El 30 de noviembre de 2025, apenas días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, Donald Trump anunció el indulto de Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.

La fiscalía había demostrado que, durante su gestión, Hernández utilizó el aparato estatal para proteger el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, convirtiendo a Honduras en lo que los fiscales denominaron un narcoestado. El indulto constituye el punto de partida de una trama de injerencia política de proporciones continentales, denominado Hondurasgate.

Hondurasgate: Detalles de la trama

Se trata de una investigación publicada por Diario Red América Latina y la plataforma Hondurasgate, basada en 37 audios filtrados de conversaciones por WhatsApp, Signal y Telegram, cuya autenticidad fue verificada mediante análisis forense con el software Phonexia Voice Inspector.

Allí se devela cómo el indulto habría sido financiado por sectores vinculados a Israel. En uno de los audios, atribuido a JOH, el expresidente afirma que el dinero de su liberación "salió de una junta de rabinos" y que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo "todo que ver" en la operación.

La trama revela una diplomacia paralela operada desde el entorno trumpista, con Roger Stone como lobbista clave. Además, los audios describen un plan para devolver a Hernández a la presidencia de Honduras, con el actual mandatario, Nasry Asfura, como figura de transición.

Las grabaciones revelan aspectos que trascienden las fronteras hondureñas, en la trama aparece JOH como un articulador de agendas que entrelazan oligarquías tecnológicas de Silicon Valley, confrontación contra China y estructuras criminales. Entre los elementos negociados figuran la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) —conocidas también como "Ciudades Modelo" y denunciadas como cesiones de soberanía—, la construcción de una nueva base militar estadounidense al estilo de Palmerola, un canal interoceánico y una legislación de inteligencia artificial a la medida de los intereses de empresas estadounidenses e israelíes.

Paralelamente, los audios documentan el presunto uso de fondos públicos hondureños y aportes del gobierno argentino de Javier Milei —estimados en 350.000 dólares— para financiar una "célula mediática" destinada a desprestigiar a gobiernos progresistas de la región, particularmente los de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia. En el material se escucha diciendo que Milei aportó recursos para "montar una oficina aquí, desde Estados Unidos, para atacar y extirpar el cáncer de la izquierda".

El silencio de los grandes medios corporativos frente a estas revelaciones resulta elocuente. Aunque la filtración cuenta con nombres, montos, amenazas y planes, ha sido sistemáticamente ignorada por las principales cadenas informativas latinoamericanas. La explicación no reside en la falta de evidencia, sino en la estructura de poder que regula la circulación de la información. Cuando los actores involucrados son el gobierno de Estados Unidos, sectores de Israel y grandes corporaciones tecnológicas, el escándalo político se convierte en silencio mediático.

Dominación hemisférica, coincidencias y certezas 

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) publicada por la administración Trump en 2025 articula una visión geopolítica donde la seguridad hemisférica se fusiona con intereses económicos y tecnológicos. El denominado "Escudo de las Américas" promete integrar recursos militares, de inteligencia y económicos bajo una lógica de disuasión selectiva que condiciona la cooperación al alineamiento ideológico con Washington. Sin embargo, como documentan los audios del Hondurasgate, esta estrategia posee un componente opaco donde la línea entre seguridad pública, intervención política y negocios privados se difumina.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, emerge como pivote de esta arquitectura. El cubanoamericano ha construido una carrera política promoviendo líderes latinoamericanos con historiales cuestionables —desde JOH hasta Daniel Noboa en Ecuador hasta Javier Milei en Argentina— bajo la retórica de la lucha contra el "narcoterrorismo", mientras ignora o legitima sus vínculos con estructuras criminales. Queda en el recuerdo cómo elogió públicamente a Hernández en 2018 por combatir el narcotráfico, apenas siete meses antes de que su hermano fuera indiciado por traficar 158 toneladas de cocaína.

Mientras la retórica oficial de Rubio condena la corrupción, en la práctica se ha indultado y se pretende reinstalar a un actor vinculado al crimen organizado para garantizar el control territorial y los intereses de las "Big Tech" en el metabolismo de datos y recursos.

La opacidad funciona como herramienta estratégica y se evidencia en los audios. Estos revelan que Hernández opera desde Estados Unidos y coordina acciones de lawfare contra opositores hondureños, esto incluye la destitución de magistrados electorales y amenazas de "cárcel o muerte" contra el consejero electoral Marlon Ochoa.

Todo ello, según las grabaciones, con el respaldo de "gente de Israel" y fondos enviados directamente por Hernández. Esta modalidad —intervención política mediante operadores locales, financiamiento opaco y desinformación mediática— reproduce patrones históricos documentados por investigadores como Peter Dale Scott y Greg Grandin, quienes señalan que la "guerra contra las drogas" ha servido recurrentemente como cobertura para operaciones de inteligencia y cambio de régimen.

La legislación de Inteligencia Artificial mencionada en los audios, por ejemplo, facilitaría el acceso de empresas estadounidenses e israelíes a datos sensibles y mercados emergentes, en línea con la competencia tecnológica global contra China. En este esquema, más que objetivos a combatir, las estructuras criminales fungirían como instrumentos de presión negociadora y control territorial.

Se abre la puerta de las dudas

El escándalo abre interrogantes sobre las rivalidades internas dentro del aparato estadounidense debido a que la comunidad de inteligencia estadounidense atraviesa una crisis sin precedentes, con purgas de funcionarios, destituciones en la NSA, DIA y FBI, restricción de informes que contradicen la línea oficial y una creciente politización de las agencias. En este contexto, la filtración de audios que comprometen directamente a Trump, Netanyahu y operadores regionales podría responder a disputas entre facciones de la inteligencia estadounidense. Algunas pudieran ver una línea roja en la alianza con actores cuestionados como Hernández, frente a las que priorizan la confrontación geopolítica con China y la influencia progresista en América Latina.

La pregunta central es quién filtró y con qué objetivo. Si los audios son auténticos —como sugieren los peritajes forenses—, su publicación podría buscar desarticular la trama antes de su consolidación, o alternativamente, exponer las contradicciones de una política exterior que públicamente combate el narcotráfico mientras privadamente indulta a sus principales beneficiarios.

Por otra parte, la rivalidad entre Rubio y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, por la sucesión del liderazgo republicano hacia 2028 añade una dimensión adicional dado que la disputa por el control de la política latinoamericana dentro del gobierno Trump podría estar generando filtraciones que debiliten al rival.

El Hondurasgate, además, evidencia que la confrontación contra China en la región es económica o militar, pero también incluye la eliminación de gobiernos que mantienen relaciones con Beijing. En los audios, Asfura comenta que "los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder", lo que revela cómo la restauración de JOH forma parte de una estrategia más amplia de control geopolítico.

Otra pregunta que queda es si las agencias estadounidenses, que tradicionalmente monitorean el crimen organizado, tolerarán que sus propias operaciones se confundan con los intereses de oligarcas tecnológicos y operadores políticos cuyo único capital es la violencia y la corrupción.

En todo caso, el escándalo evidencia cómo el sistema de poder en Washington, en alianza con actores internacionales como Israel y gobiernos satélites en la región, opera mediante mecanismos extralegales para sostener su hegemonía.