Aunque la atención de los grandes medios está centrada en las posiciones y declaraciones de María Corina Machado y en el periplo de Edmundo González Urrutia, así como en los comunicados de los gobiernos que los apoyan, es ruidoso el silencio del resto de la dirigencia de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En diciembre pasado José Luis Cartaya renunció a su cargo como secretario general y militante del mencionado grupo, que sigue inscrito como Mesa de Unidad Democrática (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No abundaron mayores reacciones más allá de la coincidencia de dicha dimisión con la de Auristela Vásquez de Castillo, quien huye de la justicia venezolana y fungía como segunda vicepresidenta de la ficción autodenominada "Asamblea Nacional del 2015 (AN-2015)".

De cara a la juramentación del presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, la dirigencia opositora experimenta un tiempo de encrucijadas y diatribas que se hacen evidentes por los silencios y desmarques respecto a la agenda extremista y de cambio de régimen de María Corina Machado.

La agenda electoral de 2025 como encrucijada

Dirigentes políticos como Manuel Rosales, Henry Ramos Allup y Henrique Capriles se han mantenido al margen de las declaraciones de Machado, y no han convalidado sus peticiones de intervención militar ni llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a participar en sus planes golpistas.

En octubre pasado la Asamblea Nacional (AN) convocó a espacios de diálogo para la reforma de la legislación electoral, llamado al que respondieron 35 partidos de 38 que postularon candidaturas en las últimas presidenciales. La MUD, Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) estuvieron ausentes, lo que denota cierta "pausa estratégica" por parte de Rosales respecto al tema.

El contraste más claro y reciente entre Rosales y Machado se demostró en noviembre pasado, cuando el gobernador del estado Zulia declaró al diario La Verdad que "lo mejor es entender que ni que me aplasten ni que yo aplaste al otro, sino que busquemos una alternativa civilizada, democrática, donde nos respetemos todos y podamos avanzar".

En esa ocasión, el mandatario regional descartó abiertamente su apoyo a la intervención de fuerzas extranjeras para dirimir los asuntos internos venezolanos. También criticó que se privilegiaran "las aspiraciones o ambiciones de personas, de sectores o de grupos" por encima del país.

En cuanto a Ramos y Capriles, sus redes sociales y escasas declaraciones públicas privilegian denuncias contra la detención de personas durante la ola de violencia que desató Machado tras las elecciones del 28 de julio, asimismo reivindican un supuesto triunfo de González. Ninguno de los dos posee influencia sobre las tarjetas de sus partidos, mucho menos participan de iniciativas políticas en favor de su sector.

Sin embargo, la dirigencia opositora que está distanciada de Machado enfrenta el reto de reconocer o no la institucionalidad que ha ratificado el resultado de la elección presidencial. Así como el de acompañar, o no, los continuos llamados a la injerencia externa por parte del sector extremista.

El aparente desmarque de estos dirigentes pudiera tener que ver con la encrucijada que les presenta la agenda electoral de 2025. Durante este año se llevarán a cabo al menos tres procesos comiciales nacionales que renovarán autoridades regionales (gobernadores y consejos legislativos), autoridades municipales (alcaldes y concejos municipales) y el Poder Legislativo.

Otros procesos electorales están en la agenda, como una eventual reforma constitucional propuesta por el presidente Nicolás Maduro, así como unas seis consultas populares para impulsar proyectos comunitarios, juveniles y culturales.

El primer mandatario ha planteado que la reforma busque "establecer un consenso sobre la visión de una Venezuela pacífica y próspera que involucre a todos los ciudadanos, sin exclusión. Dejando de lado a los grupos extremistas y corruptos". Respecto a estos ha instado a que la justicia se encargue de ellos.

En este sentido, el desconocimiento a los poderes públicos descalificaría a dirigentes como Rosales, Capriles y Ramos Allup, entre otros, para aspirar a cargos públicos y participar en el ejercicio de la política nacional.

Diatriba y desmarque respecto a la AN-2015

En diciembre pasado Dinorah Figuera, quien juega el rol de presidenta de la AN-2015 y es militante de Primero Justicia (PJ), notificó la decisión de seguir sosteniendo dicho relato hasta superar los 10 años de duración. Esto ocurrió aunque al interior de la PUD parecía haber consenso respecto al cese de la supuesta vigencia de la AN-2015.

El 19 de diciembre, en una carta a quien figura como el jefe de Misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, Figuera informó que, en una "sesión secreta" realizada el 14 de diciembre, se aprobó la prórroga de la continuidad de esa instancia por un año más "para seguir luchando por el restablecimiento de la democracia".

Esto generó declaraciones en contra por parte de Rosales y Ramos Allup. El primero manifestó que coincide "con quienes consideran que ese ciclo debe cerrarse", mientras el adeco dijo que la gestión de ese parlamento "finalizó el 5 de enero de 2021 y, pese a todos los acosos, cumplió de la mejor manera posible". La reacción del extremismo opositor fue encabezada por el exdiputado de la Causa R, Andrés Velásquez, quien calificó de "infeliz declaración" lo expresado por Rosales.

El vicepresidente de Asuntos Políticos de PJ, Tomás Guanipa, también señaló en una entrevista que el ciclo de la AN-2015 ya no tiene sentido y pidió "buscar instrumentos útiles y reales para generar un cambio político en el país". Mientras Rafael Guzmán, del mismo "partido", dijo que la directiva se reunió el 16 de ese mes y Figuera no informó que hubiese ocurrido dicha sesión, como le corresponde según los estatutos de su organización. Agregó que "se enteró primero el embajador de Estados Unidos que nosotros en el partido".

El distanciamiento respecto al extremismo de Machado y a la permanencia de la AN-2015 pudiera responder a que la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de Venezuela, sancionada en noviembre pasado, establece inhabilitación política de manera permanente a personas naturales y jurídicas que soliciten y/o apoyen la imposición de sanciones extranjeras contra el país.

Esta ha sido la labor permanente de la "AN-2015", cuyos miembros son acusados de organizar y enriquecerse a partir del saqueo de activos venezolanos bloqueados en el extranjero. Por esto el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, denunció las maniobras de Figuera para mantener el control sobre estos bienes en acuerdo con Estados Unidos.

El parlamentario solicitó al fiscal general, Tarek William Saab, aplicar la mencionada ley para sancionar lo que corresponde "a la materia de inhabilitación política, ley de extinción de dominio y delitos de orden penal".

Es claro que el nuevo instrumento legal busca blindar a Venezuela contra la impunidad con la que operadores políticos han participado en actos injerencistas, conspiraciones y saqueo de activos. De alguna manera ha persuadido a estos dirigentes a encarrilar sus movimientos en favor de la institucionalidad y la resolución política de las diferencias ideológicas.

Mientras el sector que respalda a Machado mantiene su operación psicológica de desestabilización prometiendo que Edmundo se posesionará como "presidente", ni Capriles, ni Rosales ni Ramos se han manifestado al respecto, a diferencia de los tiempos del Plan Guaidó.

La encrucijada en la que se encuentran estos dirigentes es una razón más, entre tantas, para que la oposición permanezca dividida. No hacen falta declaraciones contundentes para evidenciar que están dejando a Machado en su laberinto de violencia y al entorno de Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó en su operación de saqueo y enriquecimiento.

Aunque no lo digan, todo pareciera indicar que en el horizonte de los dirigentes y partidos opositores que permanecen en Venezuela está la participación en las elecciones de gobernadores, alcaldes, parlamento y hasta en la misma Reforma Constitucional. Hay silencios que dicen más que mil palabras.