La nueva fase de audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) vuelve a poner la controversia sobre la Guayana Esequiba en el centro del debate internacional. La comparecencia de Venezuela en La Haya ocurre en medio de una posición sostenida durante décadas por el Estado venezolano: la disputa territorial existe, el Laudo Arbitral de París de 1899 carece de validez y el único mecanismo vigente para resolver la controversia sigue siendo el Acuerdo de Ginebra de 1966.

La delegación venezolana ha retificado que su presencia ante la Corte no implica reconocimiento de jurisdicción. Samuel Moncada, agente del país ante la CIJ, defendió la tesis histórica venezolana y cuestionó los intentos de trasladar la controversia desde el terreno de la negociación política hacia una resolución judicial promovida unilateralmente por Guyana. La posición venezolana también es expresión del mandato soberano respaldado en el referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023.

La disputa por el Esequibo involucra factores territoriales, energéticos y geopolíticos que han elevado el perfil internacional del caso en los últimos años, especialmente tras la expansión de proyectos petroleros impulsados por corporaciones extranjeras en la zona en reclamación.

Venezuela ratifica la defensa del Esequibo

La posición presentada por Venezuela ante la CIJ mantuvo la línea histórica sostenida por el país respecto a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. La delegación venezolana reiteró que la asistencia a las audiencias no modifica el criterio del Estado sobre la falta de jurisdicción del organismo para resolver el diferendo, cuya vía reconocida por Caracas continúa siendo la negociación política contemplada en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Durante la exposición venezolana en la primera jornada, Samuel Moncada sostuvo que Guyana intenta trasladar la controversia hacia un marco de interpretación distinto al establecido originalmente en el Acuerdo de Ginebra. El representante venezolano insistió en que dicho instrumento reconoce formalmente la existencia de una disputa territorial pendiente de resolución y obliga a ambas partes a buscar una solución práctica y mutuamente aceptable mediante conversaciones directas.

La argumentación venezolana también reivindicó la continuidad histórica de los derechos territoriales del país sobre la Guayana Esequiba. Moncada cuestionó nuevamente la Línea Schomburgk, presentada por Caracas como una delimitación artificial promovida por el Reino Unido durante el período colonial para expandir el control británico sobre territorio venezolano. En esa misma línea, la representación venezolana reiteró que el Laudo Arbitral de París de 1899 carece de legitimidad jurídica y política, tesis sostenida históricamente por el Estado venezolano y reforzada posteriormente por el Memorándum Mallet-Prevost.

Otro de los elementos centrales de la exposición venezolana fue la referencia al referéndum consultivo realizado el 3 de diciembre de 2023. La delegación presentó el resultado de esa consulta como una expresión de respaldo popular a la defensa del territorio Esequibo y a la preservación de los derechos soberanos de Venezuela sobre la zona en reclamación.

Judicialización internacional y disputa geopolítica

La controversia sobre la Guayana Esequiba ha adquirido una dimensión internacional más amplia desde que Guyana decidió llevar unilateralmente el caso ante la CIJ.  Esa decisión alteró el mecanismo previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo contenido establece que ambas partes deben alcanzar una solución mediante negociaciones directas y acuerdos mutuamente satisfactorios. Caracas ha insistido en que la controversia no puede reducirse a una interpretación estrictamente judicial debido a su carácter histórico y territorial.

El desarrollo del litigio también coincide con la creciente importancia estratégica del territorio en reclamación. En los últimos años, el descubrimiento y expansión de proyectos petroleros costa afuera modificó el perfil internacional del Esequibo y aumentó el interés de actores energéticos externos sobre la zona. Empresas como ExxonMobil han consolidado operaciones en áreas marítimas vinculadas a la controversia territorial, incorporando un componente económico y geopolítico al conflicto.

Parte de los argumentos expuestos por el abogado Edward Craven, del equipo defensor de Guyana, estuvieron dirigidos a señalar actuaciones internas de Venezuela relacionadas con legislación, representación cartográfica y decisiones administrativas vinculadas al territorio Esequibo. 

Este tipo de solicitudes excede el objeto original de la controversia territorial y avanza hacia ámbitos vinculados al ejercicio interno de la soberanía. La representación histórica del Esequibo en mapas venezolanos, así como las decisiones adoptadas por instituciones del Estado respecto al territorio reclamado, forman parte de una posición histórica sostenida durante décadas y respaldada por instrumentos constitucionales y políticos internos. La controversia no puede traducirse en mecanismos que impliquen condicionamientos sobre la manera en que Venezuela define administrativamente su reclamación histórica.

Cabe destacar que Craven es abogado del bufete británico Matrix Chambers, firma vinculada a litigios internacionales relacionados con arbitrajes inversionista-Estado y disputas sobre recursos estratégicos. Su trayectoria profesional incluye participación en procedimientos asociados al International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), mecanismo ampliamente utilizado en conflictos entre corporaciones transnacionales y Estados por activos energéticos, mineros y financieros. El perfil de este tipo de litigios adquiere relevancia por la presencia de ExxonMobil y otros intereses petroleros en áreas marítimas vinculadas a la controversia territorial.

La argumentación venezolana se apoya en el hecho de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoce expresamente la existencia de una controversia pendiente entre las partes. Sobre esa base, Caracas sostiene que la disputa continúa abierta y que ninguna instancia puede presentar el territorio como una cuestión definitivamente resuelta mientras no exista un acuerdo negociado entre Venezuela y Guyana. Esa interpretación rechaza la idea de que actos vinculados a su reclamación histórica constituyan automáticamente violaciones del derecho internacional o intentos de modificación unilateral de fronteras.

Soberanía histórica

La respuesta venezolana desarrollada en la CIJ se concentró en reforzar el carácter histórico y político del diferendo. Este 6 de mayo, Moncada sostuvo que Venezuela nunca ha renunciado a sus derechos sobre la Guayana Esequiba y cuestionó versiones históricas utilizadas para justificar la expansión británica sobre el territorio. Durante su exposición recordó que los asentamientos neerlandeses se ubicaban al este del río Esequibo y señaló que incluso el nombre del río proviene del conquistador español Juan de Esquivel, argumento empleado para reafirmar la presencia histórica española en la zona mucho antes de la ocupación británica.

Posteriormente, el jurista alemán Andreas Zimmermann desarrolló una interpretación del Acuerdo de Ginebra de 1966 centrada en su vigencia plena como único instrumento jurídico aplicable a la controversia. Zimmermann explicó que el acuerdo firmado entre Venezuela y el Reino Unido reconoció formalmente que existía una disputa territorial pendiente y estableció la obligación de alcanzar una solución práctica y mutuamente aceptable mediante negociaciones entre las partes. La exposición venezolana sostuvo que el acuerdo sustituyó el esquema derivado del Laudo Arbitral de 1899 por un nuevo marco jurídico construido precisamente para atender el conflicto territorial.

La intervención del abogado senegalés Makane Moïse Mbengue reforzó esa línea argumental al señalar que Guyana ha intentado desplazar el centro del debate fuera del Acuerdo de Ginebra. Mbengue insistió en que el tratado de 1966 surgió dentro del proceso de descolonización y que su objetivo fundamental consiste en alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes. También sostuvo que el acuerdo introdujo un nuevo marco jurídico destinado a reemplazar un esquema heredado de un arbitraje cuestionado históricamente por Venezuela.

Las exposiciones venezolanas desarrolladas en La Haya dejaron planteada una línea argumental consistente sobre el origen histórico de la controversia, la vigencia del Acuerdo de Ginebra y la dimensión geopolítica que rodea actualmente al Esequibo. Frente a una estrategia orientada a presentar el caso como un asunto cerrado desde 1899, la delegación venezolana insiste en la defensa del Esequibo  como una causa vinculada a la soberanía territorial, la memoria histórica y la capacidad de los Estados para resistir presiones externas asociadas a intereses energéticos y corporativos sobre recursos estratégicos.