Unos 252 ciudadanos venezolanos que se encontraban secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), El Salvador, han retornado a Venezuela por gestiones del gobierno nacional.

Estas personas se encontraban retenidas desde el mes de marzo, como parte de un grave precedente en la región en la trata de personas al haber sido encarceladas en un tercer país bajo acuerdos entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su par salvadoreño Nayib Bukele.

El caso ha tenido repercusiones políticas muy importantes porque se ha constituido en una de las expresiones más cruentas de la política de migración y seguridad implementadas por el actual gobierno norteamericano.

Ahora, con el retorno de estos ciudadanos a Venezuela, es importante referir las diversas aristas que componen el importante caso, considerado como una victoria política y diplomática de Venezuela.

NEGOCIACIONES Y ACUERDOS

Según ha trascendido, desde hace meses se venía realizando un proceso de negociación entre los gobiernos de Washington y Caracas al respecto.

La liberación se realizó en simultáneo a la entrega de 10 ciudadanos estadounidenses, quienes estaban detenidos y procesados judicialmente en Venezuela por diversos crímenes tipificados en las leyes nacionales.

De igual manera, un número aun no determinado de personas asociadas con las oposiciones venezolanas habría sido excarcelado, al cambiar su situación por otras medidas administrativas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y negociador por la parte venezolana, declaró que el presidente salvadoreño no participó en las negociaciones. Rodríguez calificó a Bukele de "payaso" y "mandadero", y desestimó su rol como supuesto decisor en el caso.

En términos prácticos, Bukele ha ejecutado una política de carcelero a nombre del gobierno estadounidense. Tal como fue anunciado en su momento, el convenio en materia penitenciaria entre El Salvador y Estados Unidos ha implicado montos millonarios por la retención de ciudadanos de otras nacionalidades en el Cecot, lo cual ha creado un grave precedente de cara a las normas internacionales.

El proceso de negociación entre la Casa Blanca y Miraflores refiere la existencia de canales de comunicación directos y efectivos. Aunque ambos países no sostienen formalmente relaciones diplomáticas, es evidente que existen canales de discusión para abordar temas de interés mutuo bajo un estilo práctico.

Este proceso estaría transcurriendo desde la aparente disputa en la estrategia para las relaciones de la actual administración de Trump con el continente y las divergencias en las líneas de gestión por la cuestión venezolana, entre Richard Grenell y Marco Rubio.

El New York Times refirió que el enviado especial Richard Grenell habría participado por la parte estadounidense, mientras que el Secretario de Estado habría dado viabilidad a los acuerdos. Por su parte, el mismo presidente Nicolás Maduro confirmó que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, participó como factor mediador.

En una alocución pública el mandatario venezolano también agradeció las gestiones en este caso por parte del Papa León XIV y al cardenal salvadoreño Gregorio Chávez, así como al propio Donald Trump.

Ninguna de las partes involucradas en el caso ha referido algún nivel de participación de opositores venezolanos, como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia. Esto sugiere un distanciamiento de la administración Trump con estos elementos, al no ser tomados en cuenta como factores de consulta o influencia alguna, y por significar un obstáculo al reconocimiento tácito que Washington otorga al gobierno venezolano.

En efecto, al saberse la noticia del regreso de los venezolanos retenidos en el país centroamericano, Machado y González se pronunciaron con críticas veladas. Es necesario recordar que ambos avalaron la política migratoria de Trump y el envío de venezolanos a un tercer país, en un contexto de flagrantes violaciones a los derechos fundamentales.

Machado dio una entrevista en la que mencionó que "negociar con secuestradores es avalarlos", en referencia a Rodríguez Zapatero. Mientras que González publicó un comunicado en el que cuestionó el proceso como una "negociación de rehenes", pero refiriéndose solo al Estado venezolano como "secuestrador".

GRAN LOGRO DIPLOMÁTICO

La repatriación de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador refiere un importantísimo logro de la diplomacia venezolana, dadas las particularidades, el contexto y el significado del caso.

Al enviar personas bajo encarcelamiento hacia un tercer país de destino, el gobierno de Trump y el salvadoreño violaron de manera abierta la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

Lo grave de esta situación de conjunto es que el gobierno estadounidense contó con el aval de la mayoría de magistrados republicanos en la Corte Suprema, la cual lo autorizó a "deportar" ciudadanos hacia un tercer país, tal como es usual cuando Estados Unidos expulsa ciudadanos de diversas nacionalidades en su frontera sur con México.

Pero el caso de los 252 era inédito y estuvo siempre en un terreno muy gris, solo comparable a la situación de ciudadanos de Asia Occidental que durante años han sido confinados en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo, instalación militar estadounidense que usurpa territorio cubano.

Se trataba de personas, supuestamente responsables de delitos en Estados Unidos, denominados —sin pruebas— como integrantes de la banda Tren de Aragua, por lo cual recibían tratamiento como actores de una organización "terrorista".

Pero su traslado a El Salvador transcurrió en el contexto de la política migratoria de Trump, la cual empleó una Orden Ejecutiva que de manera automática dio condición "criminal" a cualquier inmigrante en situación irregular y creó de esta manera un marco ambiguo.

Entretanto, la situación de esos venezolanos fue catalogada como "secuestro" por parte del gobierno venezolano, dado que transcurrió al margen de toda legalidad.

Durante meses no se tuvo certeza de la lista definitiva de nombres de quienes estaban en el Cecot, pues su identidad se entregó oficialmente al gobierno venezolano únicamente dos días antes de la repatriación.

Por otro lado, investigaciones de medios estadounidenses como CBS y el New York Times concluyeron que muchos de los aparentes detenidos no habían sido formalmente procesados por algún tribunal estadounidense y que, en muchos casos, algunos enjuiciados por supuestos crímenes nunca recibieron veredictos.

Estas fuentes sugirieron en su momento que 75% de los detenidos nunca tuvo antecedentes penales en Venezuela ni en Estados Unidos, y que apenas unas seis personas entre los 252 habrían cometido algún delito grave, según la cadena CBS.

El New York Times, por su parte, aludió que solo 32 hombres (12%) de los 252 tenían acusaciones penales en su contra en Estados Unidos, pero no contaban con sentencias firmes ni pudieron defenderse en tribunales por su traslado a El Salvador; mientras que la organización de derechos humanos de ese país, Cristosal, afirmó que solo siete de los 252 tenían antecedentes criminales.

Al producirse la repatriación, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó que solo siete de los repatriados habían cometido algún delito grave en Venezuela en algún momento.

El grave problema de ambigüedad por la lista de nombres de los retenidos impidió que durante meses se tuviera una panorámica clara de la condición legal y antecedentes de estas personas.

Estos vacíos de información probablemente hayan sido deliberados ya que, al tratarse de personas que en su mayoría no tenía historial de actividades siquiera irregulares, ello contravendría las narrativas del gobierno de Trump, el cual estigmatizó a los secuestrados como parte de bandas criminales catalogadas de terroristas.

Otro grave problema era el jurisdiccional. A los detenidos venezolanos se les indicó en el Cecot que serían enjuiciados por tribunales y acorde con las leyes de ese país. A varios se les amenazó con sufrir penas de hasta 300 años de cárcel, sin haber cometido delitos en suelo salvadoreño. Estas personas tampoco recibieron ninguna asistencia legal que mediara su detención.

El conjunto de ámbitos difusos, situaciones ilegales y nuevos precedentes representaban un inmenso amasijo de obstáculos para la gestión diplomática venezolana a favor de la repatriación de sus connacionales.

Esta no sería nada fácil, considerando que el gobierno de Donald Trump ha demostrado un interés de discriminación y estigma directo hacia la población venezolana. Hace poco el ministro de Exteriores de Nigeria denunció que el gobierno estadounidense estaba presionando a países africanos, el suyo incluido, para recibir a deportados venezolanos.

Trump ha ejercido un gobierno cruel, intransigente y violador de las normas internacionales; además ha entrado en colisión con diversos tribunales e instituciones de su país, por lo cual va acumulando señalamientos graves por vulnerar los derechos de inmigrantes.

El caso de los 252 alcanzó importantes ámbitos de denuncia. Los gobiernos de Trump y Bukele fueron señalados o abordados desde diversas instancias, como la Asociación de Juristas de Estados Unidos, la Cruz Roja Internacional, parlamentarios del Partido Demócrata (Estados Unidos) y el Papa León XIV.

El gobierno venezolano, por su parte, denunció el caso ante el Sistema de Naciones Unidas articulando un conjunto de presiones públicas incrementales contra Bukele y Trump.

Sin embargo, el hito de las negociaciones transcurrió mediante mecanismos privados. Claramente, el gobierno estadounidense prefirió desistir de su estrategia incriminatoria y la retención ilegal de los venezolanos en El Salvador, a cambio de lograr una repatriación muy simbólica de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, lo cual creó un nuevo referente de las lógicas transaccionales en el estilo político de Trump.

Es muy importante resaltar que el significado de esta victoria diplomática va más allá de Venezuela, pues se crea un precedente con el potencial de proteger la situación de inmigrantes de otras nacionalidades, quienes podrían ser enviados en masa al Cecot salvadoreño.

Si bien no se avizora un fin del hostigamiento selectivo de Trump hacia la población venezolana e inmigrante en su país, el retorno de los 252 supone una inflexión y contiene la tendencia a la construcción de un sistema penitenciario antimigratorio de tipo internacional que exteriorice —exculpando a Estados Unidos— la violación de derechos humanos y el trato írrito a personas.

Jorge Rodríguez indicó que en tres oportunidades se había generado un acuerdo con Estados Unidos, pero que ellos cambiaron los términos. Este dato refiere un contexto de conversaciones difíciles.

Hasta ahora no han trascendido informaciones fidedignas sobre si hubo otros temas en discusión en esta negociación. Lo que sugiere la información disponible es que se trató de una discusión en condiciones muy asimétricas. Pero es notorio que Venezuela logró encuadrar su estrategia desde los inamovibles y dando importantes incentivos a la administración Trump para presentar el retorno de 10 ciudadanos como una victoria política.

Las divergencias entre Estados Unidos y Venezuela en esta materia seguramente van a continuar, considerando los problemas de conjunto.

Durante el fin de semana Venezuela recibió siete menores de edad que estaban en hogares de custodia de los servicios sociales estadounidenses. Se trata de niños y niñas que habían sido separados de sus padres y madres por parte de las autoridades de inmigración.

Según el gobierno venezolano, habría un grupo de 24 menores de edad que permanecen en esa misma situación en suelo norteamericano, una vez se vulneró la patria potestad a sus progenitores, quienes han sido detenidos y deportados.