El extenso reportaje publicado por The American Prospect sobre el Tren de Aragua (TdA) ofrece una crónica donde, entre episodios de violencia urbana, acusaciones cruzadas y maniobras políticas, emerge un dato fundamental: la forma en que ciertos hechos delictivos son moldeados para alimentar narrativas geopolíticas que trascienden su origen local, evidenciando que detrás de este caso no hay únicamente pandillas o crímenes callejeros, sino una maquinaria mediática con fines políticos más amplios.

Aunque el texto no tiene una posición favorable hacia Venezuela, su propia documentación de hechos, actores y contextos permite entrever cómo el relato construido del TdA encaja en un patrón ya conocido: la fabricación de amenazas externas que, magnificadas por campañas mediáticas y discursos oficiales, legitiman políticas de agresión contra el país. Tal como ocurre con supuestos vínculos con el narcotráfico o con acusaciones de terrorismo, el TdA se convierte en excusa para justificar sanciones, operaciones irregulares y la criminalización de la diáspora venezolana en Estados Unidos.

Del suceso local al enemigo transnacional

El artículo de Maureen Tkacik toma como punto de partida un hecho específico —el video viral de un tiroteo en un complejo de apartamentos en Aurora, Colorado, y el testimonio de Cindy Romero— para mostrar cómo episodios aislados son absorbidos por una maquinaria mediática y política que los convierte en prueba de una amenaza existencial. En cuestión de días, Romero pasó de ser una vecina anónima a aparecer en programas nacionales, ser invitada a mítines políticos y utilizada como rostro visible de la supuesta "invasión" de pandillas venezolanas.

Pero ni este fue el primero ni mucho menos el único hecho delictivo amplificado mediáticamente para su uso político. Tkacik escribe:

"Lo que sí estuvo, en cambio, extremadamente bien organizado y coordinado fue el despliegue de relaciones públicas mediante el cual Tren de Aragua pasó de ser una obsesión arcana de aficionados al crimen organizado a una amenaza existencial para el estilo de vida estadounidense".

El caso Romero, entonces, es otro ejemplo ilustrativo de un proceso mayor: la creación intencional de un discurso donde delitos aislados se articulan como una "evidencia" que presenta a Venezuela y a los migrantes venezolanos como una amenaza transnacional. Firmas de lobby como Red Banyan, medios alineados con la derecha y actores políticos locales y nacionales actuaron de forma coordinada para que cada hecho alimentara la idea de un enemigo externo que justificara medidas excepcionales.

Detrás del caos: raíces económicas y políticas

Si algo deja claro el artículo de The American Prospect es que la supuesta "invasión" del TdA en ciudades como Aurora es, en realidad, el resultado de decisiones políticas, económicas y urbanas dentro de Estados Unidos, combinadas con las sanciones ilegales que Washington impuso a Venezuela.

Por un lado, la autora recuerda que en 2017 "la administración Trump comenzó a sancionar a los países que vendieron agentes de refinación de petróleo a Venezuela", lo que asfixió la economía venezolana, mientras que se alimentó una propaganda para incentivar la migración. No se trató, por tanto, de algo espontáneo: fue en buena medida consecuencia de una política deliberada de estrangulamiento económico que, paradójicamente, luego fue usada para criminalizar a los mismos migrantes que esas sanciones ayudaron a producir.

Por otro lado, el artículo detalla el colapso del mercado inmobiliario en EE.UU.: propietarios como CBZ comprando edificios baratos, desalojando a inquilinos, triplicando alquileres y luego abandonando las propiedades cuando la burbuja financiera estalló. "La burbuja multifamiliar se disparó hasta los 335 mil millones de dólares en 2021… pero cuando las tasas de interés empezaron a subir, los propietarios prácticamente desistieron de estos edificios", señala el texto. El resultado fue una cadena de edificios convertidos en "apartamentos zombi", donde la delincuencia común encontró terreno fértil, pero cuya existencia poco tiene que ver con Venezuela y mucho con la especulación inmobiliaria y la desregulación urbana en Estados Unidos.

A este panorama se superpuso una gestión migratoria errática, donde las ciudades santuario recibían oleadas de autobuses enviados por gobernadores hostiles como Greg Abbott, mientras los programas federales concedían permisos de trabajo a unos migrantes y dejaban a otros en la ilegalidad, alimentando tensiones y precariedad. Las autoridades locales, desbordadas y sin recursos, se limitaban a improvisar soluciones temporales, mientras los propietarios abandonaban edificios enteros a su suerte. El artículo describe que estas dinámicas convirtieron barrios completos en territorios grises, espacios sin ley donde la negligencia empresarial, el oportunismo político y la indiferencia institucional se combinaron para producir el caos que luego sería atribuido a las "pandillas venezolanas".

Red Banyan en la cruzada contra Venezuela

Detrás del despliegue mediático y político en torno al TdA operaron actores especializados en moldear la opinión pública. Uno de los más influyentes fue la firma Red Banyan, contratada por los propietarios de los complejos habitacionales donde se registraron algunos de los episodios atribuidos al TDA. Según detalla Maureen Tkacik, su estrategia consistió en presentar los hechos locales como parte de una amenaza transnacional, amplificando así la alarma pública y política.

Red Banyan está formada por veteranos del lobby proisraelí y de redes mediáticas de derecha en Estados Unidos. Su fundador, Evan Nierman, pasó más de siete años en el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, sus siglas en inglés), el grupo de presión más influyente en la política exterior estadounidense hacia Medio Oriente. Otros altos cargos de la firma provienen de la Liga Antidifamación, StandWithUs, la Fundación para la Defensa de las Democracias y la Coalición Judía Republicana, organizaciones con amplia experiencia en campañas de opinión pública sobre seguridad, terrorismo y política internacional.

Con este perfil, la firma no se limitó a denunciar las condiciones de los edificios de CBZ o a pedir seguridad para sus inquilinos. En sus comunicaciones con medios y autoridades, describía a los propietarios como víctimas de una invasión extranjera y a las ciudades como incapaces de controlar una "amenaza transnacional", instalando así la idea de que no se trataba de criminalidad común, sino de un enemigo externo vinculado a Venezuela.

Este marco discursivo fue rápidamente amplificado por políticos locales, medios conservadores y, como reconoce la autora, por figuras del extremismo opositor venezolano. María Corina Machado llegó a afirmar que Nicolás Maduro era "el líder del Tren de Aragua" y que había promovido la migración para facilitar una invasión criminal a Estados Unidos. Con esas palabras, la dirigente opositora avala una narrativa funcional a las sanciones, las deportaciones y las operaciones irregulares de Washington contra Venezuela.

Voces críticas y resistencia social

Aunque el artículo documenta con detalle la campaña mediática y política que convirtió al TdA en un enemigo transnacional, también recoge voces que cuestionan ese relato y que aportan perspectivas muy distintas sobre lo ocurrido en lugares como Aurora.

Una de ellas es Natasha Bar Shalom, activista por los derechos de las personas sin hogar en Denver, quien describe la precariedad en la que viven miles de personas —migrantes y estadounidenses por igual— en edificios abandonados y con servicios básicos colapsados. "El techo de mi baño se está derrumbando, me salen ratones del techo, mi perro está completamente cubierto de picaduras… El discurso es erróneo: los venezolanos no son pandilleros, son propietarios de barrios marginales", declaró en una audiencia del ayuntamiento, en un momento en que la opinión pública ya estaba saturada por titulares que hablaban de una invasión criminal.

Otras organizaciones comunitarias y grupos de defensa del derecho a la vivienda también cuestionaron la narrativa oficial. Denunciaron que la clausura de edificios como Edge at Lowry y Aspen Grove desplazó a cientos de familias sin resolver los problemas estructurales de vivienda y abandono urbano. Para muchos de estos activistas, el discurso sobre el TdA ocultaba la responsabilidad de las autoridades locales y de los grandes propietarios en el deterioro urbano.

Patrones que revelan la estrategia de Washington

Las narrativas sobre el TdA y el narcotráfico funcionan como ejes complementarios en una estrategia más amplia para criminalizar a Venezuela. A través de campañas mediáticas, declaraciones políticas y operaciones judiciales, se construye la imagen de un país convertido en amenaza hemisférica, lo que habilita sanciones económicas, deportaciones masivas y posibles acciones militares bajo el argumento de la seguridad regional.

Incluso un medio como el New York Times, lejos de simpatizar con Miraflores, revela cómo se fabrican estos pretextos. Tras el anuncio del gobierno estadounidense, que afirmó haber atacado una embarcación, acusándola de salir de Venezuela y de estar vinculada al narcotráfico, el diario cita a analistas que dicen que "el gobierno (estadounidense) podría utilizar el despliegue naval y el ataque al barco para justificar el uso de la ley… sobre todo si Venezuela toma represalias. ‘Entonces resulta plausible que digan: Ah, tenemos este conflicto en curso con Venezuela’", estableciendo el andamiaje retórico para habilitar decisiones más agresivas en el plano jurídico, migratorio y militar.

Desde la guerra contra las drogas hasta la campaña del TdA, el mismo patrón se repite con distintos nombres: construcción de enemigos, amplificación de crisis, creación de pretextos legales y despliegue de una política de asfixia contra un Estado que no se pliega a los intereses de Washington.