El pasado 20 de octubre, The Washington Post publicó un artículo titulado "Funcionarios y residentes locales desmienten las afirmaciones de Trump sobre barcos con drogas de Venezuela", en el que se reconoció abiertamente que los recientes ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones venezolanas en el Caribe no respondían a una operación antinarcótica convencional, sino a una estrategia más amplia de presión contra el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro.

El medio reconoce que "es poco probable que los ataques militares reduzcan las muertes por sobredosis en Estados Unidos" y afirmó que los funcionarios de la administración Trump "profesan una creencia casi inquebrantable de que Maduro será depuesto o se dará cuenta de que necesita exiliarse".

Un día después, Axios profundizó en esa misma línea y reveló que la Casa Blanca había ordenado una expansión de los ataques contra blancos venezolanos bajo el pretexto de "interrumpir rutas de narcotráfico", pero da por hecho el "doble objetivo" de detener las drogas y, potencialmente, derrocar a Maduro.

Estas revelaciones no son ajenas al modus operandi de Washington. En septiembre pasado, cuando Trump fue interrogado sobre si buscaba un cambio de régimen en Venezuela, respondió que era "una pregunta ridícula de responder". Sin embargo, lo publicado por los medios referidos demuestra que esa negación forma parte de una estrategia de desinformación típica en operaciones de guerra híbrida.

Operaciones encubiertas, manipulación y fake news como armas de guerra

El uso de narrativas falsas para justificar intervenciones no es nuevo en la historia de Estados Unidos en Venezuela. The New York Times publicó una investigación sobre el aumento de la presencia militar estadounidense en Colombia y el Caribe, revelando que "el despliegue clandestino de fuerzas de élite de Operaciones Especiales sugiere que podrían estar preparándose ataques o incursiones de comandos dentro de Venezuela".

Desde los años 80 se habla del supuesto Cartel de los Soles, pero en la última década se han fabricado "confesiones" de supuestos narcotraficantes venezolanos, que luego han sido difundidas por medios colombianos y estadounidenses como "pruebas" del narcotráfico en el chavismo. 

Funcionarios estadounidenses alegan que el presidente Maduro es líder de narcoterroristas, citando una acusación en su contra emitida durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba  al respecto, y el Consejo Nacional de Inteligencia publicó una evaluación que afirma que el gobierno venezolano no lidera la banda del Tren de Aragua, como afirman funcionarios de la administración.

Por su parte, la mediática global deja correr un rumor, lo posiciona y luego "rectifica" para rescatar su prestigio perdido en las empresas bélicas de la corporatocracia estadounidense. Este tipo de manipulación tiene antecedentes como el de abril de 2002, cuando el mismo The New York Times publicó una investigación que demostró que los disparos contra manifestantes opositores al presidente Chávez durante el golpe de Estado de ese año fueron ejecutados por francotiradores alineados con la oposición, no por fuerzas leales al gobierno. La versión "oficial", sin embargo, había sido difundida por medios como CNN en Español y El Nacional, que acusaron al gobierno de "masacrar a su propio pueblo".

Esta técnica de la bandera falsa fue replicada en 2019 con la quema de camiones de "ayuda humanitaria" en la frontera colombiana. The New York Times –otra vez– publicó un análisis forense que demostró que los camiones fueron incendiados por manifestantes opositores, no por la Guardia Nacional Bolivariana, como había denunciado Juan Guaidó y el gobierno de Donald Trump.

En 2025, la narrativa del fentanilo ha sido la nueva carta de presentación. Entre enero y septiembre de este año, el Departamento de Estado ha insistido en vincular a Venezuela con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, a pesar de que la DEA reconoce internamente que el 97 % de esa droga ingresa por México y que no existe evidencia de laboratorios en territorio venezolano. El senador estadounidense Rand Paul reconoció recientemente en una entrevista que en Venezuela no se produce fentanilo, dejando en entredicho los falsos señalamientos del presidente Donald Trump.

La amenaza contra Venezuela y los quiebres blandos en Estados Unidos

El jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, presentó su renuncia tras haber expresado su preocupación por la misión y los ataques a los supuestos barcos de la droga. La raíz del conflicto parece centrarse en preocupaciones legales estructurales, dado que tanto Holsey como abogados estadounidenses dentro del propio Departamento de Guerra han alertado sobre serias dudas legales con respecto a los ataques que se están llevando a cabo en el mar Caribe.

En el Congreso, los senadores demócratas Adam Schiff, de California, y Tim Kaine, de Virginia, han presentado una enmienda para limitar los poderes de guerra del presidente tras los bombardeos de octubre, aunque en el pasado han firmado leyes contra Venezuela. En un comunicado, Schiff advirtió: "...hacer estallar barcos sin justificación legal corre el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a otra guerra y provocar hostilidades injustificadas contra nuestros propios ciudadanos". Varios legisladores y analistas temen que Trump esté repitiendo la jugada de la invasión a Irak en 2003, esta vez con Caracas como blanco.

Dentro del Partido Demócrata hay división; mientras los líderes callan, otros insisten en evitar otro conflicto. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, lideran la resistencia contra Trump, pero no han mencionado a Venezuela ni una sola vez en sus publicaciones en redes sociales ni en sus comunicados de prensa.

Los medios principales, como The New York Times y The Washington Post, hacen seguimiento a las declaraciones y acciones de funcionarios estadounidenses "filtrando" información, pero en el fondo esto obedece al juego interno de una sociedad que requiere culpables ante su crisis estructural y esa es la labor de estos medios. Uno apoyó intentos previos de cambio de régimen en 2019 y el otro, que se lamentaba por la posibilidad de que las amenazas de Trump "convirtieran en una espiral bélica", dice a sus lectores que la "visión económica" de Machado "podría triplicar el producto interno bruto del país en 15 años aprovechando sus vastos recursos" y "serviría mejor" a los "intereses económicos estadounidenses" que el actual gobierno de Maduro.

El Post, periódico propiedad de Jeff Bezos, ha dicho en su editorial que espera que Machado "algún día llegue a liderar el país que tan valientemente lucha por salvar". No especifica el mecanismo, pero queda claro, dado el contexto actual y la escalada hacia un ataque directo de Estados Unidos.

La política interna estadounidense podría actuar como freno debido a que las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a una acción militar para derrocar al gobierno venezolano, y una mayoría aún mayor rechaza la idea de una invasión a gran escala.

El petróleo como botín definitivo

La obsesión por el petróleo venezolano ha sido constante desde, al menos, 2002, cuando el gobierno de George W. Bush apoyó el fallido golpe contra el comandante Hugo Chávez, y la Casa Blanca ha presionado a la oposición venezolana para que, en caso de tomar el poder, entregue concesiones petroleras a empresas estadounidenses. 

En 2023, Trump declaró en un mitin: "Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella; habríamos conseguido todo ese petróleo; habría estado justo al lado". Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de su primera administración, John Bolton, afirmó claramente al comienzo del intento de golpe de Estado en enero de 2019, en una entrevista en Fox News, que Washington y las corporaciones estadounidenses querían sacar provecho del petróleo de Venezuela.

En este escenario, la "guerra contra las drogas" no es más que una fachada conveniente. Como ha ocurrido en Colombia, México o Afganistán, la lucha antidrogas sirve como paraguas para operaciones de inteligencia, desestabilización política y reconfiguración de economías nacionales en beneficio del capital estadounidense. En Venezuela, el objetivo final sigue siendo el mismo desde hace más de dos décadas: derrocar a un gobierno que se niega a entregar su soberanía energética.