciones de campo de los cuerpos de seguridad detectaron campamentos clandestinos aledaños y el desmontaje técnico de los espárragos de las bridas, una operación planificada para forzar una fuga masiva de gas y detonar la estación de operaciones.

De forma simultánea, el asedio técnico apuntó al cerebro de las telecomunicaciones estatales. En Flor Amarillo (Carabobo), un ataque perpetrado con potentes acelerantes químicos destruyó siete galpones centrales de CANTV y Movilnet. La quema intencional de estos componentes tecnológicos generó una pérdida patrimonial superior a los 275 millones de dólares en material estratégico de conectividad.

Esta agresión industrial se complementó con cortes dobles deliberados sobre los enlaces de fibra óptica en el estado Falcón. El objetivo material de estas acciones era degradar el servicio de internet de Banda Ancha (ABA) a escala nacional para obstaculizar el funcionamiento de las plataformas bancarias, los sistemas de pago electrónico y la actividad comercial rutinaria del país.

La doctrina de la desestabilización híbrida

El sabotaje operativo consolida una estrategia híbrida donde los factores políticos beligerantes han delegado las acciones de fuerza en el crimen organizado. Esta táctica instrumentalizó el daño material a las infraestructuras públicas para presionar en períodos de alta tensión institucional.

Durante el primer semestre de 2024, las investigaciones estatales desarticularon un plan de guerra eléctrica diseñado específicamente para perturbar la paz social antes de los comicios presidenciales del 28 de julio. Células delictivas tarifadas ejecutaron ataques localizados contra instalaciones del SEN en los estados Nueva Esparta, Guárico y Zulia, enfocándose en zonas de alta base política del chavismo para inducir un clima artificial de frustración y descontento masivo.

A la par de la ofensiva energética, la agresión se extendió hacia los sistemas de conectividad terrestre. Fue develado un atentado de alta complejidad contra la estructura del Puente Angostura, la arteria vial que une a los estados Anzoátegui y Bolívar. El sabotaje consistía en cortes quirúrgicos sobre las guayas tensoras que sostienen el puente, buscando provocar un colapso catastrófico para cortar el suministro de bienes y la comunicación con el sur de la República.

Este ciclo destructivo alcanzó su máxima expresión operativa en el contexto post-electoral del 28J, donde el asalto técnico se combinó abiertamente con bandas armadas para sostener la matriz del "fraude". El viernes 26 de julio, apenas dos días antes de las elecciones, los cuerpos de seguridad capturaron en Ureña (Táchira) a una célula armada procedente de Norte de Santander (Colombia) equipada con el instrumental técnico y material explosivo necesario para dinamitar la subestación eléctrica fronteriza.

Tras el fracaso de esa maniobra, el extremismo activó de forma encubierta a bandas delictivas transnacionales (como el Tren del Llano en Guárico) y a redes de pranes en las parroquias periféricas de Caracas para intentar forzar paros de transporte mediante la violencia armada. El objetivo último de esta articulación criminal era generar focos de anarquía callejera que sirvieran de cobertura al sabotaje de gran escala perpetrado el 30 de agosto de 2024.

De la agresión al blindaje de la infraestructura crítica

El apagón nacional de esa fecha constituyó una operación fáctica de asalto técnico orientada a neutralizar la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. A diferencia del evento de 2019, la acción de 2024 se ejecutó como un sabotaje focalizado de alta intensidad contra los sistemas de transmisión del patio de generación del Guri, interrumpiendo el flujo eléctrico en casi la totalidad del territorio venezolano desde la madrugada hasta avanzadas horas de la tarde.

La mitigación de la durabilidad del evento (que no logró prolongarse durante días) obedeció a la instalación previa de sistemas físicos de contención y redundancia técnica desarrollados tras las contingencias de la última década. La activación paralela del denominado "Plan Centella" por parte del Ejecutivo operó como un dispositivo de movilización logística y de transporte para neutralizar de forma inmediata los puntos de parálisis y los focos de agitación armada interna que acompañaron a este momento, inscrito en el intento de operación destituyente.

El debate de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico se justifica plenamente en esta acumulación de agresiones históricas y materiales. El Estado, lejos de administrar un servicio público en un escenario ordinario, más bien se ha tenido que enfocar en proteger una infraestructura crítica bajo una guerra combinada de baja intensidad, donde las medidas coercitivas unilaterales y el sabotaje material operan como una tenaza de asfixia.

Así, se hace indispensable abordar la crisis eléctrica desde su innegable raíz política.